Ya aportó datos clave a la Justicia: Se trata de Gustavo Trujillo, un ecuatoriano que trabajaba junto al grupo financiero South Bay Holdings.
Argentinos, uruguayos, venezolanos y ecuatorianos se suman todos los días al listado de víctimas de una estafa millonaria que tuvo epicentro en la ciudad de Miami. El apuntado es el grupo South Bay Holdings, creado a mediados de los 90 para llevar adelante proyectos inmobiliarios exclusivos en Key Biscayne y en la zona de Cayo Largo. Los inversionistas llegaron atraídos por tasas millonarias, pero terminaron perdiendo todos sus ahorros.
South Bay Holdings se creó en 1994 con dos socios fundadores de origen ecuatoriano: Roberto Cortes y Ernesto Weisson. Al comienzo estaba enfocada en la construcción de casas lujosas en la zona de Key Biscayne, al sur de Miami Beach. La empresa llegó a tener un inventario en construcción cercano a los 100 millones de dólares por año. Para crecer, crearon una casa de bolsa en Ecuador y un fondo de inversión.
La estafa ya acumula varias causas judiciales. Uno de los expedientes, abierto a partir de una demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tramita en el distrito de Nueva York. El apuntado, en ese caso, es el ecuatoriano Juan Trujillo, un testaferro de los dueños de South Bay.
Según la acusación, a la que tuvo acceso Infobae, Trujillo trabajó para el grupo financiero entre 2005 y 2017. La Justicia lo investiga por la estafa contra los clientes de South Bay Holdings a través de una sociedad constituida en Islas Caimán, Madison Assets LLC, y de varios instrumentos financieros.
«Aproximadamente en diciembre de 2015, la propiedad de Madison fue transferida a una sociedad ficticia del Reino Unido cuyo propietario y controlador era el demandado Gustavo Trujillo», detalla la acusación del Departamento de Justicia. Y agrega: «Trujillo, bajo la dirección de algunos de los conspiradores y a sabiendas (de eso), usó a Madison Account para ejecutar la venta de inversiones en la Cayman Islands Funds a otros clientes de Financial Services Firm involuntarios para realizar pagos de los intereses sobre sus inversiones o para pagar a clientes existentes de Financial Services Firm que se quejaron del desempeño de sus inversiones».
Siguiendo instrucciones de los dueños del negocio, Trujillo hizo la gran mayoría de las transferencias bancarias. También prestó su nombre para figurar como accionista de algunas sociedades.
Al ecuatoriano también se lo acusa del pago de coimas por contratos millonarios firmados entre PetroEcuador (la empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador) y Galileo Energy, una empresa presidida por un argentino y especializada en la eliminación de residuos peligrosos provenientes del petróleo y del gas. «Como resultado del esquema de soborno, PetroEcuador pagó a Galileo aproximadamente $27,8 millones en cuentas bancarias», dice el expediente al que tuvo acceso este medio.
El caso de Trujillo, que vive en Estados Unidos desde mayo de 2018, es clave para la megaestafa de South Bay, porque ya se declaró culpable de los delitos y pasó a ser colaborador de la Justicia. Al dar ese paso, sus abogados pueden negociar una pena. Todo depende de la cantidad de información que aporte.
«La confesión de Trujillo confirma que las conclusiones a las que llegamos a partir de nuestras investigaciones han sido correctas. Lo importante ahora es lograr persuadir a las instituciones financieras y/o de servicios fiduciarios implicados en esta estafa de que lo mejor para ellas es alcanzar un acuerdo extrajudicial que les permita dar vuelta la página con el menor daño reputacional posible y evitando los gastos que un juicio de estas características supone», opinó el abogado argentino Martín Litwak, que defiende a más de 130 damnificados.
La estafa de South Bay -con Cortes y Weisson a la cabeza- ascendería a más de 200 millones de dólares. Más de la mitad son argentinos que apostaron a las inversiones inmobiliarias en Miami.
