El Gobierno Nacional se apresta a encarar la campaña electoral segmentando el reparto de dinero según las clases sociales para tonificar el consumo: a la baja, incluidos pobres e indigentes, que comprende la mitad de la población, le toca la mayor parte de los 15 mil millones de pesos que significa el aumento del 45% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 64% de los jubilados que cobran la mínima se irán a 10.410 por la aplicación del 11,8% de la movilidad.
Para darle a la clase media y media baja, o sea al 28% de las familias, que el radicalismo considera electorado propio, la Casa Rosada prevé obtener una dispensa del FMI para suspender a partir de mayo y hasta después de los comicios el cronograma de reducción de los subsidios a la energía, lo que significa una tregua a los tarifazos hasta nuevo aviso. Y a las clases alta y media alta, que representan el 22% de la población, anclarle el dólar en torno de los 40 pesos en que estaba hace 5 meses tras la corrida cambiaria del 2° cuatrimestre del año pasado. Les transmite una sensación de mejoría en el poder adquisitivo dolarizado, que al menos ya las anima a mirar si cambiarán el auto, comprarán un inmueble o electrodomésticos de alta gama o reservarán un pasaje y estadía para viajar al exterior. Por de pronto, empezaron por reanudar las escapadas de frontera, como en el fin de semana largo de los carnavales, cuando más de 20 mil argentinos cruzaron a Chile a pasear y de paso hacer shopping escolar. Al FMI le preocupa más una eventual corrida cambiaria por una crisis de confianza que admitir más inflación reforzando el gasto social y dejando para más adelante el plan de eliminación de los subsidios económicos que paga la Tesorería, con tal de no seguir subiéndoles las tarifas a los sectores medios en plena campaña.
Las demoras de hasta una hora y media que hubo el viernes para cruzar el paso fronterizo a Chile marcaron un quiebre de tendencia después de 5 meses de dólar a 40 pesos, aunque se tratara de unas minivacaciones para vestir a los chicos y llenar las mochilas.
El director regional de Migraciones en Mendoza lo puso en números: tras una baja en verano del 25% de turistas argentinos, en comparación con el año pasado, hubo un pico de 11.000 personas el primer día del fin de semana largo de carnavales, pero finalmente totalizaron 24.000 personas, según expresó a Cadena 3.
La corrida de mayo a setiembre del año pasado terminó de duplicar la paridad, desde los 20 pesos en que se encontraba al cabo de 2017, con lo que el 22% de los hogares argentinos que componen la clase pudiente, según la clasificación socioeconómica de la consultora W, sintió que en esa instancia su nivel de vida dolarizado le devaluaba a la mitad y reaccionó recortando consumos en bienes durables, como inmuebles, autos, electrónica.
Como consta en la merma de ventas, desde entonces, en cada uno de esos rubros de consumo, lo mismo que en la retracción del turismo al exterior, y paralelamente en el crecimiento de depósitos a plazo fijo, la actitud de la mayoría de quienes manejan excedentes en sus ingresos fue defensiva: resguardarlos en la tasa bancaria súperpositiva o atesorar dólares en lugar de gastarlos.
Siguieron, eso sí, activos en el comercio online, que creció 50%, y la AFIP les puso al alcance las compras en el exterior, mediante la baja en las tasas y flexibilización de la normativa para dar una alternativa a los tours de shopping, por el traslado de la devaluación a los precios internos.
Lo que sucede es que, más allá de la paridad dólar-peso, de acuerdo con el Índice Falabella que creó el economista y consultor Federico Muñoz a mediados de 2016, los argentinos pagamos un promedio del 81% de sobreprecio en las mercaderías importadas. Y en agosto era peor, porque estaba en el 108%.
Pero, además, el pass through se notó en subas de hasta 45% en categorías de electrodomésticos y tecnología del retail local, como detectó DatosClaros mediante su solución Price Intelligence.
