Para ello, el diputado nacional chubutense presentó este martes un proyecto de ley, con acompañamiento de Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y otros legisladores de Juntos por el Cambio. Busca aliviar a uno de los sectores más afectados por la cuarentena que el Gobierno impuso por la pandemia.
El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó este martes un proyecto de ley que apunta a aliviar la situación de las empresas de servicios turísticos, al establecer la exención por dos años de toda la carga tributaria correspondiente a la compra y venta de unidades de transporte.
Se trata de una iniciativa producto del diálogo con las cámaras del sector turístico, con el que el legislador nacional se comprometió a elaborar la herramienta legal para su implementación.
El proyecto de ley se fundamenta en la necesidad de recuperación del sector de los servicios turísticos, que hasta antes del inicio de la cuarentena impuesta por la pandemia empleaba a más de un millón de personas y generaba divisas por más de 5.000 millones de dólares con el turismo receptivo.
La iniciativa contó en la presentación con el acompañamiento de los también diputados del bloque de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Roxana Reyes, Claudia Najul, Ximena García, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Diego Mestre y Gonzalo del Cerro.
“Las operaciones de compraventa de vehículos de transporte de personas celebrados con personas humanas y jurídicas que explotan empresas de servicios de turismo estarán exentos de todos los tributos nacionales durante la vigencia del presente régimen”, establece el artículo segundo del proyecto de ley.
Menna explicó que “los automotores afectados a ese servicio tienen que ajustarse a las prescripciones de la Ley Nacional de Tránsito”, que en su artículo 53 “prescribe que la antigüedad de los vehículos empleados para el transporte de personas no puede exceder los 10 años de antigüedad”.
“Ello obliga -añadió Menna- a los prestadores que tienen vehículos con una antigüedad cercana a ese límite, o que ya la han alcanzado o superado, a afrontar una inversión elevada, con el agravante de que debe ser llevada a cabo cuando todavía la actividad no ha alcanzado los niveles anteriores a la pandemia ni se han podido recuperar de las consecuencias de las políticas restrictivas que mermaron la actividad”.
Restricciones exageradas
“Por ello -continuó- resulta pertinente diseñar herramientas que cuanto menos mitiguen el costo de la recomposición de la flota afectada a esta actividad”, y consideró que “lo que corresponde es que el sector público ponga el esfuerzo, especialmente porque fue el responsable de haber postrado la actividad con sus restricciones exageradas al derecho constitucional de trabajar y ejercer una industria lícita”.
Menna precisó que “los tributos que imponen los tres niveles de Estado explican buena parte del costo que debe pagar quien adquiere un vehículo”, y que “esos impuestos no solo gravan la estructura del costo final en sí, sino que además implican una carga que recae sobre la operación de la compraventa en sí misma”.
Por ello, dijo, “si lo que se pretende es recomponer al sector y lograr una capitalización de los prestadores de modo que estén en pie para dar los servicios que implicarán una mayor demanda cuando la apertura sea total, corresponde hacer este aporte desde el Estado”.
“El proyecto -finalizó el diputado- contempla la invitación a la adhesión de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adoptar similar exención tributaria, ya que los impuestos locales también impactan sobre el costo final de venta de un automotor”.
