El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por acogerse a planes de financiación que otorgó la AFIP. A la vez, condenó al administrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray, al entender que esos planes perjudicaron al Estado. «Estábamos encarcelados, embargados, y venían amigos del gobierno de Macri a ofrecernos que les transfiriéramos las acciones, de manera gratuita», dijo De Sousa, tras conocerse el fallo.
El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por acogerse a los planes de financiación que otorgó la AFIP, pero condenó al administrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray, porque los jueces entiendieron que los cuatro planes –no se sabe si todos o algunos de ellos– significaron una defraudación al Estado. Lo que queda claro es que la prisión de López y De Sousa fue una persecución política, que apuntó a que los empresarios vendieran la petrolera a amigos de Mauricio Macri, que entregaran las obras y los peajes que ganaron en licitaciones y que sus medios –C5N y Radio 10, por ejemplo– se alinearan con el macrismo. Fue el equivalente a una extorsión, metiendo presos a los dueños y embargando todos los bienes de las empresas, mientras enviaban a amigos de la Casa Rosada macrista a proponer que cedieran todas sus acciones de manera gratuita, consigna Página12.
“No sólo violaron mi libertad, sino también mi familia, espiándonos en la cárcel de la mano de la Agencia Federal de Inteligencia de Macri y Gustavo Arribas –dijo De Sousa, al borde del llanto, en una conferencia de prensa–. Violaron nuestro derecho de defensa, escuchando lo que hablamos con nuestros abogados. Y ahora los jueces dicen que no cometimos ningún delito.”
El veredicto se hizo esperar dos horas y los fundamentos recién serán subidos a la web el 17 de marzo de 2022. Hubo unanimidad en la condena a cuatro años y ocho meses de Echegaray y la votación fue dos a uno por la absolución de López y De Sousa. El juez que votó por condenar a los empresarios fue el más cercano al macrismo, Andrés Basso. El voto mayoritario fue de Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos. Todo será apelado a la Cámara de Casación pero es difícil que se resuelva en la primera mitad de 2022.
Lo que se percibe del veredicto es lo siguiente:
* Que los titulares de Oil se acogieron regularmente a los planes de pago que otorgó la AFIP, no sólo a su empresa sino a decenas de miles de firmas, en el caso de los dos planes generales que se concretaban por la página web. Y también fue regular el haber recibido dos planes de pago particulares, de los que también se beneficiaron otras 1200 empresas y personas físicas.
* Por lo tanto ni De Sousa ni López cometieron delito y no defraudaron al Estado.
* Los jueces entienden –habrá que ver los fundamentos– que el otorgamiento de planes de Echegaray sí implicó un perjuicio –defraudación– al Estado y que la responsabilidad fue sólo de él porque era su función preservar los bienes estatales. La conclusión es asombrosa porque al principio del juicio se presentó un peritaje, firmado por especialistas de la Corte Suprema, donde se estableció que no hubo perjuicio para las arcas públicas. Los planes se otorgaban, pero las cuotas incluían los intereses correspondientes. Tampoco se entendería por qué Echegaray beneficiaría a las empresas –no sólo Oil– sin obtener ventaja cambio. En realidad, los planes para facilitar los pagos de impuestos fueron una política del gobierno de Cristina Kirchner orientada a que las empresas mantengan el empleo y que incluso fueran creando nuevos puestos de trabajo. De manera que a primera vista no parece algo judiciable. Tampoco debería entrar en la consideración que el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) no permitía la adhesión de planes, cuando eso no sólo lo establecía la ley, sino que también el gobierno de Macri y la AFIP de Alberto Abad otorgaron un plan a Oil Combustibles, por el ITC, en marzo de 2016. Durante el juicio, De Sousa y López probaron que, además, ya habían pagado 6 mil millones de pesos del ITC. Por ahora, para entender el fallo, no hay otro camino que esperar los fundamentos que se conocerán dentro de tres meses.
Lo más categórico que deja el veredicto es que la causa Oil tuvo como objetivo la persecución política y económica. O sea, nuevamente queda expuesta la alianza judicial-mediática-política, alineada con el macrismo y con sede en Comodoro Py persiguiendo a opositores. Es la misma matriz utilizada para perseguir y encarcelar a Lula en Brasil, a Rafael Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia. Porque toda la ofensiva del expediente se centró en López y De Sousa y tuvo un cariz tan político que López contó que se reunió con Macri y éste le exigió que pusiera los medios al servicio de encarcelar a Cristina Kirchner, mientras que De Sousa reveló que el candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Pichetto, le anticipó el 16 de diciembre de 2017 que tres días más tarde, el 19, los detendrían.
«Querían robarnos todo»
“Todas nuestras acciones estuvieron ajustadas a derecho –señaló De Sousa–. Fue una falsa y diabólica acusación en contra mía, de mi socio Cristóbal López e indirectamente contra todos los trabajadores del Grupo Indalo. La nota que dio origen a todo esto (del diario La Nación) tuvo afirmaciones absolutamente falsas y eso no es ahora sólo una convicción personal, sino que tenemos un fallo que lo dice. Se demostró en el juicio que aquella nota inicial no fue un trabajo periodístico, sino que hubo una organización detrás: hubo casi 9800 entradas ilegales, violando el secreto fiscal, dentro de la AFIP, para tratar de encontrarnos algo. El objetivo fue robarnos todo: nuestros bienes, las obras viales que teníamos, las concesiones que ganamos en licitaciones. Nosotros estábamos encarcelados, embargados, y venían amigos del gobierno de Macri a ofrecernos que les transfiriéramos las acciones, de manera gratuita. O sea, se quedaban con nuestras empresas. Trataron de ahogarnos de todas las formas posibles, incluyendo la ruptura de contratos de provisión a YPF que tenía Oil desde hacía décadas. Nos hicieron infinidad de allanamientos, pusieron interventores en todas las empresas del grupo y desde el Estado pusieron en marcha, desde distintos organismos, una feroz campaña de hostigamiento y robo. Estuvimos presos desde diciembre de 2017 hasta octubre de 2019, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti estableció que eran falsas las razones de nuestra detención”.
