México será el primer país del mundo que elija a todos sus jueces por voto popular. Los cambios en el Poder Judicial llegan luego de que se aprobara una reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus detractores afirman que fulmina la independencia de poderes. La elección de casi 1.600 funcionarios se llevará a cabo en 2025 y 2027.
«Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el poder judicial, está más que demostrado, no imparte justicia«, dijo el mandatario, al celebrar la aprobación de la enmienda que tensó las relaciones con Estados Unidos -principal socio comercial de México- y genera nerviosismo económico.
López Obrador, quien entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la enmienda constitucional en el marco de un choque con la Suprema Corte, a la que acusa de favorecer la corrupción y a grupos criminales, y de ser la trinchera de la oposición. «El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado», consideró a su vez Sheinbaum en X.
El máximo tribunal ha bloqueado reformas de López Obrador que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares, entre otras. Actualmente, la impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90%, según la propia Suprema Corte.
Algunos magistrados de ese tribunal, Estados Unidos, Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch advierten que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales. Supone la «demolición» del Poder Judicial, denuncia la presidenta de la Corte, Norma Piña.
Tras la aprobación en el Senado, la reforma debe ser avalada por al menos 17 congresos estatales, lo que no parece un obstáculo para el partido Morena y sus aliados que controlan dos tercios de las gobernaciones. Luego será promulgada por la presidencia. Esos trámites iniciaron el miércoles en varios estados.
López Obrador, cuya popularidad supera el 70%, sostiene que la Corte carece de facultades para detener la enmienda mediante impugnaciones.
Cómo será la elección de jueces por voto popular en México
La elección de casi 1.600 funcionarios se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo -donde el oficialismo tiene amplias mayorías- y Judicial. Podrán postular los actuales jueces, pero de no hacerlo permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
La reforma incluye la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo gubernamental para vigilar el comportamiento del personal judicial, cuyos magistrados también deberán ser elegidos en las urnas en 2025.
Todas las elecciones serían reguladas y supervisadas por el Instituto Nacional Electoral, presuntamente sin intromisión de los partidos políticos.
Otros de los cambios es achicar el número de miembros de jueces de la Suprema Corte, de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, dependiendo de qué juez haya sacado un mayor porcentaje en el voto. La duración de los cargos también dependerá de la cantidad de votos: 14 años los que hayan sido más votados, 11 y 8 los que menos.
También se establecen requisitos para presentarse a elecciones para magistrados y jueces federales. Necesitarán tener un título en Derecho, con un promedio de mínimo 8, cinco años de experiencia en cargos relacionados, ensayos sobre tópicos relevantes y cinco cartas de recomendaciones para el cargo.
Entre los cambios que trae la enmienda, la figura de los «jueces sin rostro» para enfrentar al crimen organizado preocupa a Ana Paola Morales, manifestante y alumna de relaciones internacionales de 23 años. Viola el «derecho de saber quién te está juzgando (y) por qué cargos», dice a la AFP.
La reforma fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra, tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes.
Debido a ello, las deliberaciones fueron trasladadas a la antigua sede del Senado en Ciudad de México, como ocurrió una semana atrás cuando la Cámara de Diputados tuvo que aprobar la norma en un polideportivo, pues su edificio fue bloqueado.
