Para ello, el diputado nacional chubutense presentó este martes un proyecto de ley. Fue con acompañamiento de Mario Negri, Alfredo Cornejo y otros 19 legisladores. La propuesta no incluye a funcionarios públicos, fiestas clandestinas y el quebrantamiento de la cuarentena por parte de infectados, contactos estrechos y viajeros.
El diputado nacional Gustavo Menna presentó este martes un proyecto de ley para otorgar una amnistía a todas las personas con causas penales abiertas por quebrar el aislamiento y el distanciamiento social decretados durante la pandemia.
El proyecto prevé algunas excepciones, y busca la igualdad ante la ley frente a la transgresión del presidente Alberto Fernández, tras conocerse por fotos su participación en un cumpleaños en Olivos cuando estaban vigentes las medidas de prevención que el propio mandatario había decretado.
Las excepciones a la amnistía son los casos en los cuales los imputados sean funcionarios públicos; las reuniones o fiestas clandestinas; y las personas que quebrantaron la cuarentena por estar contagiadas, haber sido contactos estrechos de un infectado de COVID-19 o por un viaje del exterior o de otra zona del país.
Igualdad ante la ley
En la presentación del proyecto, Menna fue acompañado por el presidente del Interbloque, Mario Negri, el diputado mendocino y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, y otros 19 legisladores.
La ley propuesta, dijo Menna, “permitirá restablecer un sentido de justicia e igualdad ante la ley y evitará incurrir en la incongruencia de sancionar penalmente a los particulares por reglas que las autoridades incumplen, a sabiendas de lo que están haciendo”.
En tanto, Alfredo Cornejo, coincidió con que se busca la igualdad ante la ley, y agregó: “El Presidente frente a la pandemia creó un ‘Estado del miedo’ para los ciudadanos en lugar de un Estado del cuidado. Su entorno no tuvo ningún problema en conseguir y gozar de privilegios que al resto del país se negó”.
Libertades afectadas
En este sentido, Menna añadió que tras el dictado de las medidas de prevención hubo en todo el país controles férreos que afectaron las libertades personales previstas en la Constitución, como resultado, mencionó, de la “dispersión normativa, que provocaba que lo que un lugar era considerado un servicio esencial en otro no lo era”.
“La persecución penal no discriminó entre los hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto, de otras más graves como reuniones o fiestas clandestinas o el no cumplimiento de cuarentenas dispuestas para quienes estaban infectados, contactos estrechos o personas que arribaban de un viaje”, consideró
Agregó que las normas, además, “dieron lugar a situaciones de violencia institucional muy graves, que en algunos casos implicaron la pérdida de vidas en circunstancias no esclarecidas como las de Facundo Astudillo Castro, Nahuel Gómez, Federico Rey, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Ezequiel Corbalán, Ulises Rial, Augusto Oscar Iturralde, Lucas Nahuel Verón y Raúl Dávila en Provincia de Buenos Aires; Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán; Mauro Coronel y Franco Isorni en Santiago del Estero; Florencia Magalí Morales y un adolescente de nombre Franco en San Luis; Facundo Scalzo en CABA y Valentino Blas Correas en Córdoba”.
Reuniones en Olivos
Menna remarcó que “el propio Presidente de la Nación fue partícipe de reuniones y al menos una fiesta prohibidas por los DNU que él mismo emitía, llevadas a cabo en la sede oficial de residencia, la Quinta de Olivos”, en el momento más restrictivo de la pandemia, en julio del año pasado.
Dijo que “el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por decreto fue el primero en incumplirlas”, y que esta situación “se contrapone con el principio de igualdad ante la ley”.
“La revelación de la fiesta en Olivos da lugar a que sea una incongruencia que subsistan causas penales contra personas que cometieron la ‘falta’ de circular por la calle para ir a su trabajo, a visitar a un familiar enfermo o simplemente a tomar aire y ejercitarse”, agregó.
Las causas abiertas “generan una sobrecarga que suma más al atraso que suele afectar a la Justicia Federal, especialmente en materia penal, y la desenfoca de las causas más relevantes y que demandan rapidez como las vinculadas al narcotráfico, corrupción, trata de personas, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros”, concluyó.
También acompañaron el proyecto los diputados Ricardo Buryaile, Juan Martín Musacchio, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Claudia Najul, Atilio Benedetti, Alejandro Cacace, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Karina Banfi, Ximena García y Brenda Austin.
