Para ello, el legislador nacional presentó un pedido de informes a la Jefatura de Gabinete de la Nación. Pidió explicaciones además por la demora de 6 años en la reparación de una de las aeronaves, pese a que para ello el Gobierno Nacional firmó en 2015 un millonario contrato.
El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó en el Congreso un pedido de informes al Gobierno para que explique por qué los aviones de la Base “Almirante Zar” de Trelew están fuera de servicio, lo cual complica la disuasión de la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva. El legislador pidió, en este sentido, conocer por qué el patrullaje se realiza desde Punta Indio, en Provincia de Buenos Aires, y no desde las bases aeronavales ubicadas en la Patagonia, más cerca de los lugares en los que se registra la pesca ilegal.
En el mismo proyecto de Resolución -presentado bajo el expediente 1.547-D-21- Menna solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe los motivos por los cuales uno de los aviones de la Base Zar está en reparación desde hace 6 años, pese a que para ello en 2015, en la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se firmó un contrato por sumas millonarias con la empresa portuguesa OGMA. El avión, uno de los tres Orion con asiento en la Base Zar, aún permanece en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA).
Casi 400 buques sin permisos
El pedido de informes que Menna presentó por el estado de los aviones de la Base Zar está vinculado a la preocupación que el legislador planteó a principios de este mes, a través de un proyecto por el cual pidió que el Estado Nacional utilice “todos los medios disponibles” para disuadir la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva, ante la presencia de casi 400 buques extranjeros sin permisos de pesca a la altura del Golfo San Jorge.
En aquel proyecto, Menna y las legisladoras patagónicas Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz) pidieron emplear a los fines defensivos “todos los medios navales, aéreos, electrónicos y satelitales disponibles de patrullaje, disuasión, persecución y captura para garantizar la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales existentes en nuestro mar”, y plantearon la necesidad de endurecer las multas.
La pesca ilegal, dijo Menna en el pedido de informes sobre los aviones de la Base Zar, “lesiona la soberanía argentina y además perjudica el caladero por la pesca descontrolada y predatoria que llevan a cabo”.
Con ello, remarcó, “no solo se produce una afectación ambiental que perjudica la sustentabilidad de la pesquería, sino que también causa un grave daño económico al mermar la disponibilidad de capturas para la flota nacional con el perjuicio para las inversiones, el empleo y las exportaciones de nuestro país”.
Y en ese marco dijo que “resulta inexplicable que no se dispongan de los medios de patrullaje aéreo necesarios” para el contralor.
En el caso de la Base Almirante Zar de Trelew, indicó, “de las 6 aeronaves Orion P3-B cuatrimotores turbo hélice con gran capacidad de desplazamiento y la autonomía necesaria para llegar a la Milla 200 y hacer sobrevuelos de varias horas en la zona que se incorporaron hacia fines de los ‘90 no queda ninguna aeronave operativa”.
Esos aviones habían sido incorporados “en reemplazo de los Electra en la dotación de la Escuadrilla de Exploración dependiente de la Escuadra Aeronaval 6, que depende a su vez de la Fuerza Aeronaval 3 de la Armada Argentina destacada en la Base Zar”.
Sin aviones
“Es decir -enfatizó Menna- la Base Almirante Zar no cuenta con un solo avión que lleve a cabo tareas de patrullaje marítimo, detecte buques pescando ilegalmente, obtenga las pruebas fotográficas del caso y dé aviso a los medios navales para su persecución y captura”.
“Esos aviones fueron dejados fuera de servicio por vencimiento de sus fuselajes y al día de la fecha solo quedan tres en condición de ser reparados”, remarcó.
Al respecto, el diputado de Chubut recordó que en 2015 “se celebró un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la firma portuguesa OGMA, para llevar a cabo las reparaciones de los tres aviones Orion destacados en la Base Zar”.
El primero de los aviones “fue enviado en aquella oportunidad a FADEA en Córdoba para que OGMA hiciera el trabajo contratado; se pagaron sumas millonarias, pero transcurridos más de seis años la aeronave aún se encuentra en FADEA y las otras dos permanecen en su base sin poder volar”.
Observó en este contexto que “el resto de las bases aeronavales situadas en la Patagonia tampoco tienen aviones operativos y el control se realiza con aviones de menor porte, bimotores, de poca autonomía, que solo pueden llegar a la zona de la Milla 200 pero que deben inmediatamente regresar a sus bases por esa insuficiencia”.
“Esos aviones están destacados en la Base Punta Indios, en la Provincia de Buenos Aires. Si bien toman las bases de la Patagonia para sus funciones, es inexplicable que estas últimas bases, que están más próximas de la zona a patrullar, no cuenten con medios aéreos”, observó.
“Estamos convencidos que nuestra proyección sobre el Atlántico y la defensa de los recursos existentes en el Mar Argentino deben salir de la retórica declamativa, asumiendo las autoridades un compromiso real que pasa por el adecuado equipamiento necesario para tener una presencia efectiva y disuasoria en todo ese amplio espacio marítimo”, resumió.
El pedido
El pedido de informes busca que el jefe de Gabinete de Ministros precise cuándo se cumplirá el contrato celebrado con OGMA para tener los Orion en operación; cuánto se pagó a OGMA por ese contrato y las razones por las cuales a más de 6 años de celebrado aún no se reparó un solo avión; cuál es el plan que tiene previsto el Ministerio de Defensa para equipar a la aviación naval y de esa forma proteger en forma efectiva el Mar Argentino y sus recursos; por qué razón ninguna Base Aeronaval de la Patagonia cuenta con aviones y se toma como base operativa a una que está situada sobre el Río de la Plata y no sobre el Océano Atlántico y además lejos de la zona en que opera una flota pesquera ilegal de más de cuatrocientos buques extranjeros; y los motivos por los cuales no se afectan a este reequipamiento los recursos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) aprobado por la ley 27.565.
