Para el diputado provincial, las empresas regionales están protegidas dentro de las Cláusulas del Convenio, pero le corresponde al Estado ser el contralor, para que se privilegie en toda licitación o renegociación del contrato a la pequeña y mediana empresa de Comodoro Rivadavia.Carlos Gómez sostuvo que “esto es lo que exigía el ex ministro Norberto Yauhar, que la provincia de alguna manera haga cumplir las cláusulas del convenio, donde se le da protección a la pequeña y mediana empresa”.
En declaraciones publicadas por el Diario de Madryn, dijo que si el convenio con PAE tiene que revisarse, que se revise porque se ha garantizado lo que ha surgido del convenio y los resultados se reflejan en la realidad y en lo que ha sucedido en los últimos cuatro años, “se revisa el convenio pero no nos olvidemos que la actividad se sostiene con 13 equipos perforadores que están funcionando, con 15 equipos de pulling en marcha y 24 equipos de terminación también funcionando, se garantiza la puesta en marcha de los equipos de exploración, se cumple con el programa de sísmica tanto en los yacimientos como costa afuera. Además se garantiza los 220 pozos perforados por año, los mil millones de dólares que se deben invertir por año y los 3 mil puestos de trabajo que hoy usufructúan en Sarmiento, los 17 mil puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, las 500 PYMES que hay en Comodoro se sostienen y se garantiza los actuales niveles de ingresos de los trabajadores que están en los yacimientos que son los petroleros convencionales, los jerárquicos, los de la UOCRA, los Dragones y los vigiladores”.
Gómez recordó que la renegociación con PAE tuvo como firme motivo asegurarle a los chubutenses, a las empresas, a los trabajadores y al Estado un importante futuro y mejoramiento en cuanto a las expectativas que teníamos en una primera etapa hasta el año 2017, que es cuando estaría venciendo la concesión que tiene actualmente Pan American.
“Cuando empezamos no existía la Ley 26.197, la llamada Ley Corta y había un solo esquema de renegociación de contratos, que era la prórroga por parte del Poder Ejecutivo Nacional, vía decreto presidencial. Hubiera resultado muy simple para el presidente de la Nación emitir un decreto prorrogando la concesión por diez años más”, recordó Gómez.
Indicó que ellos en el recinto lo que hicieron fue prorrogarle a la empresa diez años más desde el 2017, “esto debe quedar claro porque algunos dicen que la concesión es por cuarenta años y no es así, hasta el año 2017 ya lo tenía Pan América y lo que le dimos fue una prórroga por diez años más y en el 2027 los hidrocarburos vuelven, las reservas vuelve a estar en manos de la provincia y PAE se transforma en una empresa operadora de la provincia, puntualmente de Petrominera, que es la empresa que maneja los yacimientos en la provincia”.
Beneficios
Gómez indicó que a cambio de la prórroga, la provincia necesitaba que le garantice una inversión mínima de cómo serían tratados nuestros recursos y las áreas hidrocarburíferas, “desde el 2007 al 2017 Pan América tiene que garantizar como mínimo al Estado Provincial una inversión de 2 mil millones de dólares porque cuando se sancionó la Ley corta la provincia para darle los otros diez años le exigió una inversión de mil millones de dólares desde 2027 en adelante, que es el momento en que PAE debe devolver las áreas que tiene en explotación”.
Dejó en claro que la empresa explota el 52% de los hidrocarburos de la provincia, tiene 2200 pozos activos en la provincia y este compromiso de pozos nuevos lleva a que PAE perfore en los próximos años perfore otros 2.220 pozos nuevos a lo largo de la prórroga de la concesión como obligación y condición de caer el contrato.
Además explicó que en cuanto a la reparación de pozos son unos 300 promedio por año, “estas condiciones son básicas porque si no se mantienen y si la empresa no cumple con estos compromisos, con esa cantidad de pozos es motivo para que la provincia vuelva a hacerse cargo del área y en esto hay un seguimiento permanente del Estado”.
