En un comunicado conjunto, advirtieron sobre el uso del sistema judicial “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”. Mañana se conocerá el alegato final del fiscal Diego Luciani.
Un grupo de intendentes de todo el país se pronunciaron a través de un comunicado para respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la fecha previa al conocerse el alegato final del fiscal de la causa Vialidad Diego Luciani, que mañana solicitará una condena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, consigna Infobae.
En el texto, que nuclea a jefes comunales de de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, se advierte sobre el uso del sistema judicial “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
Además, se sostiene que “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.
“Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, completaron los intendentes de distritos del interior del país.
El pasado viernes, los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.
El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este pronunciamiento de los jefes comunales va en sintonía con la campaña desplegada por La Cámpora, que difundió e instrumentó pintadas en diversos puntos del conurbano bonaerense con la consigna “todos con Cristina”. El mismo tiempo, la agrupación política publicó un video en las redes sociales en la que editó comentarios de un grupo de periodistas para formar una frase: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va armar (sic)”.
A principios de agosto, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense también manifestó su apoyo al considera que la vicepresidenta se enfrenta a “una nueva embestida de la corporación judicial”, en el marco del desarrollo del juicio de la causa que se sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que la tiene como imputada.
”Los compañeros del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires queremos brindarle nuestro apoyo unánime a la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ante una nueva embestida de la corporación judicial que responde a intereses partidarios vinculados a Mauricio Macri”, expresó el comunicado difundido por ese espacio político.
En la misma línea se expresaron los integrantes del consejo provincial del Partido Justicialista de Santa Fe. ”Desde que (Cristina Fernández de Kirchner) terminó su mandato, como presidenta de la Nación, viene sufriendo sistemáticamente una persecución política y judicial”, expresaron voceros partidarios.
Por otra parte, consideraron que el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que tiene como imputada a la presidenta del Senado, “atenta contra nuestra democracia, nuestra República y nuestro Estado de derecho”. ”La función del Poder Judicial es impartir justicia y no funcionar corporativamente como una sucursal que responde a intereses partidarios de determinadas figuras políticas”, indicaron.
