Lo decidió ayer durante un desayuno con los medios. “Estoy acostumbrado a las preguntas ‘no tan lindas’, así que adelante!”, le dijo a un importante propietario de una AM provincial cuando éste quiso avanzar con cuestiones “de mercado”.
Gabriel Mariotto, actual presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y último interventor del ya extinto Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), cuenta con todo el aval del Gobierno y la absoluta decisión personal para lograr implementar la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina, y que permitirá acotar los monopolios y ordenar el derecho a la información.
El diálogo se dio en el marco de un desayuno de trabajo que el funcionario compartió ayer con propietarios y directores de los principales medios radiales y televisivos de la zona del Valle del Chubut, según publicó el Diario de Madryn en su columna regional.
Mariotto estuvo acompañado en el encuentro que se desarrolló en dependencias del Hotel Libertador de Trelew, por el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar.
El presidente de AFSCA expuso en primera instancia la intención de avanzar con un ordenamiento de los medios radiales y televisivos de acuerdo a los lineamientos de la nueva Ley, dando lugar a un interesante intercambio con los referentes locales donde se llegó incluso a polemizar sobre casos puntuales e intereses particulares que la nueva normativa comienza a replantear. A Mariotto no le tembló la voz para responder a todos y cada uno de los planteos, dejando claro el espíritu de la legislación de observar y considerar cada caso o conflicto puntual que pudiera sucederse en la práctica.
Los ejes avanzaron tanto por los lineamientos generales del funcionamiento de las señales digitales, los alcances, el sistema de implementación, como otros más específicos como las disposiciones para canales de cables y emisoras respecto a las producciones, comercialización e incluso sistema de tributos. Tal vez el tema más jugoso se centró en las clarificadoras definiciones y medidas que el funcionario aseguró se irán tomando contra los monopolios, concentración de medios, marcas y por ende infraestructuras.
Legitima en casi toda la charla las lícitas preocupaciones de los empresarios respecto a el nuevo modo de funcionamiento al que deberán irse adaptando, Mariotto plantó un desafío para parar la incredulidad y ansiedad que expusieron algunos de los propietarios ´de referencia´ locales. Para sorpresa de los presentes el funcionario tomó el teléfono y ordenó a uno de sus colaboradores directos en Buenos Aires dar curso a los pliegos licitatorios: “Vamos a comenzar con Chubut como prueba piloto para normalizar el mapa de radios”, estampó. El anuncio fue posteriormente delimitado a un proceso que en unos 45 días comenzaría a tratar de ordenar los medios en funcionamiento en las ciudades de Trelew, Madryn y Rawson y cuyo análisis incluiría tanto a los históricos permisionarios, como a los portadores de un PPP, y a los radiodifusores relevados oportunamente por el organismo.
La demostración de pragmatismo pero también de decisión con la que el funcionario atacó tanto los resabios de incredulidad de los más experimentados como las presuntas especulaciones de los más nuevos, dejó satisfechos a una gran mayoría -dicen- aunque también primaron los rostros adustos y los hubo hasta preocupados.
Una herramienta para democratizar
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.
Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.
En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue aprobado por esta cámara luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra. Posteriormente por artilugios judiciales fue dilatada su implementación y aún existen artículos que se encuentran a instancias de la Justicia.
