Para ello, el diputado nacional de Chubut presentó un proyecto de Resolución junto a Lorena Matzen, de Río Negro, y Roxana Reyes, de Santa Cruz. Cuestionó la decisión de comprar 0 KM en el contexto de crisis, que YPF es una de las causantes de la inflación por los aumentos de las naftas, y que la empresa es beneficiaria del aporte solidario, creado por ley, para morigerar los efectos de la pandemia. Por ello pidió un gesto de responsabilidad social.
El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó junto a las legisladoras patagónicas Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz) un proyecto para que YPF done a los municipios más pequeños de la región en los que tiene operaciones una serie de automotores que tiene previsto subastar para adquirir vehículos 0 KM.
Se trata de un proyecto de Resolución presentado este miércoles en la Cámara de Diputados del Congreso y en el que se planteó que el Poder Ejecutivo Nacional instruya a los representantes del Estado Nacional en el Directorio de YPF SA “para que se disponga la donación de los vehículos que la empresa de mayoría estatal dará de baja ante la renovación de su flota vehicular entre los municipios menos poblados de las provincias patagónicas”.
De esta manera, adujeron, YPF podrá cumplir “el rol de fomento que le corresponde a una empresa para cuya adquisición por vía de expropiación del paquete accionario mayoritario se endeudó al país en más de u$s 5.000 millones, que viene financiando su giro comercial con constantes incrementos del precio de los combustibles que castiga a los consumidores y que es beneficiaria de la afectación del 25% de lo recaudado por el impuesto creado por la ley 27.605”, es decir el llamado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
De acuerdo con lo explicado en el proyecto de Resolución, los vehículos a subastar son pick ups 4×4, 4×4, SUVS, sedanes y camiones distribuidos en Chubut, Santa Cruz y Neuquén.
“Resulta cuestionable de por sí la determinación de adquirir una flota 0 KM que incluye vehículos y camionetas de alta gama, en momentos en que los argentinos padecen una de las crisis económicas más severas de su historia, con recesión, inflación y caída récord del PBI”, argumentó Menna.
Agregó que “la propia YPF SA es una de las causantes principales de ese proceso inflacionario ya que viene impulsando una política de sostenidos y recurrentes incrementos del precio de los combustibles que deben pagar los consumidores”.
Por ello, añadió, “resulta inexplicable que ante la decisión consumada de comprar vehículos nuevos no tenga un gesto para con los municipios más pequeños de la región en la que la empresa se desenvuelve, y distribuya gratuitamente esos mismos vehículos en esas comunidades”.
La donación de los vehículos a subastar “no solo es un imperativo de mínima responsabilidad social empresaria en un contexto de pandemia en el cual diversos municipios patagónicos, ante la modalidad virtual en que se impartieron las clases, debieron encargarse de la distribución de los cuadernillos en zonas rurales sin contar con vehículos y poniendo en la mayoría de los casos sus propios autos los funcionarios y empleados municipales, como así también prestar con recursos escasos otras tareas de apoyo a la población”, planteó.
Además, fundamentó, “es el gesto mínimo que debería tener una empresa en la que, para que el Estado Nacional detente el capital mayoritario, se llevó adelante un proceso expropiatorio del 51% de sus acciones, por el que debió indemnizarse a los accionistas expropiados con u$s 5.000 millones”.
Para el pago, recordó, “debieron emitirse títulos de la deuda pública por igual valor, que con los intereses que devengaran hasta su cancelación significará una erogación total cercana a los u$s 10.000 millones”. Se trató de “un negocio ruinoso por una empresa cuyo valor bursátil total no llega al día de hoy a los u$s 1.500 millones”, precisaron.
De manera adicional, “YPF SA es la beneficiaria de otro esfuerzo de los argentinos”, ya que “recibe el 25% de lo que se recaude por el impuesto creado por la ley 27.605 según lo que dispone el artículo 7° inciso 5”.
Se trata, consideró, de “un caso único en el mundo en el que los contribuyentes sostienen a una empresa petrolera con el falso argumento de que se trata de un impuesto a la riqueza para sostener las erogaciones estatales que demanda la pandemia, como si la ‘exploración, desarrollo y producción de gas natural’ que menciona la ley tuviese alguna relación con la emergencia sanitaria”.
Por ello, concluyó el proyecto, “corresponde que cuanto menos se retribuya a la comunidad todo el esfuerzo económico que han puesto los argentinos en la empresa, y se disponga que los vehículos desafectados sean distribuidos y asignados a los municipios más pequeños de la Patagonia para que estos puedan asignarlos al cumplimiento de los servicios que prestan en sus distritos”.
