A YPF se le abrió un nuevo frente judicial en Estados Unidos que involucra a la firma Maxus, una petrolera que la empresa compró en 1995, y un conflicto por daños ambientales que data de hace 60 años. La compañía informó que dos de sus subsidiarias, YPF Holdings y CLH Holdings, fueron notificadas de una demanda judicial promovida por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus Energy Corporation, que reclama supuestos daños por un monto de hasta u$s 14.000 millones.
La acción judicial se originó en la contaminación del río Passaic, en Nueva Jersey, por parte de una vieja fábrica de pesticidas, propiedad de Maxus, que producía el defoliante Agente Naranja en los años 60.
Los reclamos están relacionados con supuestas operaciones corporativas de reestructuración que la sociedad habría celebrado años atrás. Hace dos años, Maxus fue a la quiebra. La intención de YPF era desligarse de su subsidiaria a nivel societario y que fuera la filial la que hiciera frente a las demandas de pagos por remediaciones ambientales y que YPF se liberase de potenciales demandas en su contra.
La acción judicial se originó en la contaminación del río Passaic, en Nueva Jersey, por parte de una vieja fábrica de pesticidas, propiedad de Maxus, que producía el defoliante Agente Naranja en los años 60.
Por ello, anticipándose a eventuales litigios por este tema (incluyendo cualquier reclamo de alter ego), YPF acordó un pago de u$s 130 millones a Maxus y la concesión de un préstamo de u$s 63,10 millones por parte de YPF Holdings.
Sin embargo, la estrategia no prosperó y ahora la demanda del Fideicomiso se dirige contra YPF, YPF International y otras compañías no afiliadas a YPF. El reclamo del Fideicomiso fue iniciado ante la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware de los Estados Unidos.
Según la acusación, la planta habría vertido Dioxin, uno de los productos más contaminantes del mundo. La sustancia dañó no sólo el río sino también la industria portuaria local, el comercio, propiedades públicas y privadas, la fauna y los recursos naturales del estado.
Desde YPF señalaron que «la aludida contaminación ocurrió varios años antes de la adquisición» y que «la empresa se defenderá firmemente de cualquier acusación que la haga responsable ante Maxus o sus acreedores».
La demanda de Maxus se suma a la del fondo Burford, que reclama unos u$s 3000 millones por la expropiación de la petrolera –según publica El Cronista-.
A principios de este mes, la Corte de Apelaciones de segunda instancia de Nueva York resolvió que este proceso debe continuar en Estados Unidos y no en la Argentina, como pretendía la Casa Rosada.
