El referente del radicalismo en Comodoro, se refirió a la posibilidad de regular los contratos petroleros esbozada en los últimos días por el intendente Martín Buzzi, futuro gobernador de la provincia del Chubut, marco en el cual hizo referencia a diferentes planteamientos establecidos desde su arco político para colaborar en tal sentido, mostrándose a disposición del mandatario electo para colaborar con sus escritos elevados a la Legislatura de Rawson.
El Dr. Gustavo Menna sostuvo que el marco regulatorio es una buena iniciativa. Que llegó tarde, pero bienvenida sea. Y adujo que en oportunidad del acuerdo con PAE -hecho sin un marco de por medio- la Nación sí lo tenía y en base a esa Ley se hicieron las concesiones. “Lo sensato era que hubiera regulación”, admitió.
Menna dijo en diálogo con el programa “Tarde en la Radio” que se emite por Radiocracia, que las provincias argentinas recibieron en devolución los recursos, los yacimientos, pero se apuró en Chubut el gobernador Das Neves en hacerlo. Ese -consideró- fue uno de los principales vicios que señalaron desde su ámbito cuando interpusieron el amparo contra el acuerdo de renegociación.
“En mi caso en 2007, en la campaña a diputado nacional, presentamos un proyecto para al menos regular un aspecto de todo esto, la relación contractual entre operadoras y contratistas regionales. Decíamos que al dejar todo librado a lo que dispone el Código Civil, libertad absoluta de contratación, hay dos partes que no están en un pie de igualdad”, expresó.
Agregó que hay una parte poderosa, de capitales internacionales y que maneja muchos recursos, y contratistas libradas a lo que dispone la parte fuerte del contrato. Entonces como en otras tantas ramas del derecho, remarcó que hay que intervenir desde el Estado estableciendo reglas por Ley para reestablecer la equidad de esa relación contractual.
“Lamentablemente esto no prosperó. Este proyecto de Ley tiene estado parlamentario en el Senado y luego lo adecuamos para que también la Legislatura aborde la cuestión, donde también tiene estado parlamentario (no se ha tratado). Nosotros decimos que a pesar que esto es competencia del Congreso de la Nación, también puede abordar la problemática la Legislatura, porque como la provincia es la dueña de del recurso, puede legislativamente o por contrato poner condiciones a la operadora”, enfatizó Menna.
A su juicio, el ámbito natural donde se debió aprovechar para ponerle condiciones, tendría que haber sido el famoso contrato con PAE, pero dijo que allí no se puso siquiera una condición. Ni respecto a los trabajadores ni al trato a las contratistas. “Si se lee el contrato, la única referencia en la cláusula 7.5, lejos de ser una garantía, dice que la operadora se compromete a asistir con las actuales políticas de trato a las contratistas. En realidad están liberadas para hacer lo que quieran: contratos, órdenes de compra mensuales, etc.”, aseveró.
Menna dijo que si revisan los contratos, esto se puede modificar: “creo que sí, porque partimos de la base de que el recurso no es renovable y su dueño constitucionalmente es siempre la provincia, que lo que da es una concesión administrativa de explotación. Por eso es modificable o encarable por una Ley como el proyecto mencionado”.
El abogado de extracción radical sostuvo que los proyectos apuntan a que haya contratos escritos, ya sea de operadora-contratista por una orden de compra mensual donde una persona o PyME tiene que hacer una inversión importante en bienes de capital, empleados y demás, para estar “cortando clavos” todos los meses para ver si tiene una nueva orden de servicio.
“Tiene que haber un contrato escrito con una validez mínima de cinco años. Hay una gran contradicción en esto: cuando se firmó el contrato a 40 años con PAE se dijo que era en haras de la seguridad jurídica, que la empresa no podía invertir y desarrollar exploración y demás si no tenía un horizonte amplio de seguridad contractual. Nadie pensó que las PyMEs locales tienen el mismo derecho”, analizó.
La pequeña y mediana empresa, jaqueadas
“No hay ninguna garantía de estabilidad contractual, y esto es muy injusto porque la propia Secretaría de Hidrocarburos en su informe de 2005 ya decía que de unas 15 mil personas que trabajan en la actividad en Chubut, menos de mil son empleados directos de las operadoras principales. El resto trabaja para las contratistas regionales, que son las que asumen la inversión fuerte y el riesgo empresario”, enfatizó.
Dijo que se habló de constituir un fondo de garantías para indemnizar cortes contractuales, despidos. “Cuando hay algún reclamo laboral, las operadoras dicen inmediatamente que no tienen nada que ver, y que la responsabilidad es de los contratistas, cuando son ellos los que dictan las directivas encubiertas de echar o suspender órdenes de servicio, son ellas”, explicó.
