Este lunes el Gobierno Nacional dejó en claro que, ya iniciada la campaña electoral, redoblará sus esfuerzos por recuperar los votos de la derecha, que está perdiendo, según una reciente encuesta. En este sentido, desde la Rosada anunciaron que enviarán dos proyectos al Congreso, uno para expulsar a los extranjeros que delinquen, y otro para bajar la edad de imputabilidad. Y de paso, consiguen que, aunque sea por un rato, no se hable de la economía en crisis.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió este lunes a ‘marcar la cancha’ anunciando que el Gobierno enviará dos proyectos al Congreso: por un lado, bajar la edad de imputabilidad (que, en rigor, es un proyecto reflotado); y por otro, la expulsión de los extranjeros que cometan delitos.
Estos anuncios no son casuales. Se trata de un intento de Mauricio Macri, en plena campaña electoral, de recuperar el voto de la derecha. Y, de paso, marcar la agenda mediática: que se hable de estas iniciativas -que generan polémica- y, al menos por un rato, no se hable de la economía en crisis.
Cabe destacar que, tal como informó Urgente 24, una encuesta de Gustavo Córdoba marcó un dato clave de cara a las elecciones de octubre, que son los votos que pierde Macri por derecha, tanto por José Luis Espert como Alfredo Olmedo.
«El economista Espert tiene entre 4,8% y 5%, mientras que el diputado nacional Olmedo tiene entre 2,6% y 3%. En un escenario apretado, son sufragios decisivos. Macri no puede darse el lujo de prescindir de esos electores», afirma el estudio, que concluyó que «en una 1ra. vuelta electoral, Cristina Fernández de Kirchner tiene más votos asegurados que Mauricio Macri».
En este sentido, Bullrich fue la encargada de intentar convencer a la derecha, con el anuncio de dos proyectos.
Por un lado, se encuentra el viejo proyecto de bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa, que ya está redactada y el Ejecutivo girará al Congreso para que se trate en sesiones extraordinarias, dispone medidas para los menores que cometen delitos independientemente de la edad, además de crear una imputabilidad penal a los 15 años. En un año electoral y cuando el gobierno está perdiendo votos por derecha, no sorprende esta decisión, lo que sí sorprende es la confianza del Gobierno en su aprobación bajo la experiencia registrada hace solo dos años (en ocasión de las legislativas).
Cabe recordar que hace dos años, el Gobierno de Cambiemos había presentado una iniciativa para bajar a 14 años la edad de imputabilidad, algo que fue resistido por organizaciones de derechos humanos y la oposición. Ahora, el oficialismo busca reflotar el proyecto para que se pueda tratar junto a la reforma del Código Penal.
También cabe recordar que, en un sentido similar, hacia fines de 2018 Bullrich anunció el protocolo para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad federales, y más recientemente el referido a la compra de unas 300 pistolas Taser. Ambas medidas fueron bien acogidas por la derecha argentina (y cuestionadas por la oposición).
Por el otro lado, Bullrich anunció hoy que el gobierno trabaja en un programa que será enviado al Congreso para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina, que incluye la creación de una Cámara (una instancia judicial específica) que investigue esos hechos, «para que todo aquel que se radique en el país lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir».
La ministra precisó que se trata de un proceso que comenzó con un decreto de Macri y puso de relieve que «el objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir».
Según Bullrich, «en el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas detenidas».
Según detalló en declaraciones a radio Mitre, el área de Migraciones «ha construido un listado de personas impedidas de estar en el país y esta es una primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento».
«La idea más que la creación de un fuero, que serían más cargos y más jueces, es la creación de una Cámara. Hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial: la idea es que sea un trámite más rápido porque tiene que ver con la seguridad de la gente», enfatizó.
Sostuvo que en la Argentina «se puede entrar y aceptar cuál es la legislación vigente pero el que lo hace violando pasos o cambiando su identidad, está entrando a partir de una acción no legal».
«Lo que nosotros generamos desde el Ministerio de Seguridad son unidades especiales de búsqueda porque han pasado en muchos casos años (sin hallar a los denunciados). Hay que buscar a las personas que están en estos listados», enfatizó la funcionaria.
Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, aseguró que el Gobierno viene trabajando «junto al Poder Judicial para tener un sistema eficiente, claro y rápido para expulsar a los extranjeros que comenten delitos».
«Es un trabajo que venimos llevando a cabo desde hace tres años por pedido del Presidente Macri y del ministro Frigerio, basados en un sistema racional para que todas las personas de buena voluntad que vengan a trabajar, a producir, a estudiar en la Argentina, tengan su lugar y los que rompen el contrato de confianza que se generó con el país sean deportados», señaló García.
Y añadió que en los casos donde la «Justicia ha determinado la responsabilidad de extranjeros que delinquieron, el Estado argentino dispone que estas personas deban ser expulsadas».
En ese contexto, el director de Migraciones detalló que «hay 101 personas que han cometido delitos y que van a ser expulsadas del país cuando los ubiquemos; 253 que infringieron la ley migratoria y que también serán devueltos a su país y lo mismo con 600 más que se les va a solicitar la retención por delitos o infracciones a la Ley de Migraciones».
«Nadie puede decir que en la Argentina se le cerraron las puertas a los extranjeros si se radicó en tres años a 660.000 personas», subrayó García e indicó que «un sistema tan abierto tiene que tener un claro mensaje, donde todas las personas que trabajan, estudien y produzcan son bienvenidos, en cambio no queremos que quienes delincan sigan viviendo en nuestra sociedad».
