No pagó indemnizaciones y le embargaron electrodomésticos: La medida fue dictada por el Tribunal de Trabajo Nº2 de Olavarría luego de que la firma no pagara las indemnizaciones de siete despedidos de una sucursal de esa ciudad.
La cadena de electrodomésticos Musimundo no pagó las indemnizaciones de siete trabajadores despedidos el mes pasado de una sucursal de Olavarría que cerró sus puertas y el Tribunal de Trabajo Nº 2 de esa ciudad autorizó el embargo de electrodomésticos del local. El retiro de la mercadería se concretó el martes pasado ante la presencia de personal del Ministerio de Justicia de la Provincia, que tuvo a cargo el inventario. Musimundo se encuentra atravesando una severa crisis y ya cerró unos 50 locales en el último año, 11 de los cuáles estaban ubicados en la provincia de Buenos Aires.
Los electrodomésticos se trasladaron en un flete hasta un domicilio que oficiará de depósito hasta tanto se determinen los pasos a seguir. Matías Chiozza, abogado del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, entidad que interpuso la medida cautelar, habló con un medio local y reconoció que se trata de una «medida inédita».
La crisis de Musimundo pareciera no tener freno. En abril dejaron de operar las sucursales ubicadas en las ciudades de Santa Fe, San Juan y Bariloche, en mayo bajó la persiana el local porteño ubicado en Cabildo y La Pampa. Además, cerraron locales en las ciudades de Olavarría, Mar del Plata, Tres Arroyos, Necochea y La Plata.
La firma chaqueña Carsa, una de las dueñas de la cadena, se presentó a concurso en junio de 2018 y dos meses después comunicó la salida del concurso a partir de un acuerdo con sus acreedores. “En el último trimestre del ejercicio 2018 la compañía afrontó costos de reestructuración operativa por 318 millones de pesos. Estos incluyeron indemnizaciones, penalidades por baja de contratos, aumento de incobrables, entre otros. Durante el año 2018 el Flujo Generado por las Operaciones (FGO) fue negativo por 91 millones de pesos, que compara negativamente con un FGO de 37 millones de pesos en el ejercicio 2017”, detalló el informe de la calificadora de riesgo Fix en enero de este año.
“La reestructuración con proveedores, por la refinanciación de 456 millones de pesos, permitió revertir el Flujo de Caja Operativo (FCO) que alcanzó los 313 millones de pesos. Hacia adelante Fix espera que la compañía presente una generación de flujo operacional positiva con elevadas necesidades de capital de trabajo”, agregó entonces el informe.
No obstante, el acceso a capital de trabajo no resultó fácil durante este año. La caída de la demanda complicó todavía más la situación y Carsa no pudo pagar los intereses de su deuda en mayo y agosto. A fines de mayo la firma explicó a la bolsa que no podría efectuar el pago de las Obligaciones Negociables Serie VIII y IX clase B debido a una caída en la venta de productos motivada por la falta de abastecimiento por parte de proveedores clave. La firma agregó también a las causas “retenciones injustificadas de AGIP y ARBA, sobretasas de interés en fideicomisos y ON y gastos de sellados y seguros de caución no cobrados”. En agosto, por su parte, la situación se repitió y la firma reiteró los mismos argumentos.
