La semana culmina con un poco de paz a nivel coyuntura económico-financiera a nivel provincial, pero no por mucho tiempo. Las negociaciones entre Nación y las provincias avanzan con la mira puesta en el 15 de septiembre: ese día el presupuesto para 2019 debe ingresar al Congreso para empezar el tratamiento legislativo y llegar al 15 de diciembre con las pautas sobre gastos e ingresos para el año próximo.
Según publica el Diario de Madryn, el recorte, de unos $ 300.000 millones que se deberá afrontar en conjunto para llegar al 1,3% de déficit primario consolidado a nivel país, se reparte en 33% y 66%.
Si bien el resultado fiscal primario consolidado de las provincias en 2017 terminó prácticamente en equilibrio (con un rojo de apenas 0,3%, de acuerdo con los datos actualizados recientemente por el Ministerio de Hacienda), en el detalle, no todas están con las cuentas saneadas. En 2017 sólo cerraron con superávit primario siete de los 23 distritos. Las que mostraron que los ingresos primarios finalizaron por arriba de los gastos primarios fueron Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Catamarca, Formosa, Mendoza y La Pampa.
Se estima que en lo que va de 2018 los números mejoraron. Estos resultados son los que desde Nación tienen en cuenta a la hora de sentarse a negociar, en grupos, tal como lo están haciendo con gobernadores y ministros provinciales.
Tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como el de Interior, Rogelio Frigerio, están manteniendo encuentros para definir en qué partidas recortar y cuánto. Se sabe que las provincias deberán recortar en $ 100.000 millones. “Hay consenso de que el 1,3% hay que lograrlo, lo que es un punto importante”, sostuvieron desde el Gobierno.
Chubut, en la mira
Desde las provincias que peor situación están registrando, explicaron que “No tenemos espacio para nada; tenemos déficit fiscal, no podemos financiarnos afuera, por lo que es complicado el panorama”. Durante el año pasado, sólo 6 provincias de los 23 distritos cerraron con saldo positivo: Santiago del Estero,
San Juan, San Luis, Catamarca, Formosa, Mendoza y La Pampa. En el extremo contrario, Chubut apareció en el último lugar, con un déficit equivalente al 25% de sus recursos. Neuquén aparece en ese mapa con el 15% y Santa Cruz, con alrededor del 12%.
Según un informe publicado por diario El Cronista en base a un trabajo del economista Federico Muñoz, Chubut fue la provincia que en 2017 terminó con el peor desequilibrio fiscal, ya que su déficit equivale al 25% de sus ingresos. También Neuquén y Santa Cruz aparecen entre los peores lugares del ranking, aunque se estima que durante 2018 hay una mejora a partir de los ingresos, “ya que ninguna de las provincias logró bajar el gasto”, advierte el trabajo.
Los números forman parte de la evaluación que por estas horas tuvieron a su cargo el gobernador Mariano Arcioni y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con vistas al recorte de alrededor de 100.000 millones de pesos que deben absorber las provincias y entre las que un efecto notorio fue el decreto 702, de recorte del coeficiente zonal para asignaciones familiares, medida que se dejó en suspenso por 30 días.
En el primer semestre de este año Chubut tuvo una mejora de ingresos del orden del 46% en materia de coparticipación federal, sumado al incremento de regalías petroleras, que en junio duplicaron los ingresos de febrero. De este modo, hay estimaciones de analistas privados que dan cuenta de que la situación provincial podría ser superavitaria en el segundo semestre del año, aunque el ahogo planteado por las deudas externas (los bonos en dólares que se descuentan automáticamente de regalías) y el vencimiento de Letras del Tesoro que el Ejecutivo busca refinanciar a 48 meses podrían provocar un recorte drástico en esa expectativa de mejoras.
Asimismo, vale tener presente otro elemento: si bien la provincia aparece en el peor lugar del ranking deficitario, es de las primeras en el orden de aportes al fisco nacional, al comparar lo que recauda en su jurisdicción en materia de impuestos y lo que posteriormente recibe en el reparto de coparticipación federal de impuestos.
Las cajas, un tema aparte
Esta semana, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto con el que estableció un nuevo régimen de asistencia financiera a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Anses. La normativa apunta a establecer estrictos controles sobre el uso de los fondos y a poner en marcha procesos de auditorías para las cajas previsionales que reciben fondos de la Nación para cubrir sus millonarios déficits.
Las provincias que gestionan sus cajas de jubilaciones y pensiones son Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Hasta el momento, la Nación no ha incluido esos aportes a las cajas en el listado de erogaciones sujetas al ajuste fiscal en marcha. Pero dada la magnitud de esas transferencias, en varias provincias se encendieron todas las luces de emergencia: en 2018 serán unos 17 mil millones de pesos.
Un rojo que nunca dejó de crecer
La Caja de Jubilaciones de Córdoba se encuentra en una situación ventajosa respecto de las demás. Es la única que tiene acuerdo firmado y ya pagado por el déficit de 2017: la Anses aportó 5.100 millones de pesos, a los efectos de cubrir una parte del déficit de 12.300 millones que generaron el año pasado.
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y La Pampa acaban de acordar cuánto aportará la Anses para cubrir el déficit de 2017. En tanto, Chubut, Misiones, Santa Cruz, Chaco y Corrientes dejaron de recibir aportes de la Anses por incumplir el envió de información sobre sus sistemas previsionales.
Más controles
En realidad, el objetivo central del Gobierno nacional es tener conocimiento sobre qué hacen los gobiernos provinciales con el dinero que les llega desde la Nación para sus cajas provinciales, por una serie de sospechas que se comentan en la Casa Rosada.
En síntesis, en la gestión Cambiemos aseguran que algunos gobernadores utilizan fondos previsionales para gastos corrientes de sus administraciones, incluso para el pago de campañas electorales. Por esto, el organismo que preside Emilio Basavilbaso definirá y modificará las pautas metodológicas, los diseños de registro, formas de remisión, periodicidad y especificaciones técnicas utilizadas en el proceso. La intención oficial es colocar a todas las provincias en este nuevo régimen. La incógnita es que hará por ejemplo Mariano Arcioni con una bandera que históricamente defendió su antecesor. Habrá que ver…
