El empresario Federico Piccione disparó munición gruesa en la causa Revelación. Dijo que fue presionado para testificar en contra de otros acusados. Cisterna y Pagani solicitaron el sobreseimiento y el fiscal pidió que vayan a juicio oral y público. Hoy a las 8.30 continúa la audiencia preliminar.
El fiscal Marcos Nápoli solicitó en la audiencia de ayer que las acusaciones contra el exministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna; el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani; y el empresario Federico Piccione, sean elevadas a juicio oral y público.
El abogado particular Emilio Galende, que lidera la defensa de Cisterna, pidió el sobreseimiento para su cliente.
En primer lugar se basó en la existencia de hechos investigados cuando Cisterna ya no era funcionario público, situación que «hacía imposible» que haya cometido esos delitos.
Galende puntualizó que la investigación «está llena de falencias, muchas veces por falta de recursos de los investigadores. Pero acá estamos hablando de derecho».
Nápoli sostuvo que «hay evidencias suficientes como para acreditar que Cisterna fue el organizador de los delitos que se investigan, antes de que Correa cumpliera ese rol. El disponía de los montos, quiénes eran los empresarios que debían pagar e incluso quién pasaba a retirar el dinero».
En la misma línea, afirmó que también existen audios que comprometen al ex funcionario provincial, además de una «abrumadora evidencia».
Por su parte, el abogado defensor Carlos Villada, pidió el sobreseimiento para el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. Dijo que en la acusación que realizó el Ministerio Público Fiscal «fueron avasallados los derechos del exfuncionario al violarse lo que considera el principio de legalidad».
Destacó que desde el Ministerio de Infraestructura que dirigía «no se tomaban decisiones» referidas a los ilícitos investigados. Cabe recordar que Pagani está imputado de 14 hechos en los que se investiga el pago de dádivas de empresas de la construcción de toda la provincia, para así poder cobrar sus acreencias por obras realizadas al Estado.
Nápoli salió al cruce al ratificar toda la acusación en lo que a Pagani respecta. Señaló que «fue parte innegable del plan criminal diseñado a mediados de la última gestión de Das Neves y recordó la confesión que realizó Diego Luthers al declarar durante el proceso en donde lo señala a Pagani como parte «del acuerdo entre los más altos funcionarios de esa gestión para diseñar el mecanismo de los ilícitos investigados».
Citó como prueba en este sentido mensajes de textos entre Pagani y otro de los imputados, Pablo Oca, exministro de Economía. También citó a empleados del Ministerio de Infraestructura que hicieron constar en la investigación «los pagos que se hacían por afuera de los mecanismos legales, que hacía que se abonaran dos veces».
Las órdenes de pago se hacían de acuerdo al «comportamiento de los empresarios», dijo el querellante representante de la Oficina Anticorrupción.
