La joya del Estado argentino, YPF, está hoy en una situación difícil. Y si las circunstancias no mejoran (lo más probable), la estabilidad de la principal empresa del país dentro de la economía real podría tornarse muy grave. Y, en el largo plazo, terminal. Todo dependerá de la evolución de la cuarentena, del grado de profundidad de la depresión de la economía argentina y de si el país entra o no en default con los acreedores de deuda bajo legislación extranjera.
La petrolera de bandera sufre, como el resto de las compañías del sector en todo el mundo, de la demolición del precio del petróleo; y del derrumbe de su valor como empresas; con una valoración de mercado cercana a los u$s1.000 millones, mucho menos que la deuda que la empresa tiene en la actualidad. Y muchísimo menos que los juicios internacionales que la amenazan.
La primera amenaza inminente es obvia: el precio del barril de petróleo Brent está en niveles de default mundial, impidiendo que la propia actividad petrolera sea negocio. De no mejorar la valuación del commodity, ni YPF ni ninguna compañía de combustibles del mundo será rentable este año. Y, en consecuencia, su ingreso en crisis o su rescate dependerá de las espaldas de los socios de esas compañías. En el caso de los privados, dependerá de la voluntad de ampliar capital, de inyectar dinero o de rescatar acciones. En el caso de petroleras públicas o mixtas (como YPF), la respuesta está en la voluntad del Estado. La situación local se complica por la aplicación de la política del “barril criollo” que le garantiza a las provincias un valor mínimo del barril, que actualmente se encuentra entre 45% y 50%, cuando la cotización del Brent de referencia se encuentra navegando más cerca de los u$s20 que de los u$s25.
Esto quiere decir que, hoy por hoy, la petrolera le debe garantizar a las provincias un subsidio de la mitad del valor del barril y, según los cálculos de la propia empresa, no podría garantizar un valor del barril local de más de u$s35 a u$s37, y únicamente para empatar la ecuación. Salvo que la cotización mundial del Brent mejore sustancialmente y el porcentaje de exportación de YPF aporte soluciones vía divisas. Algo que, mientras continúe la pandemia, parece lejano.
En poco tiempo Alberto Fernández tendrá que tomar una decisión: aplicar o no un primer rescate a YPF y mantenerla o no en niveles sustentables para una empresa pública o privada. Dependerá si decide respetar los valores actuales del “barril criollo”. Si lo hace, se ganará la enemistad de muchos gobernadores de provincias petroleras, hoy aliados. Si no lo hace, tendrá que echar mano al Tesoro Nacional y mantener el valor del “barril criollo” a 45 o 50 dólares, o reducir su valor a niveles más cercanos a los del mercado.
Si la decisión es la de aceptar una reducción del precio del barril criollo, el problema lo tendrá con algunos gobernadores que sostienen que el dinero que reciben vía regalías es imprescindible para su supervivencia. En ambos casos, al final de la delgada línea decisoria, lo que tendrá que resolver Alberto Fernández es en qué dirección y con qué amplitud abre nuevamente las agotadísimas arcas del Tesoro Nacional. O si decide que sea la petrolera la que deba absorber los costos de sostener el barril ante un mercado internacional que no reacciona y que amenaza con continuar con una oferta controlada y a la espera de una recuperación del mercado imposible de prever en el tiempo.
Para el mediano plazo, hacia marzo del próximo año, el Presidente deberá resolver una situación aún más importante correspondiente a la petrolera de bandera. Si Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores de la deuda privada con legislación de Nueva York por u$s68.000 millones, y el país entra el default, todas las compañías de capital nacional (incluyendo las mixtas como YPF), tendrán serias (por no decir utópicas) dificultades para poder acceder a créditos internacionales. En el caso de YPF la situación empeora por una cuestión numérica: en marzo de 2021 la petrolera estatal debe hacer frente al vencimiento más importante de su historia, con pagos comprometidos por u$s1.000 millones.
Para el largo plazo las amenazas son mayores. Queda en los tribunales de Estados Unidos la definición de un megacausa heredada de los tiempos de Carlos Menem por la compra de la compañía Maxus, en 1995. Esta petrolera traía como mochila un juicio por daños ecológicos de los años 60 y 70, pero que no fueron tenidos en cuenta en el momento de adquirirla en aquel año; pero luego, a raíz de una acción de los damnificados por la contaminación del río Passaic por parte del estado de Nueva Jersey. La demanda da escalofríos: llega a los u$s14.000 millones.
