El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró que la Constitución de la Ciudad impide que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, sea reelecto ya que se encuentra procesado en la causa por las escuchas ilegales. Qué dice el artículo 57.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat afirmó en diálogo con Radio América y CN23 que la Constitución de la Ciudad “es muy clara” e impide que el actual jefe de Gobierno porteño sea reelecto. «Vamos a impugnar la candidatura ante el Superior Tribunal de Justicia», aseguró.
El abogado explicó que «generalmente se remueve a un funcionario cuando hay condena», pero la novedad que trae la constitución porteña, en su artículo 57, es «que no puede ser designado cuando está procesado». «Entonces esta cláusula lo deja afuera a Macri. Él esta procesado», aseveró.
El mandatario porteño «está procesado por un juez, la Cámara Federal confirmó el procesamiento; la Cámara de Apelaciones confirmó y después Macri intentó apelar a Casación, pero después desistió, seguramente bien asesorado, porque no iba a prosperar”, explicó Barcesat.
“Se podría haber presentado para ser Presidente de la Nacion, pero la Constitución de la Ciudad es mas exigente. Acá no hay dos bibliotecas. La Constitución de la Ciudad es muy clara”, remató.
«No se trata de la remoción, no planteamos un juicio político, se trata de que no puede proponerse para un cargo nuevo estando procesado. El caso de espionaje es un delito doloso y cometido desde un aparato estatal y en perjuicio del mismo, entonces se dan todos los requisitos para plantear la inhabilitación del candidato. Es momento que todos hagamos cumplir la Constitución», remató.
Cabe destacar que el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad plantea que «nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la Administración pública. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la Administración, será separado sin más trámite».
Ante esta situación, lo esperable es que desde el macrismo intenten demostrar que el procesamiento de Macri no es «en perjuicio de la Administración pública» y, además, que no se encuentra firme. Y será la Justicia la que deba decidir sobre esta cuestión.
Por su parte, el constitucionalista Roberto Boico sostuvo también en declaraciones a CN23 que «yo no sé si él se ha olvidado de su procesamiento o no leyó la constitución». «El tema es que hay una intimación para que Macri no pueda y el PRO debería nombrar un reemplazante», agregó.
«El Tribunal deberá decidir si se puede presentar o no porque no cabe duda que él lo va a hacer. La exigencia constitucional dicta que para presentarse no debe haber una causa judicial. Quiero aclarar algo para esto no es vedar o victimizar a Macri. Es hacer cumplir la ley como con cualquier ciudadano», señaló Boico.
«Somos sujetos que debemos cumplir lo que la ley dice. Macri va a enfrentar un juicio penal muy grave que lo inhabilitaría éticamente para presentarse a cualquier cargo», disparó.
Y hay otro dato importante: el de las escuchas es el único procesamiento que lleva encima Macri, pero también está imputado en otras dos causas. Tal como recuerda en un artículo la legisladora porteña por Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, otro episodio es el de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).
«Se trata del organismo integrado por una treintena de empleados públicos que se encargaban de perseguir, hostigar y golpear a personas en situación de calle». La causa de la ex UCEP se originó en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Beatriz Parada, y el juez Cubas investiga los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una tercera causa judicial es la referida a la licitación del mobiliario urbano, que lleva cerca de nueve años de demora, y consiste en la instalación en toda la ciudad de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y la explotación de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública. Al respecto, se investiga por “administración fraudulenta” a funcionarios de la gestión PRO –incluido Macri– por haber “direccionado” la licitación del mobiliario urbano “para beneficiar” a una empresa.
Fuente: (Urgente24)
