A través del Boletín Oficial, el Gobierno anunció una suba del 24% en el precio de la garrafa social de gas, a partir de febrero. Además, congeló el subsidio del Plan Hogar en $152 por garrafa, con lo cual unas 2,8 millones de familias de bajos recursos pagarán 125% más por la garrafa.
El gobierno nacional dispuso un nuevo aumento que impactará de lleno en el bolsillo de los sectores más vulnerables: resolvió una suba de 24% en el precio de la garrafa social de gas a partir de febrero. Pero además, congeló el subsidio del Plan Hogar en $152 por garrafa, con lo cual unas 2,8 millones de familias de bajos recursos pagarán 125% más por la garrafa.
A través de la resolución 15/2019 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la garrafa de 10 kilos que ahora cuesta $216 pasará a costar $267,70 a partir del viernes. Se trata de una suba de 23,93%.
Es decir que la garrafa de 10 kilos tendrá un valor de $160,28 para el fraccionador, de $240,97 para el distribuidor y de $267,70 para el público.
En tanto, el envase de 12 kilos costará al público $ 321,24, en tanto que para el fraccionador tendrá un valor de $ 192,33; y para el distribuidor, de $ 289,17.
En el caso de la garrafa de 15 kilos, el precio al público se fijó en $ 401,55; para el fraccionador en $ 240,42 y para el distribuidor en $ 361,46.
La resolución también estableció que el monto del subsidio para los beneficiarios del Plan Hogar será de $152 por garrafa.
Asimismo, determinó que el precio máximo de referencia en planta del productor para el gas butano en $ 9.154 por tonelada y para el propano en $ 9.042.
«En la modificación de los precios máximos de referencia deberá tenerse en cuenta la protección de los sectores sociales residenciales de escasos recursos, para lo cual resulta aconsejable continuar aplicando un criterio de gradualidad en la implementación de las actualizaciones de dichos valores, como así también mantener un esquema de subsidio a la demanda compatible con esos fines», señala la resolución.
En los considerandos, el Gobierno justifica la decisión en el hecho que «es objetivo del Estado Nacional modificar gradualmente los precios asociados a la producción y comercialización de GLP hasta alcanzar los valores previstos en la ley 26.020, propendiendo a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas».
