Que no se dispare el dólar y que funcione el trade carry para que el reingreso de algunos capitales golondrinas vaya haciendo bajar la tasa en los meses que faltan para las elecciones, aseguran, sino la reelección de Mauricio Macri, al menos que su Gobierno pueda llegar a las urnas para disputarla. Flaco favor le hace a sus chances con los incesantes aumentos de precios regulados de servicios públicos, como luz, gas, agua, transporte y, de algún modo, combustibles, que mantienen elevada la inflación, ahora recalculada en el REM del Banco Central en 29% para todo 2019. Pero el otro descuido viene por el lado de las consecuencias que trae la recesión que convalidó dentro del plan de ajuste en marcha, bajo la forma de telegramas de despidos y de suspensiones que se prolongan desde los últimos dos meses del año pasado, más de la mitad originados en la industria.
Y no es para menos si se tiene en cuenta que se moviliza casi a media máquina: las plantas textiles y las automotrices, que son las que más mano de obra expulsaron, vienen de estar 55% ociosas.
Una rama que venía a los tumbos, como la electrónica, inclusive, comenzó el año con un plan de cesantías que comprende a 1.500 trabajadores de Tierra del Fuego. El puntapié inicial lo acaba de dar la centenaria firma BGH. Por si la parálisis de la propia política económica vernácula no fuera suficiente, las reconversiones agregan su cuota de incertidumbre laboral: la crisis de circulación de los diarios terminó de llevarse puesta a la imprenta de La Nación, ubicada en la calle Zepita, en el barrio de Barracas, que implicó el despido de 72 trabajadores gráficos, que se sumó a 30 que se habían consumado voluntariamente. El empleo no sólo repercute directamente en el índice de pobreza, sino también en la aritmética de votos, que, precisamente, al oficialismo no se le presenta demasiado holgada que digamos.
Inclinada de lleno al ajuste fiscal auditado por el Fondo Monetario Internacional y sus resultantes desembolsos del crédito stand by que aventan riesgos de eventuales corridas cambiarias en el año electoral, la frazada corta del gobierno deja al descubierto las malas ondas que se vienen cerniendo sobre el empleo.
El temor a que se vea afectado por la recesión alcanza a un universo de nada menos que 6,2 millones de trabajadores registrados en el sector privado y unos 4,5 millones de informales, que se repliegan en el ahora precario refugio de un sobre de sueldo mientras sienten que las balas que, el año pasado solo, liquidaron 200 mil puestos les pican cada vez más cerca.
Desde Río Grande acaban de ser anunciados los inminentes 435 telegramas que despachará la empresa BGH, el principio de un plan que se irá ejecutando en los próximos meses y comprende a las distintas plantas fueguinas, según la UOM local, las cuales en conjunto estarían previendo unos 1.200 despidos en Río Grande y 300 en Ushuaia –según publica Urgente 24-.
De modo que el conflicto arranca en una compañía de capital nacional, aunque con una existencia más que centenaria, e impacta de lleno en toda la industria electrónica, directamente relacionada con el consumo doméstico.
Igual sucede, en la misma provincia, con la textil Armavir, de Río Grande, donde el gremio lleva propuestas a los dueños para que reviertan su decisión de despedir a unos 70 trabajadores.
El sector atraviesa una virtual parálisis por falta de demanda, que se traduce en una menor elaboración de hilados de algodón y de tejidos, tanto planos como de punto.
La página especializada Infogremiales asegura que casi la mitad de los industriales, según un estudio de la UIA, prevé avanzar en despidos para reducir sus planteles de trabajo, lo que fue ratificado por el informe de Ecolatina según el cual la pérdida de trabajos ya se inició en verano.
La explicación que dio al respecto, en declaraciones a BAE Negocios, la economista especializada en industria Agustina Gallardo es que “probablemente en los próximos meses se acentúe el deterioro laboral porque los números de actividad económica muestran que continúa cayendo. Asimismo, hay una capacidad ociosa promedio del 40%, por lo que debemos inferir que más o menos esa misma proporción de trabajadores están ociosos. Las empresas empiezan a verse más acorraladas: si la actividad no se recompone, lo más probable es que continúen los despidos”, señaló.
La destrucción de 200 mil puestos de trabajo que SIPA registró entre abril y noviembre últimos cruzó el rubicom gregoriano y trasladan la inercia al presente año.
Laburo cesante
En el informe anual de despidos y suspensiones elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) consta que en 2018 hubo 69.696 despidos y suspensiones, a un promedio de 5800 por mes.
O sea que hubo 33.162 casos de cesantía más que en 2017.
Pero, al mismo tiempo, la duplicación respecto del año anterior de las desvinculaciones que tuvo lugar en noviembre y diciembre (104%) se ensañó más que nada con la industria y marcó tendencia: 1 de cada 6 fue consecuencia del cierre de empresas manufactureras.
El reporte del instituto que dirige Hernán Letcher contabiliza 37.341 trabajadores despedidos en la industria; 16.303 en el Estado, sumando a las empresas del capital estatal y las reparticiones de la órbita del Poder Ejecutivo; 13.470 de empresas de servicios; 1581 de la construcción; 1001 del sector primario.
Poniéndoles nombres, menciona:
-en la industria automotriz suspensiones en General Motors, FIAT, Renault y Volkswagen y despidos en Itec y Metalpar;
-en el sector textil, despidos en Alpargatas, Karavell, Coteminas, Adidas, Cadein y Gaelle;
-en alimentos y bebidas, Ingenio San Isidro y el Tabacal, Alijor, La Campagnola, Alco Canale, Nestlé y Villa del Sur;
-en electrónica y electrodomésticos, despidos en Eskabe y suspensiones en Electrolux y Mabe;
-en el sector metalúrgico, despidos en Emepa, Epson, Stockl, Indequil, Rheem y la Metalúrgica Tandil;
-en comercio, supermercados Walmart, Disco, Jumbo, Carrefour y Coto;
-en la construcción, Cartellone y Homaq, y
-en el sector primario, concentrados en la actividad pesquera, en Centauro, Chiarco, Pescados y Mariscos Patagónicos, Poletti y Valastro.
Desde el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional del San Martín (UNSAM) advierten que el estancamiento se prolonga en el tiempo. Y que las contrataciones de nuevos trabajadores se paralizaron desde noviembre de 2018 hasta para compensar renuncias o jubilaciones, quedando en un nivel inferior a las del mismo mes de 2001 y 2002.
En consonancia con lo que está sucediendo en la industria textil y en los diferentes rubros, el instituto remarcó que “la mayoría de los sectores pierde empleo” si bien la destrucción se concentra en: Industria con 47% del total; Comercio con 25%; y Construcción con 18%.
No harían falta demasiados análisis macroeconómicos para entender lo que sucede con el empleo desde 2018. Basta con recordar que en el penúltimo mes el uso de la capacidad instalada fabril se contrajo 5,2% interanual, en el marco de un retroceso general de la actividad manufacturera del 13,3% interanual.
De acuerdo con los datos del INDEC, el aprovechamiento de las instalaciones se ubicó en 63,3%, siendo los sectores más golpeados el textil y luego el automotor, cuyo nivel de utilización de la capacidad instalada descendió al 44,4%.