Agregó que la provincia no tiene nada que perder si se modifican los contratos mal gestados, con cuestiones de orden muy comprometidas, muchas. “Se está regulando un recurso estratégico que es del Estado Provincial, que siempre ante una contratación debe respetar una Ley previa que establece pautas y condiciones y no se hace al parecer del gobernante de turno. En esto debe haber un marco que le diga cómo hacerlo, como pasa en otros ámbitos”, señaló, y continuó diciendo que “esto es lo que está planteando Buzzi y me parece muy positivo. Creo que la provincia tiene todo para ganar, recuperar potestad de dueño del recurso. Acá se le ha dado por 40 años exenciones impositivas hasta del impuesto de sellos. PAE con esto no tuvo que tributar con esto U$S15M por la firma de ese contrato. Proponemos que a las contratistas locales también se les exima de pagar eso».
“La empresa que recibió todos esos beneficios, terminó haciendo un suerte de operación especulativa porque después vendió un paquete accionario que tenía mayor valor por este horizonte de 40 años, sino no valía lo que los chinos tuvieron que pagar por esa venta de BP (British Petroleum)”, desmenuzó Menna.
Dijo que su sector propone el compre local a través de priorizar en la contratación por parte de las operadoras a las contratistas locales en condiciones de igualdad en un porcentaje creciente. El proyecto de Ley establece un gradualismo para llegar a un 80 por ciento local en un plazo de cinco años. Son todas cuestiones que se debieron contemplar oportunamente y que las crisis recientes demostraron que el empresariado local está indefenso y a expensas de las operadoras. El Estado provincial no ha desarrollado políticas legislativas y fiscalizadoras que lo protejan.
Garantías jurídicas ante un nuevo marco
“Creo que no hay chance de que prospere un reclamo de ese tipo en la medida de que se trabaje bien. Nadie puede invocar derechos estables y adquiridos cuando se ha beneficiado de un contrato leonino, que por esa lenidad es virtualmente nulo. En la Legislatura hay incluso un proyecto de Ley que por orden legislativa nulifica ese contrato”, sostuvo el leguleyo.
Menna consideró que como toda negociación, hay que hacerla bien, poniendo todo el poder del Estado como dueño del recurso a la hora de negociar la renegociación de algo tan mal gestado y que el tiempo demostró que no fue eficaz. “Mucha gente que apoyó, incluido Buzzi y muchos actores embanderados con el gobernador por entonces, admiten que esta negociación fue mala”, disparó.
Por último, indicó que ante la predisposición del gobernador electo a tener en cuenta lo ya escrito, no tendría inconvenientes en acercarle su proyecto y agregó que el Sindicato Petrolero también estaba por presentar uno, además de que hay provincias pioneras en legislación de recursos naturales, con un porcentaje de regalías notoriamente superior al que tiene Chubut, que en realidad aplica el 12 por ciento aplicado por la Ley de Hidrocarburos nacional, y agregó que hay experiencias comparadas en Latinoamérica y también en las provincias petroleras argentinas.
Gustavo Menna
El Dr. Gustavo Menna sostuvo que el marco regulatorio es una buena iniciativa. Que llegó tarde, pero bienvenida sea. Y adujo que en oportunidad del acuerdo con PAE -hecho sin un marco de por medio- la Nación sí lo tenía y en base a esa Ley se hicieron las concesiones. “Lo sensato era que hubiera regulación”, admitió.
Menna dijo en diálogo con el programa “Tarde en la Radio” que se emite por Radiocracia, que las provincias argentinas recibieron en devolución los recursos, los yacimientos, pero se apuró en Chubut el gobernador Das Neves en hacerlo. Ese -consideró- fue uno de los principales vicios que señalaron desde su ámbito cuando interpusieron el amparo contra el acuerdo de renegociación.
“En mi caso en 2007, en la campaña a diputado nacional, presentamos un proyecto para al menos regular un aspecto de todo esto, la relación contractual entre operadoras y contratistas regionales. Decíamos que al dejar todo librado a lo que dispone el Código Civil, libertad absoluta de contratación, hay dos partes que no están en un pie de igualdad”, expresó.
Agregó que hay una parte poderosa, de capitales internacionales y que maneja muchos recursos, y contratistas libradas a lo que dispone la parte fuerte del contrato. Entonces como en otras tantas ramas del derecho, remarcó que hay que intervenir desde el Estado estableciendo reglas por Ley para reestablecer la equidad de esa relación contractual.
“Lamentablemente esto no prosperó. Este proyecto de Ley tiene estado parlamentario en el Senado y luego lo adecuamos para que también la Legislatura aborde la cuestión, donde también tiene estado parlamentario (no se ha tratado). Nosotros decimos que a pesar que esto es competencia del Congreso de la Nación, también puede abordar la problemática la Legislatura, porque como la provincia es la dueña de del recurso, puede legislativamente o por contrato poner condiciones a la operadora”, enfatizó Menna.
A su juicio, el ámbito natural donde se debió aprovechar para ponerle condiciones, tendría que haber sido el famoso contrato con PAE, pero que allí no se puso siquiera una condición. Ni respecto a los trabajadores ni al trato a las contratistas. “Si se lee el contrato, la única referencia en la cláusula 7.5, lejos de ser una garantía, dice que la operadora se compromete a asistir con las actuales políticas de trato a las contratistas. En realidad están liberadas para hacer lo que quieran: contratos, órdenes de compra mensuales, etc.”, aseveró.
