El Gobierno e YPF presentaron anoche un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo es que el máximo tribunal reconsidere la expropiación como un acto soberano y no como un acto comercial. De esta manera, las consecuencias de la expropiación serían las que establece la jurisprudencia nacional.
El Estado e YPF presentaron anoche un writ of certiorari para que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva la millonaria demanda del fondo Burford por la expropiación de la petrolera. La jugada es clave para definir si el Estado deberá desembolsar alrededor de u$s 4000 millones el próximo año, justo en momentos en que la gestión de Mauricio Macri acordó con el FMI un severo ajuste fiscal, tal como reconoce el Fondo Monetario Internacional.
Tras dos reveses judiciales en primera y segunda instancia, el Gobierno ahora espera que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso. Por un lado, Burford Capital inició la demanda aduciendo que tras la expropiación del 51% de las acciones de la compañía, votada en el Congreso en 2012, Argentina e YPF debían haber realizado una oferta por el restante 49% de las acciones, conforme a los estatutos. El fondo de inversión había adquirido los derechos del grupo Petersen, que había adquirido el 25% de la compañía durante el primer mandato del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es por eso que presentaron la demanda y tuvo dos fallos favorables en primera y segunda instancia, en Nueva York.
Pero el Gobierno quiere que la Corte defina si la expropiación del 51% de las acciones puede ser considerado un “acto comercial” que justificaría la no aplicación de la regla de inmunidad soberana de los Estados. Así lo habían interpretado los tribunales inferiores. Con ese objetivo, el Gobierno e YPF anoche presentaron una moción para que se desestimara la demanda con base en la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. Tanto la Argentina como YPF argumentan que la expropiación fue un acto soberano de un Estado, que tiene preeminencia sobre cualquier contrato y no puede ser juzgada sin que se asegure la inmunidad de los Estados ante hechos soberanos, como una expropiación.
Tanto el procurador, Bernardo Saravia Frías, como YPF esperan que la Corte revise el caso ya que este tipo de casos, consideran, son analizados con cuidado porque afectan las relaciones internacionales. De fondo, la discusión entre el poder de los Estados ante el poder financiero. Además, esperan tener un resultado favorable porque la jurisprudencia sobre este tema está dividida y la Corte Suprema no ha tratado un caso similar.
Si la Corte acepta la revisión, la cuestión quedará saldada en Estados Unidos y el Gobierno lograría que la disputa se defina según la jurisprudencia nacional. En caso contrario, comenzaría el juicio de primera instancia, lo que devendría en un proceso largo que implicaría la apertura del proceso conocido en Estados Unidos como discovery, en el que cada parte tiene que abrir toda la información que tiene sobre el caso.
Además, el estudio Cravath, Swaine, Moore, que también representa a YPF, presentó anoche una moción para que se prorrogue el stay (considerada una cautelar) hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva el caso. El Gobierno tuvo que ingresar la nota ayer, porque tenía plazo hasta el 1 de noviembre. De caso contrario, si el Gobierno presentaba la moción después del 1 de noviembre, el mandato deberá ser emitido en 30 días. En este escenario, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, tendrá jurisdicción sobre la demanda y el Estado deberá pedirle a la magistrada que mantenga los casos en «stay» mientras la Corte resuelve el recurso de «certiorari». Pero en Casa Rosada temen que este escenario presentará más riesgos ya que la jueza podría no esperar la resolución del máximo tribunal. De hecho, la reemplazante del fallecido juez Thomas Griesa en julio ya asestó un revés al Estado.
El certiorari fue ingresado anoche por la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, en representación de YPF. El Gobierno está representado por el procurador, Bernardo Saravia Frías, y la firma internacional Skadden Arps.
El caso es seguido minuto a minuto por el presidente Mauricio Macri. De hecho, sus principales asesores judiciales, como José Torello y Fabián Rodríguez Simón, van comunicando las novedades a la presidencia.
