La demanda la iniciaron dos abogados comodorenses. Tores Otarola habría utilizado un decreto de emergencia con plazos vencidos para la compra directa. Parte de los alimentos podrían no haber llegado a Chubut.
Los abogados Gastón Bordier y Cynthia Castro presentaron una denuncia contra la ex ministra de Familia de la Provincia, Cecilia Torres Otarola. También están denunciados el actual ministro de Gobierno, José Grazzini; y el dueño de una empresa a la que se le habría comprado alimento por la pandemia de coronavirus.
El fiscal general Héctor Iturrioz, confirmó que la figura provisoria de la causa es de administración fraudulenta. Según la denuncia, se habría utilizado un decreto de la emergencia, cuyos plazos estarían vencidos para la compra directa de alimentos realizadas, indicando además que parte de la mercadería no habría ingresado a Chubut.
«Al fundarse el decreto simple en un DNU que ya había perdido vigencia, la norma es ilegal. La compra directa tiene irregularidades porque se hizo sorteando los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado», explicó el fiscal en declaraciones formuladas al portal ADN Sur. Mientras aclaró que «está viciada de nulidad».
La compra de alimentos fue por un total de $12.300.000. «También se dice que el proveedor no tenía los bienes de libre disposición y dudan que haya ingresado a los depósitos provinciales», manifestó el fiscal Iturrioz.
Ahora debe definir si existe o no un delito acorde al artículo 269 del Código Procesal. «La primera medida es el conteo exacto de los cómputos para ver si es cierto que el DNU había perdido eventualidad jurídica o no. Tenemos el artículo 156 de la Constitución Provincial que habla de días corridos para elevar el DNU a la Legislatura y después de 30 días sin alusión alguna para su aprobación o rechazo. Entonces, tenemos que contabilizar los plazos. Si pasaron los 30 días, habrá una norma infundada y si no los pasaron, no la habrá. Es una cuestión cronológica y matemática», detalló Iturrioz.
Además, hizo hincapié que en el caso que la compra se hubiere realizado dentro de los plazos del decreto, «eso no me inhibe para investigar si ingresaron o no los bienes que se compraron».
