El diputado nacional de Chubut presentó un proyecto con esa intención. Indicó que cambiaron las condiciones de contratación ya que, según estadísticas oficiales, solo en la primera semana del aislamiento para prevenir el coronavirus los accidentes viales se redujeron un 87%, por lo que hay un fuerte descenso del riesgo de siniestralidad durante el confinamiento.
El diputado nacional chubutense Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso un proyecto con el objetivo de que baje el precio que paga la gente por las pólizas de seguros de responsabilidad civil de automotores, en función del menor riesgo de siniestralidad que implican las restricciones a la circulación dispuestas a nivel nacional para prevenir la pandemia del coronavirus.
En concreto, el proyecto implica la bonificación del período que va, en principio, del 20 de marzo al 12 de abril, es decir los días dispuestos por el Gobierno Nacional para el aislamiento social preventivo y obligatorio. De extenderse, también debería prolongarse la bonificación pedida por el proyecto.
En la iniciativa, que lleva el número de expediente 1.203-D-2020, Menna contó con el acompañamiento de Brenda Austin (UCR, Córdoba), Facundo Suárez Lastra (UCR, CABA), José Luis Riccardo (UCR, San Luis), Claudia Najul (UCR, Mendoza), Juan Martín Mussachio (UCR, Santa Fe), Ximena García (UCR, Santa Fe), Gabriela Lena (UCR, Entre Ríos), Lidia Ascárate (UCR, Tucumán), Estela Regidor (UCR, Corrientes), Mario Arce (UCR, Formosa) y Gonzalo del Cerro (UCR, Santa Fe).
Los fundamentos del proyecto indican que, por las restricciones a la circulación, “existe una notoria disminución de la siniestralidad por hechos dañosos para las personas y las cosas provocados con automotores, y como consecuencia de ello, del riesgo asegurado”.
En este marco, Menna aseguró que “esto significa que la ecuación económica al momento de determinar el precio de las pólizas se ha desbalanceado a favor de las compañías aseguradoras en perjuicio del asegurado, que de esta forma está pagando por un período de baja de siniestralidad que -en principio- abarca prácticamente un mes, un precio que no resulta ser equitativo y genera una utilidad desproporcionada y carente de causa a las compañías aseguradoras”.
Entre otros aspectos, el diputado nacional sustentó la fundamentación en el artículo 1.091 del Código Civil y Comercial de la Nación, que indica que “frente a una situación sobreviniente a la formulación del contrato que lo torna excesivamente oneroso para una de ellas por circunstancias ajenas a las partes -como se verifica en la presente situación-, deja habilitada una readecuación de los términos de esa relación con base en la teoría del esfuerzo compartido”.
Y mencionó además que la contratación de un seguro no es optativa, sino que viene impuesta por el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito (ley 24.449).
En plano normativo, además, observó Menna que “la tutela de los derechos de usuarios y consumidores constituye un mandato de máximo nivel jurídico, ya que está consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional”, que establece que “en la relación de consumo las personas tienen derecho a la protección de sus intereses económicos y que constituye un deber de las autoridades proveer lo necesario para la efectiva protección de esos derechos”.
Así, en el contexto actual, añadió, “se configura un precio excesivo a favor de las compañías aseguradoras que no reconoce un riesgo asegurado de la dimensión existente al momento de celebrar el contrato, como consecuencia del abrupto descenso de vehículos en circulación en la vía pública”.
“Estamos frente a personas que constituyen consumidores cautivos para las compañías aseguradoras, en un escenario de reducción drástica de los vehículos en circulación y, con ello, del riesgo de siniestralidad asociado”, agregó.
Y basó además la mención del descenso del riesgo en estadísticas oficiales: “La Agencia Nacional de Seguridad Vial reporta que solo en la primera semana de la ‘cuarentena’, entre los días 23 al 29 de marzo, los accidentes viales se redujeron un 87%”.
Por ello, cerró, se solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, que “de manera urgente dispongan que las compañías aseguradoras bonifiquen a los tomadores de seguros de responsabilidad civil de daños causados a terceros transportados o no, el menor riesgo de siniestralidad existente desde el día 20 de marzo de 2020 y hasta tanto se extiendas las restricciones a la circulación por las actuales o futuras medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
