En la agenda prevalecen los temas de telecomunicaciones. El PJ presiona por su «agenda de transparencia» y vence el plazo para tratar el desafuero a Cristina.Por nota, Marcos Peña pidió a la Cámara de Diputados fijar fecha para su último informe de gestión, pero aún no tuvo respuesta. Desconcertó a Emilio Monzó, que el 21 de noviembre quiere abrir el recinto por última vez en el año con un temario acotado para evitar nuevas escenas de tensión, como las que animaron el debate del presupuesto.
El pedido del jefe de Gabinete fue inoportuno como lo fue para Federico Pinedo coordinar el foro de parlamentarios del G20 e interrumpir la negociación por el presupuesto 2019, que busca sancionar como sea el 14 de noviembre porque a los pocos días la ciudad empezará a blindarse para la cumbre mundial de presidentes.
Prueba de su urgencia fue que el miércoles abandonó por un rato a más 200 líderes parlamentarios de todas las latitudes para reunirse con la senadora aliada Miriam Boyadjian, de Tierra del Fuego, y anticiparle el decreto que sostendrá beneficios a la isla en la importación de componentes electrónicos. Fue el primer gesto de Rogelio Frigerio para revertir la inesperada rebelión de un grupo de gobernadores y no sería el último.
En el Gobierno no esperan más que una sesión por Cámara antes de fin de mes y recintos cerrados en diciembre, enero y tal vez febrero, período en el que sólo pueden debatirse leyes pedidas por Mauricio Macri. Su interés, por ahora, es sacar al parlamento de los noticieros.
Y antes de recibir a sus colegas de todas las latitudes el presidente se conforma con tres leyes que están en Diputados, dos en la comisión de Comunicaciones e Informática que preside el cordobés Juan Brügge, de la democracia cristiana y aliado del gobernador peronista Juan Schiaretti.
Se trata de la ley corta de telecomunicaciones y la que protege a «intermediarios» de internet como Google y Facebook, ambas debatidas en audiencias con pocos legisladores y muchos lobbystas de las empresas más poderosas del país.
La ley corta consistía en su origen en habilitar a Claro y Telefónica a brindar televisión satelital y utilizar infraestructura pasiva de empresas de servicios públicos para desplegar cableado. De esta manera, desde el 1 de enero quedarían en condiciones de competir de igual a igual contra las ofertas de cuádruple play que ya prepara la flamante fusión de Telecom-Cablevisión.
Pero el Senado la corrigió y recién podrán iluminar con satélites el país en julio de 2020 y hasta en 2022 en ciudades chicas. Para la empresa del Grupo Clarín no fue un éxito completo, porque la CNDC no le permite vender empaquetados hasta que la ley corta no este sancionada.
Entonces nadie quedó conforme: Telefónica y Claro amenazaron con retirar inversiones y Telecom pidió autorización para comercializar sus paquetes y acusó a sus rivales de no invertir en fibra óptica. Macri recibió a sus ejecutivos para acercar posiciones, exige sancionar la ley corta cuanto antes y después negociar una regulación integral de las telecomunicaciones, un sector que prometió inversiones millonarias, sólo comparables con las energéticas, pero sigue sin un marco jurídico sólido.
En Diputados no está claro si el peronismo federal aporta los votos para esta norma, como hizo en el Senado, y sólo así puede sancionarse porque el kirchnerismo y el massismo están en contra.
Tampoco está a la vista el consenso para sancionar la ley que elimina responsabilidad a los «intermediarios de internet», como Google y Facebook, por los contenidos que distribuyen a sus usuarios.
Fue aprobada a las apuradas y a libro cerrado en el Senado, el 2 de noviembre de 2016, y la diputada radical Karina Banfi quiere tratarla rápido porque en diciembre caduca el expediente y muchos senadores justicialistas dicen que no volverán a levantar la mano sin saber que están votando.
Macri espera además que el diputado radical Atilio Benedetti redacte la última versión de la ley de semillas, dictamine y la apruebe. También necesita convencer a los peronistas conducidos por Pablo Kosiner, porque kirchneristas y progresistas respaldan la resistencia de la federación agraria.
La ley permite a las empresas apropiarse de la propiedad intelectual de las semillas y delega en el Instituto Nacional de Semillas (Inase) el poder de policía. Para la entidad agraria más combativa es una concesión a Monsanto en un viejo litigio con el país por la propiedad de la soja transgénica.
Monzó pretende sesionar el 21, con estos proyectos y otros acordados de menor relevancia que siempre aparecen en los cierres de año legislativos, porque para esa fecha el Senado ya habrá devuelto la ley de bienes personales con la excepción en los aumentos de las viviendas únicas familiares, una gestión de Miguel Pichetto.
