Calcaterra declaró en la causa por coimas en las obras del soterramiento. El primo del Presidente está acusado de irregularidades para conseguir la licitación. En el escrito que presentó ayer le echó la culpa a la constructora brasileña, a la que estaba asociado en una UTE.
Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, primo de Mauricio Macri, debió presentarse como imputado en la causa donde se investigan coimas en el soterramiento del tren Sarmiento. Está acusado de irregularidades para conseguir el direccionamiento de esa licitación en la que el fiscal Franco Picardi determinó que se pagaron coimas y el juez Marcelo Martínez de Giorgi presume que podría ser cierto. El empresario presentó un escrito y no contestó preguntas. En el texto, le echó la culpa a la brasileña Odebrecht, que era nada menos que su socia en aquel mega-emprendimiento. “Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta”, dijo, aprovechando que esa empresa reconoció sobornos millonarios a raíz del caso Lava Jato en Brasil. “La obra del soterramiento no fue ilegal”, añadió. La fiscalía, sin embargo, ya había presentado pruebas concretas sobre pagos y ahora –por un reciente convenio con Brasil– se incorporarán las delaciones premiadas de ex ejecutivos de Odebrecht, donde surge que las coimas eran manejadas por su socia argentina. Cuando Calcaterra se presentó muy tranquilo en la causa de los cuadernos Gloria, que goza de mucha mayor espectacularidad que la del Sarmiento, se ofreció como imputado colaborador y pintó otra realidad, en un expediente donde sabía que no había demasiadas evidencias concretas más que fotocopias de las anotaciones del chofer. Dio la versión de que había aportado dinero para campañas del kirchnerismo, y que lo hizo bajo presión, como si fuera una víctima. Luego lo complicó Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, cuando lo incluyó a su empresa el Club de la obra pública y sus retornos, en un período que también abarca a sus dueños anteriores, los Macri.
Cuando declaró por los cuadernos, sabiendo evidentemente que volvería como si nada a su casa, Calcaterra buscaba evitar quedar comprometido por su ex subordinado en Iecsa Javier Sánchez Caballero, que estaba preso y tratando de convertirse en arrepentido para recuperar su libertad. Ambos terminaron unidos en la versión de los pagos para la campaña el lunes de la semana pasada. Sánchez Caballero, también está imputado en la causa del soterramiento, debe declarar en dos semanas, y en hay algunos elementos contundentes que incluso colaboran con desvirtuar el relato ofrecido en la causa de los cuadernos Gloria. Por ejemplo, existen e-mails secuestrados de la computadora del ex director de Odebrecht en Brasil Mauricio Couri Ribeiro, donde decía que sus tratativas para conseguir contratos en Argentina eran a través de la socia local y que Sánchez Caballero le pedía 20 millones de dólares. Lo que se detectó en esta investigación, según explicó en un dictamen el fiscal Picardi, es que efectivamente hubo pagos que se hicieron a una sociedad fantasma llamada Controles y Auditorías Especiales (CAESA), por auditorías inexistentes. Ese sello de goma era manejado por Manuel Vázquez, que era mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Calcaterra alega que Iecsa asentó esos pagos en sus balances, pero para la fiscalía no es prueba de nada, sólo una posible forma de blanqueo, ya que dio por constatado que la sociedad en cuestión era una simple pantalla. Según la policía brasileña hubo coimas recibidas por CAESA llegaban a través de un circuito de empresas y sociedades offshore, lo que incluye a las firmas Pribont Corporation S.A y Klienfeld Services Ltd).
Otro tema que amaga con complicar la situación de Calcaterra, Sánchez Caballero y otros de los involucrados en el soterramiento, es que serán incorporadas al expediente las declaraciones que ofrecieron bajo la modalidad de delación premiada los ex ejecutivos de Odebrecht en Brasil. El acuerdo ya está firmado y ahora resta que cada fiscalía avance en su propio pacto con sus pares del país vecino. Para este caso, será clave la confesión de Luiz Antonio Mameri, quien dijo que las coimas eran manejadas por su socia argentina, o sea, Iecsa (aunque la unión de empresas adjudicatarias también incluía a la italiana Ghella y a española Comsa). Picardi ya le pidió también a Bonadio las fotocopias de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio de Vido en el ministerio de Planificación– para determinar si en ellos hay información útil para su investigación. Baratta y De Vido, están citados a indagatoria también por Martínez de Giorgi, igual que Jaime y empresarios de Ghella, Comsa y Odebrecht. Ya desfilaron otros, como el ex secretario de Obras Públicas, José López, que se negó a declarar, y Rafael Llorens, ex secretario legal de Planificación, negó sobornos. Los brasileños que fueron delatores en Brasil, con el nuevo acuerdo de cooperación con ese país, no podrán ser involucrados aquí.
Si bien ambas investigaciones aluden coimas en obra pública, la metodología elegida por los jueces y fiscales es bien distinta. En la causa del soterramiento nunca hubo detenidos aunque se ha producido prueba y hay llamados a indagatoria. Ni Martínez de Giorgi ni Picardi consideran que hay peligro de fuga o entorpecimiento de los ex funcionarios o de los empresarios. Un dictamen de Picardi aseguraba la existencia de un mecanismo de cartelización y tomaba como referencia la confesión de Odebrecht en Estados Unidos, de que pagó en Argentina 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014. En la causa de los cuadernos hay detenidos que se espera que “canten”. El que dice algo que les interese al juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que apunte –por ejemplo a Néstor y Cristina Kirchner o a Julio De Vido– sale en libertad. El secreto de sumario por ahora dificultó saber si hay otras pruebas que respalden las supuestas coimas que, en rigor, solo reconoció el empresario Wagner.
Calcaterra debía presentarse hoy por el soterramiento, pero se anticipó ayer con un escrito donde niega el pago de coimas y dice que si existió alguna irregularidad fue “administrativa”. Insistió con que no hubo nada ilegal y cuestionó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Pero no tuvo margen, por el encuadre de la investigación, para argumentar supuestos pagos voluntarios ni le convenía decir que le dio dinero a Sánchez Caballero, porque el material del expediente muestra otra cosa. Acá optó por echarle la culpa a la empresa, que admitió coimas, pero que casualmente era su socia.
