El Gobierno nacional les comunicó a un grupo de empresas constructoras de la provincia del Chubut, que vienen reclamando desde el año pasado el cobro de certificados impagos por una veintena de obras de viviendas que se venían desarrollando en varios lugares de la provincia, que no piensa pagar un peso de esa deuda.
La noticia no fue inesperada para los empresarios, pero igualmente tendrá un rápido y peligroso impacto económico y social en toda la provincia, no sólo porque muchas de las empresas de la construcción quedarán al borde del precipicio económico y financiero, sino también porque agravará aun más la difícil situación de miles de trabajadores de la industria de la construcción, que ya empezaron a quedar cesantes hace varias semanas.
Según pudo confirmar Jornada de fuentes del sector, la deuda que no pagará el Gobierno que encabeza Javier Milei a las empresas locales asciende a unos $ 4.000 millones. Se trata de distintos planes de construcción de viviendas alrededor de Chubut, que incluyen algo más de 400 viviendas.
Una por una
El listado de obras paralizadas e impagas al que accedió Jornada es preciso: incluye una obra de 20 viviendas en la localidad de Cholila; otras 32 viviendas más equipamiento en espacios comunes en el barrio René Favaloro de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que incluye además la obra de un Centro de Día más una pileta de natación; 5 viviendas en la localidad de Gualjaina; 40 viviendas en el barrio Los Pioneros de Sarmiento; 43 viviendas en la localidad de El Hoyo; 50 viviendas en la localidad de El Maitén; 25 viviendas en la localidad de Epuyén; 20 viviendas en el paraje Los Cipreses; 41 viviendas en la localidad de Dolavon; 20 viviendas en la localidad de Tecka; 50 viviendas en el barrio Arturo Íllia de la ciudad de Trelew; y 55 viviendas en la localidad de Trevelin.
Impacto negativo
Hace pocas semanas, en una reunión extraordinaria del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, el sector empresario se declaró en “estado de emergencia” en todo el país y se advirtió por el futuro de unas 1.400 empresas y de más de 200.000 empleos.
Entonces, el Gobierno había prometido a un grupo de empresarios de la construcción que el plan de fuerte ajuste del déficit fiscal solo dejará margen para que continúen en funcionamiento los proyectos de obra pública que tengan al menos un 80% de avance, que según fuentes privadas representaría apenas el 5% del total en todo el país.
En el sector aseguran que la actividad está prácticamente parada en su totalidad en todo el país y que por esa situación ya se registraron despidos por entre 50 y 60 mil empleados.
