El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, defendió el trabajo de los fiscales de la Unidad Anticorrupción, frente al malhumor social que provocó la aceptación del instituto de la suspensión del juicio a prueba para los empresarios acusados de coimeros, a cambio de que éstos hagan obras comunitarias.
«Yo banco el trabajo de los fiscales», afirmó Miquelarena en Radio Chubut. Según definió, trabajan a destajo con muy pocos recursos para investigar causas de corrupción emblemáticas. Sin embargo, el procurador provincial reconoció cierta discrepancia con el uso de la probation, sobre todo en esta etapa porque no hay razones para apresurarse en una definición.
También recordó que el tipo penal escogido ya no es de “cohecho activo” como se dijo en un principio, sino de “cohecho pasivo”, es decir una forma mucho más amigable con los empresarios de la construcción que aparecen como parte del soborno pero en cabeza de los funcionarios venales.
El procurador general de la provincia reconoció sin embargo algo que se advirtió desde el servicio informativo de Radio Chubut, respecto a que existió “consentimiento de la fiscalía para el instituto” de la suspensión del juicio a prueba, con lo cual los empresarios de la construcción obtuvieron un enorme beneficio que no solo abarcará a los tres primeros que ya lo lograron, sino a los demás que se colgarán del mismo procedimiento.
Miquelarena pidió comprensión a la ciudadanía frente a este instituto de la probation que suena a concesión para quienes hace apenas unos días atrás fueron presentados como corruptos, indicando que es una figura que está en el código y no puede ser desconocida porque se estaría desatendiendo el principio de la objetividad.
De paso aprovechó para cuestionar la falta de recursos humanos y materiales que tiene el ministerio público para investigar las causas pesadas como son estas, vinculadas con presuntos hechos de corrupción.
