En la Corte estadounidense se está tratando la nacionalización de YPF del año 2012. El Gobierno argentino reclama que el juicio sea trasladado a tribunales nacionales y los gobiernos de México y Chile presentaron escritos fundamentando que la nacionalización no debería ser sancionada. Un fondo especulador impulsa el juicio y reclama US$ 3.000 millones.
El Gobierno argentino quiere que el juicio por la estatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en mayo de 2012. Se trata de una pelea judicial que el fondo especulador Burford Capital le compró al Grupo Petersen en reclamo de unos US$ 3.000 millones en compenzación por la nacionalización de la empresa.
El Estado argentino solicitó trasladar el juicio a los tribunales locales, pero este pedido fue denegado en julio por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que consideró que el asunto debe resolverse en Estados Unidos.
Así fue que el gobierno chileno decidió intervenir: A través de un documento, planteó su «preocupación» ante la Corte Suprema estadounidense. Desde Chile, sostienen que el fallo «atenta contra la distinción internacionalmente reconocida entre actos soberanos y actos comerciales».
Además, en el escrito presentado por Chile dice que «bajo la ley internacional y la extendida práctica estatal, un Estado será inmune en la jurisdicción de otro Estados por expropiaciones u otras conductas soberanas».
Desde el gobierno mexicano también apoyaron a la Argentina. En un escrito, dijeron que «forzar a las naciones extranjeras a defender tales decisiones en un foro hostil se entromete de manera inadmisible con sus asuntos internos y, en última instancia, perjudica los intereses de los Estados Unidos».
Las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora llegaron a manejar el 25% de las acciones de YPF antes de su nacionalización. Ellas recurrieron a la Justicia con el argumento de que la estatización violó las leyes de la oferta pública de USA. Desde el Estado argentino, se defienden diciendo que se trata de una decisión soberana y que, por este motivo, no debe seguir esas normas.
Burford Capital compró las empresas del Grupo Petersen cuando estas fueron puestas a la venta para cubrir sus pasivos. Así es que este fondo es el que impulsa el juicio contra el Estado argentino –según publica Urgente 24-.
