“Tengo que aclarar que no es una opinión personal, sino que está construida esta manifestación a partir de lo que hasta ahora conocemos, de lo que desconocemos sobre el censo que merece y corresponde que se explique, lo que se desconoce, y de las inquietudes que está generando la aplicación obligatoria del censo”, señaló Carlos Magno.
Y agregó que “en principio el antecedente que tienen estos censos es muy negativo. Estamos hablando del año 2017 cuando el entonces ministro de gobierno, Sergio Mammarelli, del entonces gobierno de Arcioni, implementó un censo que sería parecido a este que se está implementando ahora, con el objeto de ser el fundamento de un ajuste que quisieron llevar adelante, es decir, de despedir personal, dejar sin efecto vinculaciones con el Estado”.
“Ese fue el objeto político y fue llevado adelante de una manera, la verdad que bastante desprolija en su apuro, que tuvo como consecuencia en aquel momento que se hicieran presentaciones contra la aplicación del censo, porque además era inseguro respecto de la información que ahí se brindaba”, enfatizó.
En ese marco, señaló que “no ofrecía ningún tipo de seguridad, pero fundamentalmente desde el objetivo político. En aquella oportunidad fue el Frente de Gremios Estatales, en Comodoro tuvimos una presentación en la Defensoría del Pueblo. Todo eso se atendió y se dejó sin efecto. Tuvieron que dejarlo sin efecto. Ese antecedente de censos de este tipo es el inmediato que conocemos. Por eso es que se despiertan muchos interrogantes respecto de ahora esta iniciativa”.
“Vamos por lo que seguimos desconociendo. No se ha explicitado el propósito concreto de este censo y cuál va a ser el procedimiento para que efectivamente, si lo que pretenden es identificar a personas que revistan como empleados del Estado Provincial, pero no prestan funciones, efectivamente, los tan conocidos ñoquis”, continuó.
Consultado por Radiocracia acerca de ¿cómo se va a corroborar eso? porque en la práctica lo que sucede con ese tipo de situaciones es que están respaldadas políticamente, dijo que “no pasa ningún tipo de ñoqui en el Estado sin tener un padrinazgo político, es decir, de funcionarios de esa jerarquía y de ese tipo en el gobierno. Ninguna directora de escuela, ningún supervisor puede estar avalando una no prestación de servicio y cobro del sueldo con sus solas facultades”.
“Cuando sucede eso es porque existe el respaldo del poder político, de algún funcionario político. Se desconoce cómo sería el procedimiento, no han dado ningún tipo de explicación, lo único que hicieron fue publicar el decreto y el decreto es tan amplio y tan poco preciso que ha despertado todo tipo de interrogantes”, disparó Magno.
El dirigente remarcó que “en el caso de educación tampoco hay mucha información sobre cómo sería la aplicación. Lo que sí hay reclamos es de personal directivo al que han convocado a una capacitación porque serían los validadores de este censo. No se sabe mucho más y por supuesto que esto representa otra sobrecarga de tareas para el personal directivo. Esa ha sido la principal objeción. A todas las tareas que tienen ahora pretenden hacerlos responsables de la validación o no de toda esta información que va a ser mucha en cada una de las escuelas”.
“Por lo pronto lo único que han hecho es publicar el link con el acceso al censo y ya hay observaciones a hacer en educación acerca de opciones que son poco precisas, sobre todo incongruentes con lo que dicen o lo que han anunciado como uno de los propósitos políticos que sería el de conocer la capacitación que tiene el personal para utilizarlo de mejor forma para darle un mejor empleo a esas capacidades o esos recursos con los que cuenta hoy el estado provincial” , determinó.
El sindicalista docente expresó que “sin embargo vemos que cuando accedemos al censo o al link del censo esto no tiene tal detalle. Entonces hoy están los interrogantes que pueden llegar a hacer cuestionamientos y lisa y llanamente una oposición en la medida en que no expliciten cuál es el propósito de este censo y con los antecedentes tan negativos que ya detallé”.
“En todos los órdenes del Estado, esto lo sabemos, lo sabe cualquier trabajador del Estado, no existen los ñoquis que no estén respaldados por un funcionario político. Tiene que ser alguien con facultades que baja una orden, que no la escribe, que manda una directiva, que levanta un teléfono y le dice a alguien, fulano de tal, metelo en la planta. Esto es prácticamente así, parece una grosería lo que estoy diciendo, pero vuelvo a insistir, el personal de carrera no tiene la facultad para estar avalando ese tipo de situaciones irregulares cuando se producen, cuando hay ingresos al Estado que no son por un concurso, que entran con cada una de las nuevas administraciones del Gobierno, los que le hicieron la campaña, los amigos del partido político que ahora gobierna, todo eso se produce con la venia política, que alcanza inclusive al Gobernador, no vamos a estar diciendo que él está exento del conocimiento de esto, lo saben”, culminó.
