Es para que la responsabilidad de la misma sea del productor y no de los municipios. Para ello, el legislador por Chubut presentó en el Congreso el proyecto de ley para establecer en la Argentina los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases. La iniciativa incluye como principio novedoso en el país la Responsabilidad Extendida del Productor. Además busca incentivar la economía circular para la reutilización de los envases, con su potencial para generar empleo.
Con acompañamiento de una decena de legisladores de distintas provincias, el diputado nacional por Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer en la Argentina los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases. La iniciativa prevé como aspecto novedoso en el país el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), cuya aplicación permite aliviar los presupuestos que los municipios de todo el país destinan a la disposición final de los envases.
La iniciativa busca garantizar el principio constitucional incluido en el artículo 41 de la Carta Magna que establece el derecho a un ambiente sano y a un desarrollo sustentable; así como se encuentra en línea con la Ley 25.916, sobre Gestión Integral de Residuos Domiciliarios y su disposición final. Además incluye el concepto de “presupuesto mínimo” previsto en la Ley General de Ambiente que lleva el número 25.675.
En la presentación, Menna contó con el acompañamiento de Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Alejandro Cacace (San Luis), Álvaro De Lamadrid (CABA), Gonzalo Del Cerro (Santa Fe), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Mario Arce (Formosa), Brenda Austin (Córdoba), Ximena García (Santa Fe) y Aída Ayala (Chaco).
Al fundamentar el proyecto, Menna mencionó el atraso que, dentro de la región, Argentina tiene en la temática, cuya discusión lleva más de 20 años.
Economía circular
Además del concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, la iniciativa se basa en el enfoque de la economía circular. Es decir, aquella que, a diferencia de la vigente lógica lineal del “use y tire”, alude a un modelo de producción y consumo que implica reusar y reciclar materiales todas las veces que sea posible, agregando valor.
La economía circular, graficó, “presenta innumerables beneficios ambientales, económicos y sociales”, ya que “cada vez que enterramos materiales que tienen valor -como ocurre con el plástico, vidrio o cartón-, lisa y llanamente se entierra dinero, se entierra la posibilidad de crear puestos de trabajo y se perjudica el ambiente”.
En este sentido, agregó, “la gestión de envases bajo el Principio REP no sólo tiene efectos ambientales positivos, sino que en la Argentina también generaría un efecto positivo en la economía, en la medida en que la industria recicladora y transformadora es, en su mayoría, PYME con capacidad ociosa, es decir, con posibilidades de producir y generar puestos de trabajo”.
Menna indicó que su propuesta tiene como antecedentes otros proyectos presentados en su momento en el Congreso de la Nación, “como los de las diputadas Soria y Nazario, que encuentran su origen en una iniciativa que el Ejecutivo Nacional trabajó con las autoridades ambientales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, sumando aportes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) de INTI, ANMAT y SENASA como así también de la Unión Industrial Argentina (UIA) y las cámaras que agrupan a la industria recicladora y transformadora”.
Costos de la gestión
En cuanto al principio REP, Menna explicó que “el simple hecho de que en nuestro sistema normativo ambiental no haya sido establecido” el mismo para la gestión de los envases “hace que las autoridades municipales (y desde luego los ciudadanos a través de los impuestos y tasas que pagan) deban hacerse cargo del costo de la gestión de los envases post consumo que, en gran parte de los casos, terminan en basurales a cielo abierto”.
Este concepto, agregó, fue desarrollado como principio político por el académico sueco Thomas Lindhqvist en la década de 1990, y “proviene de la OCDE, pero su aplicación se ha generalizado en el mundo y en varios países de nuestra región, como Uruguay, Brasil y Chile, porque contribuye de modo diferencial a mejorar los porcentajes de valorización, recuperación y reciclaje. Además alienta a los fabricantes a mejorar el diseño de sus envases y embalajes, en la medida en que van a cargar con el costo de su gestión”.
Agregó el legislador que “la instauración legal del principio REP tiene efectos de fundamental importancia: por un lado, el desplazamiento de la responsabilidad legal y financiera por la gestión de los envases del Estado al productor de los mismos; por el otro, el alivio de los presupuestos municipales”.
En este último aspecto, enfatizó en que “según estimaciones, los envases constituyen el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos y a la vez el 60% del volumen de una bolsa de residuos de origen domiciliario”, y agregó que “la carencia de una gestión de envases implica el taponamiento de los desagües pluviales, una mayor cantidad de residuos transportados y mayor volumen de disposición final; es evidente la pesada carga que los mismos constituyen para las arcas municipales”.
A modo de conclusión, el legislador sostuvo: “La implementación de la ley de envases puede contribuir también a disminuir la contaminación de suelos y ríos y a reducir la contaminación del ambiente marino por plásticos”, y añadió: “El Principio de Prevención previsto en la Ley General del Ambiente encuentra en la REP una expresión particular: por un lado apunta a la prevención en la generación de residuos, al generar menos, y por el otro, que aquello que se genera sea más fácil y menos costoso de reciclar”.