Menna dijo que si revisan los contratos, esto se puede modificar: “creo que sí, porque partimos de la base de que el recurso no es renovable y su dueño constitucionalmente es siempre la provincia, que lo que da es una concesión administrativa de explotación. Por eso es modificable o encarable por una Ley como el proyecto mencionado”.
El abogado de extracción radical sostuvo que los proyectos apuntan a que haya contratos escritos, ya sea de operadora-contratista por una orden de compra mensual donde una persona o PyME tiene que hacer una inversión importante en bienes de capital, empleados y demás, para estar “cortando clavos” todos los meses para ver si tiene una nueva orden de servicio.
“Tiene que haber un contrato escrito con una validez mínima de cinco años. Hay una gran contradicción en esto: cuando se firmó el contrato a 40 años con PAE se dijo que era en haras de la seguridad jurídica, que la empresa no podía invertir y desarrollar exploración y demás si no tenía un horizonte amplio de seguridad contractual. Nadie pensó que las PyMEs locales tienen el mismo derecho”, analizó.
La pequeña y mediana empresa, jaqueadas
“No hay ninguna garantía de estabilidad contractual, y esto es muy injusto porque la propia Secretaría de Hidrocarburos en su informe de 2005 ya decía que de unas 15 mil personas que trabajan en la actividad en Chubut, menos de mil son empleados directos de las operadoras principales. El resto trabaja para las contratistas regionales, que son las que asumen la inversión fuerte y el riesgo empresario”, enfatizó.
Dijo que se habló de constituir un fondo de garantías para indemnizar cortes contractuales, despidos. “Cuando hay algún reclamo laboral, las operadoras dicen inmediatamente que no tienen nada que ver, y que la responsabilidad es de los contratistas, cuando son ellos los que dictan las directivas encubiertas de echar o suspender órdenes de servicio, son ellas”, explicó.
Agregó que la provincia no tiene nada que perder si se modifican los contratos malgastados, con cuestiones de orden muy comprometidas, muchas. “Se está regulando un recurso estratégico que es del Estado Provincial, que siempre ante una contratación debe respetar una Ley previa que establece pautas y condiciones y no se hace al parecer del gobernante de turno. En esto debe haber un marco que le diga cómo hacerlo, como pasa en otros ámbitos”, señaló.
Esto es lo que está planteando Buzzi y me parece muy positivo. Creo que la provincia tiene todo para ganar, recuperar potestad de dueño del recurso. Acá se le ha dado por 40 años exenciones impositivas hasta del impuesto de sellos. PAE con esto no tuvo que tributar con esto U$S15M por la firma de ese contrato. Proponemos que a las contratistas locales también se les exima de pagar eso.
“La empresa que recibió todos esos beneficios, terminó haciendo un suerte de operación especulativa porque después vendió un paquete accionario que tenía mayor valor por este horizonte de 40 años, sino no valía lo que los chinos tuvieron que pagar por esa venta de BP (British Petroleum)”, desmenuzó Menna.
Dijo que proponen el compre local a través de priorizar en la contratación por parte de las operadoras a las contratistas locales en condiciones de igualdad en un porcentaje creciente. El proyecto de Ley establece un gradualismo para llegar a un 80 por ciento local en un plazo de cinco años. Son todas cuestiones que se debieron contemplar oportunamente y que las crisis recientes demostraron que el empresariado local está indefenso y a expensas de las operadoras. El Estado provincial no ha desarrollado políticas legislativas y fiscalizadoras que lo protejan.
Garantías jurídicas ante un nuevo marco
“Creo que no hay chance de que prospere un reclamo de ese tipo en la medida de que se trabaje bien. Nadie puede invocar derechos estables y adquiridos cuando se ha beneficiado de un contrato leonino, que por esa lenidad es virtualmente nulo. En la Legislatura hay incluso un proyecto de Ley que por orden legislativa nulifica ese contrato”, sostuvo el leguleyo.
Menna consideró que como toda negociación, hay que hacerla bien, poniendo todo el poder del Estado como dueño del recurso a la hora de negociar la renegociación de algo tan mal gestado y que el tiempo demostró que no fue eficaz. “Mucha gente que apoyó, incluido Buzzi y muchos actores embanderados con el gobernador por entonces, admiten que esta negociación fue mala”, disparó.
Por último, indicó que ante la predisposición del gobernador electo a tener en cuenta lo ya escrito, no tendría inconvenientes en acercarle su proyecto, y agregó que el Sindicato Petrolero también estaba por presentar uno, además de que hay provincias pioneras en legislación de recursos naturales, con un porcentaje de regalías notoriamente superior al que tiene Chubut, que en realidad aplica el 12 por ciento aplicado por la Ley de Hidrocarburos nacional, y agregó que hay experiencias comparadas en Latinoamérica y también en las provincias petroleras argentinas.
