El Frente de Todos sumó 28 rechazos y 13 abstenciones. El Gobierno logró remitir el proyecto al Senado pero queda debilitado políticamente
El acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de USD 44 mil millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri obtuvo hoy media sanción de la Cámara de Diputados tras un amplio acuerdo político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, según publica Infobae.
Sin embargo, el dato político más resonante de la jornada fue el rechazo de Máximo Kirchner y de los diputados de su espacio. Entre los legisladores que militan en el kirchnerismo “duro” se encuentran Constanza Alonso, Cristina Britez, Mabel Carrizo, Leila Chaher, Marcos Cleri, Gabriela Estevez, Emiliano Estrada, Santiago Igon, Rogelio Iparraguirre, Florencia Lampreabe, Tomás Ledesma, Lucila Masin, Magali Mastaler, Paula Penacca, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda y Lucio Yapor. Todos rechazaron el acuerdo.
Según explicaron desde el Frente de Todos, tanto Máximo Kirchner como el resto de los camporistas buscaban no generar más tensión durante el debate -para no fogonear a los “halcones” de la oposición- y por eso no participaron de las exposiciones individuales. También evitaron adelantar su postura a la prensa y a sus propios compañeros de bloque.
Finalmente, minutos antes de la votación, cuando Germán Martínez hacía el discurso de cierre para el oficialismo, Máximo Kirchner entró al recinto y se sentó en su banca.
El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner había renunciado a la jefatura del bloque de diputados del Frente de Todos tras el anuncio oficial de que Martín Guzmán había llegado a un principio de acuerdo con el staff técnico del Fondo. Kirchner argumentó que no compartía la estrategia de negociación del ministro de Economía y explicó que daba un paso al costado para que Alberto Fernández pudiera designar a otro jefe de bancada que se encargara de juntar los votos que necesitaba la Casa Rosada.
El silencio de Máximo y Cristina Kirchner una vez conocidos los detalles del entendimiento no hicieron más que multiplicar las especulaciones y envalentonar a los sectores duros de la oposición, que advirtieron que el oficialismo no tenía los votos para avanzar por sí mismo y estaba forzado a negociar.
Por otra parte, Juntos por el Cambio hizo valer la nueva relación de fuerzas y obligó al Gobierno a cambiar la redacción del articulado y eliminar todas las referencias al programa económico que negoció Guzmán.
Máximo Kirchner, por la mañana, llegó antes del inicio de la sesión y participó de la reunión de bloque previa. Tanto en el oficialismo como en la oposición esperaban ver qué haría al inicio del debate. El líder de La Cámpora no se sentó en su banca para dar el quórum, pero el oficialismo logró sumar los 129 lugares para arrancar con el debate.
Cuando promediaba la tarde, el presidente del bloque, Germán Martínez, todavía no sabía cómo votarían los camporistas, incluso señalaron desde su entorno que nunca se lo preguntó a Máximo en forma directa y reconocían con resignación que la postura del bloque “nunca iba a ser unánime”. Las cartas ya estaban echadas y no había margen para seguir negociando voluntades.
Ante las ausencias kirchneristas, el rol de “vocero” de los sectores más duros recayó en Itai Hagman. El economista integrante de Patria Grande comenzó por señalar que “siempre que intervino el FMI en la Argentina nos dejó peor que antes”.
En esa línea, apuntó contra los “genios de las finanzas” del gobierno de Cambiemos por dilapidar el préstamo de 2018 al sostener “la fuga de capitales”. Pero también criticó la negociación de Guzmán por quedar “encorsetada dentro de las reglas del FMI”.
“Con este acuerdo veo difícil que logremos un proceso de crecimiento sostenido con redistribución del ingreso. No somos militantes del default, se vio en la forma que actuamos hoy. Vienen tiempos difíciles. Estaremos luchando con nuestro gobierno contra las presiones del FMI”, concluyó.
Al término de la sesión, desde La Cámpora difundieron un largo documento en el que detallaron las razones de su voto. En las conclusiones, plantearon que el Programa acordado implica aplicar un “desatinado ajuste en las actuales circunstancias del país”.
“La aplicación de las políticas del presente acuerdo no solo no van a solucionar ninguno de los problemas estructurales de la economía bimonetaria argentina, sino que los va a agravar”, continúa.
Aunque aclaran que esto no implica desconocer la deuda, señalaron que esto no significa “el olvido de las responsabilidades que se están discutiendo en sede penal”. Uno de los tantos puntos de conflicto a la hora de negociar el proyecto original.