GFK Argentina combinó en su informe que en enero los electrodomésticos subieron 32% promedio, en pleno desmoronamiento de la comercialización de notebooks, PC de escritorio y tablets (-46%); del -41% de los televisores planos; -25% de los pequeños electrodomésticos (licuadoras, microondas); -26% de los grandes electrodomésticos (heladeras, lavarropas, cocinas), y -15% de los aires acondicionados, calefactores a gas, eléctricos y placas, conforme publicó BAE Negocios.
Debajo de esa línea de corte (de los que pueden desembolsar de US$200.000 para arriba en el Real Estate nacional o de los 300.000 en adelante por un auto 0Km sin necesitar acudir una financiación bancaria prohibitiva de largo plazo tal como la de UVA o la de tasas superiores al 60%), viene una clase media baja que aglutina a un 28% de los hogares.
Y que dependía para llegar a un bien durable, conforme a su escala de ingresos, del envión que recibían de los planes de cuotas fijas sin interés, tanto en las ofertas como en las tarjetas de crédito, ahora inexistentes.
Constituye esta la demanda que le está faltando a la vernácula industria electrónica del continente y de Tierra del Fuego, así como a las cadenas Garbarino, Frávega, etc., y a las terminales automotrices, fuere como importadoras o productoras.
50% off
Fuera del mapa del consumo (del general, el online o el dolarizado) se halla la mitad de los hogares pertenecientes a la clase baja, según la caracterización del consultor de corazoncito oficialista, Guillermo Oliveto.
La línea de la pobreza los divide entre el tercio que por sus ingresos familiares mensuales promedio está por encima y 17% que no alcanza a cubrir las canasta básica, a los que el gobierno le dedica la AUH y los otros planes sociales –según publica Urgente 24-.
El reclamo que acaban de expresar al macrismo los socios radicales de Cambiemos es que el gobierno haga algo con las tarifas y con el consumo a fin de poder aliviar tensiones con la base del electorado que los vinieron acompañando desde 2015: la clase baja superior y la baja.
Entre ambas, según la consultora W, suman nada menos que el 51% de las familias ponderadas en la pirámide socioeconómica.
Así como el gobierno le pidió una dispensa al Fondo Monetario Internacional para ampliar el déficit primario 0,3 punto y dar cabida de una vez al 45% de aumento a las 4 millones de Asignaciones Universales por Hijo existentes previsto para todo el año, le queda por delante una gestión formal ante el organismo para suspender el cronograma de reducción de los subsidios económicos, es decir, para dejar de aplicar hasta después de las elecciones los incrementos en las tarifas de los servicios públicos y combustibles.
Y en cuanto al consumo, se encomendó al poder adquisitivo que surja de las paritarias a mitad de año y que, para ese momento, desactivado el motor de las tarifas y con el cambio quieto, la inflación haya sido bajada a menos de 2 puntos mensuales.
Condición sine qua non es que no se licúe durante la campaña la sensación de que el sueldo alcanza más, si llegara a suceder que se dispara el dólar llevándose a la rastra a los precios, lo cual sin más significaría el réquiem a las aspiraciones reeleccionistas de la Administración Macri.
El balance de divisas le da bien porque entre los US$ 11.000 millones de los desembolsos del FMI en este año y los US$17.500 millones de liquidación de la cosecha de soja en abril, se cubre con creces el pago de intereses de la deuda en dólares por vencer.
Para setiembre, el campo debería liquidar unos US$12.500 millones más que completarían el ingreso de agrodólares estimado para esta cosecha.
El ex titular del Banco Central, Martín Redrado, afirmó en una columna de opinión publicada por Clarín que “si todos los vencimientos del año en pesos se pagaran con dólares del organismo multilateral, la oferta potencial de divisas ascendería a unos US$ 11.500 millones y, particularmente, unos US$ 7.900 millones en el 1er. semestre”.
