El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia junto a la División de Investigaciones policiales desarrolló en el día de ayer un total de 16 allanamientos a efectos de esclarecer un gran número de ilícitos que afectaban la región a partir del robo de cables tipo cobre desnudo, Sintenax y otros elementos destinados a la provisión de energía eléctrica de la ciudad.
Ante tal situación el Fiscal Jefe, Juan Carlos Caperochipi, coordinó la investigación con los Comisarios Andrés García y Pablo Lobos y designó al frente de la investigación a la Fiscal General, Andrea Rubio. Todo ello dentro del marco de la política de persecución penal emanada desde la Procuración General de la Provincia, encabezada por Jorge Miquelarena.
Desde finales de 2019 se vio afectada en diversas ocasiones la provisión de electricidad en distintos sectores de la ciudad, ello a partir de estos ilícitos en donde se apropiaban de tendidos aéreos, subterráneos e incluso suministros que se encontraban en acopio para tal fin. Fueron numerosísimos hechos que perjudicaron a instituciones como YPF, la SCPL, INCRO, otras empresas y a la comunidad en general a partir de cortes en el suministro de energía.
A partir de ello se desarrolló una minuciosa investigación a efectos de esclarecer los ilícitos que se producían, con las dificultades investigativas que surgen ya que se trataba de ilícitos cometidos en espacios no habitados y de difícil control por parte de los responsables de las instalaciones. Siendo el lugar de acopio un domicilio en Barrio Industrial, la ciudad de Caleta Olivia y domicilios particulares de empleados de empresas de servicios petroleros.
Como resultado de las diligencias realizadas se recuperaron numerosos elementos que permiten no solo interrumpir la comisión de éstos ilícitos, sino también dilucidar (tal cual el objetivo de la investigación) quienes son los autores, como operaban y de qué forma acopiaban, reducían o comercializaban posteriormente dichos elementos mal habidos. Se trata en definitiva de un grupo numeroso de personas entre los cuales no se descarta la participación de empleados de las propias empresas e industrias perjudicadas.
Oportunamente, una vez sistematizada la información que se ha recabado, el Ministerio Público Fiscal procederá a concretar las respectivas imputaciones.
