La Fiscalía avanza con la investigación por presuntas irregularidades durante la gestión de Osvaldo Sala en el puerto. Durante la mañana del viernes se realizaron ocho allanamientos simultáneos para secuestrar teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a contrataciones con la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM).
Los procedimientos, llevados a cabo por la División de Investigaciones de la Policía con orden judicial de la jueza Stella Eizmendi. La causa está a cargo de los fiscales Daniel Báez y Alex Williams. La hipótesis de investigación de la Fiscalía es que hubo un direccionamiento de tipo ilegal por parte del entonces presidente de la APPM, Osvaldo Sala, en favor del grupo de empresas vinculadas a su persona.
“El análisis de múltiples evidencias nos da como principal hipótesis que hubo una práctica ilegal de contrataciones que se encuadra en negociaciones incompatibles y administración fraudulenta, pergeñada por particulares y, de mínima, un funcionario de la APPM, nada menos que su presidente por aquel entonces, Osvaldo Sala”, explicaron los fiscales. Y agregaron que “intervinieron en la maniobra los directivos y/o socios de las firmas que resultaron adjudicatarias, quienes actuaron a sabiendas que las contrataciones se direccionaban en su beneficio, siendo que en algunos casos los precios se presentan con un valor que aparenta excesivo e injustificado”.
Investigación
La causa se inicia con una denuncia sobre presuntas maniobras realizadas en las contrataciones del puerto. En mayo hubo allanamientos y secuestro de documentación y a partir de allí se realizan los nuevos procedimientos. “De todos los domicilios allanados, la documentación de relevancia se encontraba en un solo local, donde se concentraba toda la documentación y facturas de las persona y empresas” detalló el fiscal Williams e indicó: “Toda la documentación se halló en un solo lugar porque todas las personas y empresa que aparecen como distintos prestadores en realidad son una misma cosa”. “De la evidencia colectada -agregó el funcionario judicial- se pudo constatar que efectivamente existen múltiples facturas de lo que serían en apariencia distintos proveedores, sin embargo múltiples facturas electrónicas tienen la misma IP, es decir “distintos” proveedores facturaron “distintos” servicios el mismo día desde la misma conexión a internet”, detalló.
Ceniceros por 250 mil pesos, una herrería que realizaba pavimentación y una empleada de panadería que facturó por 30 millones.
Los fiscales investigan múltiples contrataciones irregulares, algunas de las cuales llamaron la atención. Una de las empresas, durante el último año, le facturó a la APPM casi 19 millones pesos. Su facturación es consecutiva y su único cliente era el puerto.
Otra de las empresas comenzó a prestar servicios en febrero de 2020 y se constituye en proveedor de la APPM con importantes facturaciones. Por ejemplo, 11 ceniceros por un precio de más de $ 242.000.
Una monotributista le facturó a la APPM una suma superior al millón de pesos por la “limpieza” exterior del predio. “Hay monotributistas que son contratados por montos millonarios para tareas de desmalezado y no poseen maquinarias ni elementos para realizar las tareas”, explicó.
Otro caso en investigación es de una herrería se creó a fin de año y la segunda factura al Puerto fue por 502.000 pesos para aportar 48m3 de Hormigón elaborado para pavimentación.
Otro de los casos paradigmáticos es una monotributistas, que es empleada de una panadería, y de manera paralela presenta facturación a la APPM en una suma que supera holgadamente los treinta millones de pesos. “Evidentemente la prestadora cumple un papel de lo que comúnmente denominamos prestanombre o testaferro, toda vez que si fuera efectivamente la verdadera dueña de la prestación de los servicios, el rédito obtenido le permitiría tener una cadena de panaderías y no ser empleada de una de ellas”, cerró Williams.