Sin embargo, el panorama se completa con un dato más que importante que llega de afuera: los fondos de inversión están volviendo a los mercados emergentes luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera pistas de que subirá las tasas de interés de forma más pausada y Argentina está ofreciendo rendimientos limpios notables, aun cuando entraran a $40 y se fueran a los $48 que se esperan para la cosecha. Serían a lo sumo 20 puntos de devaluación a descontarle a una renta del 25% en el semestre.
Sólo una crisis de confianza, como por ejemplo que el kirchnerismo arrasara en las PASO de agosto, convertiría a los más de $2 billones de plazos fijos y porciones en moneda nacional en las carteras de inversión en un riesgo latente de pasarse al dólar, sin eufemismos, armar la tan temida corrida.
Redrado recuerda la hoja de ruta de un proceso así: a su vencimiento, los particulares pasan los depósitos a plazo fijo a la vista, y luego, esperan el momento adecuado para comprar moneda extranjera; en general, preceden a las empresas.
Salvo que esto suceda, se avecina un atraso en el tipo de cambio durante algunos meses, “hasta empalmar con los dólares de la cosecha y los del FMI, siempre y cuando se sostenga el escenario global. En este escenario en el que se mantiene la sed de los fondos globales por los emergentes, el dólar seguirá viajando detrás de la inflación», estimó Federico Furiase, director de la consultora EcoGo.
En estos momentos, el tipo de cambio real aún está 50% por encima del valor que tenía a la salida de la Convertibilidad. Tomando el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas, que sigue el Banco Central, en setiembre de 2018 estaba 35,37 puntos apreciado respecto de una canasta de monedas constituida proporcionalmente por el real (en un 32%); el dólar estadounidense (en un 12%); el yuan chino (16%); y el euro (19%). Bajó al 18,24 en diciembre, siguió declinando en enero de 2019 a 15,84, se apreció levemente a 16,62 en febrero.
Aunque continúa en ventaja competitiva en comparación con el nivel final del anterior gobierno, cuando estaba 12 puntos por encima, se encuentra muy lejos de aquellos 98,95 puntos de depreciación de junio de 2002, cuando la crisis sumió en la pobreza a la sociedad argentina.
En la antesala de las elecciones, se vuelve a dibujar en las clases sociales pudientes la percepción de un dólar barato, y se advierte en las compras anticipadas de pasajes al exterior para la próxima temporada, en las escapadas de compras, como la reciente a Chile, y en el presagio de algún movimiento en las plazas inmobiliaria y automotriz.
Con la inflación al galope encima del 3% mensual desde la corrida del 2do cuatrimestre del año pasado, que el dólar se haya mantenido debajo inclusive de los $40 que había alcanzado, mejora en las clases altas la sensación de alguna recuperación del poder adquisitivo en moneda extranjera, al menos para no caer en la desazón de estar peor que antes.
En ese sentido, alerta el diputado por el Frente Renovador, Marco Lavagna, que el atraso cambiario es “un parche para que en algún momento el tipo de cambio vuelva a saltar”. Y desaconseja que se lo use de ancla electoral para “tratar de mostrar que la economía está mejor de lo que está”.
Sin embargo, la calificadora de riesgo Fix, subsidiaria local de Fitch Ratings, no escucha los cantos de sirenas y ratifica que las empresas argentinas tendrán un mal año y que las más afectadas serán las de consumo masivo, alimentos y bebidas y manufacturas orientadas al mercado local.
Según la agencia, la realidad de este año es que las compañías en general deban “adaptarse a un contexto de menor nivel de actividad, mayor inflación y elevadas tasas reales de interés”, además de que algunos sectores sentirán la “volatilidad externa y del tipo de cambio”.
Vaticina una resistencia en la desaceleración en la evolución del IPC, que estima alcanzará el 31% interanual al cierre del año, y la vincula a la necesidad de reducir el gasto público en subsidios económicos y a la inercia inflacionaria de 2018.
De ser así, el incremento de precios superaría a la evolución del tipo de cambio, estimado en 49 pesos a fin de año, a no ser que el FMI afloje la soga en la imposición de transferir subsidio a tarifas.
