Gómez señaló que se planteaba aumentar sanciones al transporte ilegal, sin embargo, se consideraba más efectivo facilitar el trabajo de taxistas y remiseros. No se logró la unanimidad requerida para la modificación.
“Tenían el número para bajar al recinto y aprobarlo, porque tenían cinco legisladores propios del bloque oficialista, más el bloque de Lattanzio que acompañaba, los votos estaban, desconozco los motivos políticos por los cuales no llevaron el tema, pero sí, estaban. Porque el compromiso era avanzar con esto”, expresó.
Y agregó que “el compromiso nuestro fue trabajar en los puntos, eso no significa adherir a los puntos, sino ver qué artículos coincidimos, en cuáles no. En función de eso trabajamos, se definieron estos que votamos hoy, pero ellos tenían las manos, desconozco, porque no siguieron adelante con el artículo”.
“Nosotros creemos que era una modificación que iba a ser más letra muerta a un tema que necesita otro tipo de tratamiento. Mucho más serio, que tenga que pensarse desde la convivencia de las aplicaciones con los taxis y remises, como sucede en cualquier ciudad. Entonces, aumentar las penas no tenía sentido”, disparó.
Al aire por Radiocracia, Gómez planteó que “era simplemente escribir algo para que después en la realidad no se plasme. El Estado sabemos que es algo que lo desborda, lo excede completamente. Hacer controles todos los días no tenía sentido. Creemos que sí tenemos que darle una solución estructural o de fondo. Lo que venimos sosteniendo es que hay que facilitarle el trabajo a los taxistas y a los remiseros”.
“¿Cómo se lo facilitamos? Bueno, desburocratizando todos los pasos que tienen para salir a la calle a trabajar, reduciendo los impuestos y que convivan con las aplicaciones, que es una realidad”, enfatizó.
En ese marco, aclaró que “para aprobar esa modificación no se necesitaba unanimidad, simplemente con mayoría simple salía. Desconozco por qué el oficialismo no lo llevó a cabo. Por eso no se entiende, porque es algo tributario. Es algo político que querían que seamos parte de los costos políticos de las decisiones”.