Y si le dieron los tiempos, la Cámara vecina habrá enviado la reducción al impuesto al patrimonio de las cooperativas y mutuales, creado en el presupuesto por presión de Nicolás Dujovne y cuestionado por todas las fuerzas del Senado.
Hay dos leyes populares que Cambiemos empujó y no se anima a tratar: la de alquileres y la que grava a los jueces con Ganancias. Las inmobiliarias trabaron la primera y de mínima lograron el compromiso de no ponerle límites a los alquileres.
La justicia sigue haciendo sentir su lobby entre algunos diputados oficialistas que frenaron con susurros la ley para cobrarles impuestos, cuando el jefe PRO Nicolás Massot estaba dispuesto a aprobarla en el amanecer de la última sesión.
Tampoco hay consenso para la ley de extinción de dominio, porque Elisa Carrió y el massismo insisten con su proyecto original, que permite expropiar propiedades adquiridas con fondos provenientes de la corrupción mediante una acción civil; y algunos peronistas federales defienden la versión del Senado y lograron respaldo tácito de radicales.
Tanto fue así que el jefe de Cambiemos Mario Negri repasó el historial de sesiones para evaluar si es posible sancionar una tercera versión, una polémica discusión reglamentaria que quedará para 2019.
Ese año Monzó planteará a puertas cerradas un debate con los jefes de bloque para cambiar el reglamento de la Cámara y organizar las sesiones de otra manera: sancionar primero las leyes y luego brindar un tiempo para «expresiones políticas», que incluyan cuestiones de privilegio y discursos generales. Ya tuvo su primera reunión con las ONGs que hace años proponen agilizar el debate legislativo.
El año se pasó sin tratarse el pedido de desafuero y detención a Cristina Kirchner solicitado por Claudio Bonadío el 7 de diciembre, por la firma del memorándum por Irán.
Los plazos se vencen a fin de mes y si bien está en carpeta una sesión para cumplir, nadie quiere dar el primer paso y tienen sus razones: Miguel Pichetto siempre dijo que su bloque sólo trataría un desafuero si tiene sentencia definitiva y Pinedo lo restringió a un fallo de Cámara adverso.
Y en este caso no hubo sentencia de segunda instancia porque Cristina no apeló, pese a que otros condenados por la misma causa fueron liberados. Un nuevo desafío a sus colegas, de esos que tanto le gustan.
Además, Pinedo y el radical Luis Naidenoff ignoran propuestas de sesiones antes de tener el presupuesto aprobado, pero saben que habrá una más porque Pichetto está obsesionado por debatir su tan mentada «agenda de transparencia».
Consiste en un paquete de leyes institucionales, muchas enviadas por Macri a Diputados pero nunca aprobadas como la de financiamiento de la política, necesaria para que en 2020 ningún candidato deba explicar en Tribunales cómo costeó su campaña.
Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, no logró que Diputados trate su proyectoporque Elisa Carrió y algunos radicales se resisten a habilitar a empresas a financiar campañas y, vaya curiosidad, se encuentran en esa batalla asociados a Máximo Kirchner, que presentó un proyecto de ley donde sostiene esa restricción y solicita sortear publicidad gratis en internet.
La versión de Pichetto y Dalmacio Mera, que empezó a debatirse el miércoles, sí permite aportes privados y en la Casa Rosada comenzaron a aceptar que será aprobada antes que su proyecto y tal vez sea la única opción de llegar a 2019 con una regulación que les conviene a todos. Especulan con sancionarla en febrero o marzo.
Empachados de republicanismo, los justicialistas no se conforman y piden tratar el 21 la ley para regular la gestión de intereses, o de «lobbys», como se conoce, otra réplica de un proyecto del Gobierno cajoneado en Diputados. En Cambiemos no convence el texto porque consideran muy general la lista de «gestores» que propone y podrían pisarlo hasta 2019 para corregirlo bien.
Otra cuenta pendiente es la designación del defensor del Niño, La bicameral realizó los exámenes pero no termina de elegirlo porque, otra vez, se abrió una pelea entre verdes y celestes, colores representativos de quienes apoyaron y rechazaron la ley del aborto en la primera mitad del año.
No es el primer tema en el que vuelven a flamear sus banderas: ocurrió durante el debate por la ley de educación sexual integral, con dictamen en Diputados pero sin certezas de tratamiento.
Un grupo de diputados verdes negociaron esta semana en la Casa Rosada incluirla en la sesión del 21, pero no hay ánimos oficiales de abrir otra pelea de final abierto. Fueron demasiadas este año.
