El referente del Radicalismo Dr. Gustavo Menna, se refirió en Radiocracia tatificó que el contrato firmado entre la provincia y Pan American Energy es por 40 años y remarcó la necesidad que se sancione un marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera.
Menna recordó que en su interpretación, este contrato es de 40 años. “Hay una disquisición hacha allí para eludir el límite de prórroga que establece la Ley de hidrocarburos apelando a esa figura de, en un mismo acto, traspasarle el yacimiento en forma anticipada a Petrominera y ésta simultáneamente firmar un contrato de operación por 20 años a partir de 2027”, explicó.
Adujo que siempre hablan de 40 años porque en realidad, el contrato se renovó, que la concesión que tenía PAE hasta 2017 despareció, tiene una nueva concesión desde 2007 a la luz de este derecho, donde hay una novación. Dijo que hoy se explota el yacimiento en función del contrato del 2007 y no en el de 1992. “De modo tal que por eso hablamos de 40 años”, insistió.
En ese marco, sostuvo que lo califican de ilegal porque, en primer lugar, “resulta exorbitante prorrogar un contrato al que le quedaban diez años de vigencia y segundo porque la Ley dice que la prórroga debe darse luego de evaluado el desempeño del concesionario, y es obvio que no se puede evaluar lo que tenía que transcurrir hasta el 2017, hoy”. E ironizó sosteniendo que algo así sería como darle por cumplidos sus estudios secundarios a un niño que está en primer grado.
Nulidad del contrato sin riesgos para el Estado
Consultado en el programa “Tarde en la Radio”, por Radiocracia sobre las posibles consecuencias para el Estado si hay incumplimiento demostrado ante la reformulación del contrato, Menna cree que no pasaría absolutamente nada porque justamente se está en presencia de una nulidad absoluta que podría ser declarada judicialmente o también legislativamente, algo que tiene antecedentes a nivel nacional en petróleo y otras áreas.
Por ello, arribó a la conclusión de que el Poder Legislativo podría avanzar en decretar la nulidad de este contrato. “De hecho, hay un proyecto de Ley en tal sentido con estado parlamentario en la Legislatura provincial de manera tal que no podría tener consecuencias, al no poder invocarse culpas sobre algo nulo”, enfatizó.
El letrado de extracción radical hizo referencia a que en los orígenes del contrato discutido “hubo un cierto sector de la prensa que ha sido muy complaciente, cuando muy poca gente se tomó el trabajo de leerlo y lo elogiaba, y por una dirigencia política que también fue irresponsablemente proclive a apoyar esta renegociación”.
En ese plano, sostuvo que de hecho muchos de los que hoy se escucha que predican en contra del contrato, en su momento lo avalaron por acción u omisión, y que ese es un ejemplo de lo que no hay que hacer. “Parece que es un contrato donde las estipulaciones las hizo ciertamente la otra parte”, suscribió.
Necesidad de un marco regulotario
Por otra parte, Menna dijo que un marco regulatorio debió haber sido lo primero, donde el Estado no puede contratar como le parece al que gobierna, “porque éste no es un príncipe ni un monarca, tiene que sujetarse a una Ley. Por eso el Estado cuando contrata lo hace en marco de leyes específicas, cuando compra bienes de capital, o un servicio, en base a la Ley de Contabilidad que exige condiciones”, explicó.
Recordó ante esa situación que eso no se hizo: “se negoció y se contrató como se le ocurrió a algún funcionario, pero no en base a pautas legales y así es que tenemos los problemas que tenemos, donde no se han previsto cuestiones elementales como la posibilidad del Estado de expedirse, pronunciarse o aprobar; lo que ha ocurrido en este caso, sin contemplar tampoco una venta a una tercera sociedad comercial, cuando hay otras leyes que lo prevén hasta para ceder la licencia de una FM o cambiar su composición accionaria, donde debe pronunciarse previamente la autoridad federal de medios”, ejemplificó.
Destacó a su vez que tampoco hay una sola línea prevista en cuanto al tratamiento de las empresas contratistas, habiendo una cláusula muy liviana que dice que la empresa continuará el tratamiento que tiene actualmente. “No hay una sola estipulación en materia de protección del empleo ni tampoco de compromisos de exploración”, aseguró Menna, quien añadió que es falso aquello de los dos metros por cada uno extraído: “este contrato es una calamidad y creo que es hora de dejar de hablar, de mostrarse arrepentido y hacer algo concreto para corregir esta situación, y creo que tiene que ser por la vía legislativa”, concluyó.
