El ex diputado provincial de la UCR y abogado constitucionalista Gustavo Menna opinó que hay una especie de “lobby minero” ante la crisis por la sequía y determinó que “no podemos se ingenuos. Hay un intento de instalar el tema”.
En declaraciones a Radio Del Mar cuestionó, además, que “parecería haber un apresuramiento de instalar el tema minero por parte del Gobierno provincial cuando le compete a la gestión que viene. Uno puede creer que se está queriendo condicionar a las futuras autoridades”, disparó.
“El tema minero es muy sensible, sobre todo en la sustentabilidad social de los proyectos e impacto ambiental que provoca. También es llamativa la persistencia de un sector en avanzar cuando el sistema de protección ambiental es bastante débil, más allá de la existencia de un Ministerio de Ambiente”, dijo Menna.
En ese sentido, recordó que el ministro de Ambiente, Juan Garitano dijo, en declaraciones a esta radio que “no es posible reclamar por el pasivo ambiental contra nadie” y consideró que “en este esquema hay un montón de cuestiones previas a resolver porque el Estado parece inerme. Cuando se habla del control y garantías de fiscalización uno se pregunta de dónde y con qué recursos”.
“Uno ve una ciudad impactada con basurales a cielo abierto y deposición de líquidos cloacales en el mar, cerca de la costa, donde de hecho el año pasado se dijo que había playas que deberían estar clausuradas”, dijo.
Más adelante, resumió que “en ese marco, parece que antes de discutir la apertura de la minería indiscriminada hay que discutir algunas cuestiones”.
Rol del estado en la explotación
En cuanto a la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera a cielo abierto y con la utilización de cianuro, recordó que la misma “fue sometida a un test de constitucionalidad porque la empresa la llevó hasta la Corte y ésta confirmó la constitucionalidad de la misma”.
Afirmó que se habla de debatir la reforma de esa ley que “pronuncia zonas que tienen un nombre clarificador: ´áreas de sacrificio´”, puntualizó el abogado.
“Es un tema que requiere de un debate para nada apresurado que debe incluir el grado de posibilidad que tiene el Estado hoy con sus recursos de fiscalizar esa mega actividad que hoy parece nula”.
No obstante, añadió que “hay que debatir qué parte del negocio se lleva el Estado. En la industria petrolera se lleva un 12 por ciento del bruto; en la minería es aún más reducido y si uno descuenta reembolsos por exportación de puertos patagónicos el resultado es 0”, ilustró.
Finalmente, aclaró que, de todos modos, “la cuestión a debatir es la ambiental pero si se avanzara con alguna especie de emprendimiento minero también hay que discutir el tema fiscal”.
