La petrolera de Cristóbal López negocia un contrato con la rusa Luikoil para comprarle combustible para la red de más de 300 estaciones, después de suspender las actividades en su propia refinería. Es un convenio “puente” por un mes -a la espera de uno más extenso- e involucra a otra empresa nacional.
Oil Combustibles, la petrolera concursada que, todavía, pertenece a Cristóbal López, negocia un contrato de compra de combustibles para mantener abastecida a su red de más de 300 estaciones de servicio, dado que la semana pasada decidió suspender las actividades de su refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Así lo informó al juzgado en el que se tramita su convocatoria de acreedores, el Comercial 5, Secretaría 10, momentáneamente a cargo de la subrogante Marta Cirulli.
Según el convenio, Lukoil –a través de Victorio Podestá & Cía., empresa con 70 años de trayectoria en la comercialización de combustibles– abastecerá a Oil de productos para abastecer a su red de estaciones de servicio y agro entre el 5 y el 29 de marzo. Como garantía, la petrolera de Ceibo/Indalo dispondrá que sus estacioneros los paguen directamente en las cuentas bancarias de Podestá. Queda por definir qué ocurrirá con los excedentes: si se remitirán a Oil o se constituirá un fideicomiso.
En paralelo, Oil le venderá a Podestá todo su stock de fuel oil, con un plazo de hasta 60 días para su pago. Pero ese combustible deberá venderse, sí o sí, a través de la red comercial de Oil, ya que se lo utilizará como instrumento para compensar saldos con las ventas de productos. Actualmente, Oil comercializa menos del 3% de las naftas y del 5% del diesel que se vende en el país.
Como este es un convenio “puente”, Oil, Lukoil y Podestá seguirán negociando un contrato de suministro a seis meses, que será presentado para su autorización por parte del juez que lleva el concurso.
Ceibo, Oil y el frente judicial
El miércoles de la semana pasada, Ceibo –como se denomina actualmente al ex grupo Indalo, gerenciado por Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre– decidió que la refinería de San Lorenzo tuviera la primera parada técnica en sus 80 años de historia por falta de materia prima para procesar. A fines de octubre, OP Investment (Rosner y Dellatorre) pactaron la compra de los activos de Indalo con López. Pero en noviembre, Julián Ercolini, juez penal que investiga al empresario por la evasión de más de $ 6000 millones en concepto del pago de impuestos a los combustibles líquidos por parte de Oil, no autorizó la operación.
El plan de Rosner preveía una inyección de u$s 80 millones en capital de trabajo, para –luego– aportar otros u$s 300 millones de inversores externos. De recibir luz verde a su adquisición, debía estar implementado en enero. Nada de eso ocurrió. Al contrario, la compañía cosechó, en algo más de un mes, un tendal de reveses judiciales: la anulación del concurso preventivo original, radicado en Chubut, por parte de la Corte Suprema, el rechazo inicial a su apertura en el ámbito nacional, el procesamiento y prisión preventiva de López y su socio, Fabián De Sousa y, por orden de Ercolini, la investigación de un posible fraude en la venta de los activos de Indalo, motivo por el cual ya están imputados López, De Sousa, Rosner y Dellatorre.
“Frente a tal estado de situación, los barcos no descargan en el puerto si no es contra pago, ya que en el contexto actual no existe la posibilidad de financiamiento”, alegó el abogado de Oil.
Además, recordó que, el 9 de febrero, la AFIP embargó $ 884,85 millones en las cuentas bancarias de Oil por el pasivo posconcursal que generó la compañía, que afronta otros $ 447 millones exigibles por parte del ente recaudador.
En otro orden, Cirulli concedió la apelación que Oil presentó a la decisión del 16 de febrero del juez Javier Cosentino –actualmente, de licencia–, que había rechazado un paraguas que la petrolera había solicitado ante los embargos por la deuda posconcursal de la compañía, más de $ 1100 millones originados a partir de septiembre y que llevaron a Cosentino –el juez que aprobó y lleva el concurso– a decidir la intervención de la compañía, con la designación de tres co-administradores que informarán mensualmente al juzgado acerca de la gestión de Rosner y su socio en la petrolera.
