El Gobierno apuesta a esconder la crisis económica detrás de temas menos conflictivos para Cambiemos. Mediante un mensaje desde Casa Rosada, el Presidente anunció un DNU que habilita la extinción de dominio. Se quejó de la demora del Congreso e intentó vincular los problemas económicos a la corrupción.
La campaña de Cambiemos pasó del eje de la seguridad a otro de sus preferidos: la corrupción. El presidente Mauricio Macri anunció que, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), habilitará a extinguir la propiedad sobre los bienes de personas que todavía no hayan sido condenadas penalmente en causas por corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros delitos vinculados al crimen organizado. Sostuvo que lo saca por decreto porque el Congreso tardó mucho en discutir los proyectos que enviaron. Sus ministros aseguraron que el DNU tendrá 15 años de retroactividad y que se creará una fiscalía especial que buscará recuperar aquellos bienes. Para esto, invertirán la carga de la prueba y los acusados deberán probar que no fueron obtenidos en forma ilegal. “En la Argentina hoy el que las hace las paga”, repitió Macri con el rostro adusto. Desde la oposición, así como desde sectores académicos y judiciales salieron rápidamente a criticar la decisión, calificándola como inconstitucional.
A esta altura, queda claro que las medidas de Gobierno de este año buscarán cualquier línea que aleje la discusión de la economía. En este caso, volvió a sacar de la galera el proyecto de extinción de dominio, que había enviado al Congreso. El proyecto original había sido escrito por Sergio Massa y había tenido media sanción en Diputados en 2016. En el Senado, luego de un fuerte rechazo en comisión por parte de distintos especialistas, el proyecto fue modificado y volvió a Diputados. El oficialismo quería insistir con la redacción original. Ayer el Presidente justificó la necesidad y la urgencia a partir de no poder esperar los tiempos legislativos: “Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos en el Congreso están estancados hace años. Y los argentinos necesitan esos mecanismos ya mismo”, remarcó Macri, en un breve mensaje en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
“Me propuse enfrentar este tema desde el primer día en que me metí en política: las mafias, el narcotráfico y la corrupción, que se llevaron plata que es de todos los argentinos”, sostuvo Macri, ya lanzado a la campaña. “No puede ser que algunos vivos cometen delitos. Los mafiosos y los corruptos no tienen límite. Son capaces de cualquier cosa. Destruyen familias. Hasta han sido capaces de matar”, aseguró el mandatario, quien dijo que esa plata la necesitan “para construir jardines”, entre otras obras. Ayer este diario informó sobre los recortes al presupuesto para jardines en 2019 y durante el año pasado.
“Hoy voy a firmar un DNU para avanzar con la extinción de dominio, para recuperar el dinero que la corrupción se robó. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos y hasta de obras de arte”, indicó Macri con gesto duro. El Presidente prometió que el dinero se va a usar “para que los argentinos podamos terminar con los problemas que tenemos hace décadas”. La idea ya había sido instalada por el Gobierno cuando comenzó la causa de los cuadernos: vincular la crisis económica a la corrupción. Desde la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, señalaron: “Esta ley es una herramienta fundamental que vamos a tener los argentinos para recuperar lo que nos robaron y hoy nos falta en infraestructura, escuelas y vivienda”.
“Los mecanismos actuales son muy lentos. Con este régimen, se van a poder recuperar más rápido estos bienes”, aseguró Macri y les reclamó “a los jueces y fiscales que actúen rápido”. “De eso se trata el cambio cultural que impulsamos en estos tres años. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se robaron”, destacó.
Sin condena
La explicación de los detalles quedó en manos de dos ministros contrastantes: Patricia Bullrich, de Seguridad, y Germán Garavano, de Justicia. Él comenzó explicando que el DNU no avanza en materia penal (lo tienen prohibido por la Constitución) como sí lo hacía el proyecto de ley, sino solamente sobre lo civil. Concretamente, se crea una nueva procuraduría especial, destinada a recuperar los bienes del crimen organizado. Se llamará Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional. También tendrán intervención la procuración del Tesoro y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que administrará los bienes. “Esto se origina a partir de un proceso penal en el que se secuestran bienes. La procuraduría va a advertir esto y va a iniciar una acción. Se le va a dar la oportunidad a la persona para que justifique los bienes”, indicó Garavano. En lo concreto habrá un juicio civil para que el Estado se quede con bienes que la persona no pueda justificar con sus ingresos patrimoniales. La acción se podrá iniciar sobre todos los bienes que sean objeto de medidas cautelares, según dice el DNU, “se encuentre o no imputada (la persona) en la investigación penal”. No obstante, la extinción de la propiedad sobre esos bienes puede llegar antes de que haya una condena penal. El DNU dispone que si luego la persona es absuelta, deberá devolverle las propiedades o bien un dinero equivalente.
“¿Cómo se determina que son bienes obtenidos en forma ilegal si hay un proceso penal vigente?”, quiso saber un periodista. “Un juez civil lo que hace es determinar, mediante el ministerio público, que esos bienes esta persona no los puede tener. Invierte la carga de la prueba. Eso independiza del proceso penal”, respondió Bullrich, sobre uno de los aspectos del decreto que más polémica levantó.
“Esto puede ser retroactivo, porque es un mecanismo del código procesal penal… o un mecanismo que tiene que ver con el código porque no es penal”, se confundió. Garavano intentó intervenir, pero ella siguió. “De acá hasta 15 años atrás podría volverse”, aseguró.
Una ley que le permite al Estado quedarse con propiedades invirtiendo la carga de la prueba podría preocupar a más de un espíritu liberal. Tal vez por eso, Bullrich buscó tranquilizar a la población: “Los que tienen que tener miedo con esto son los corruptos. Se les va a sacar todo a los delincuentes y se les va a respetar todo a las personas honestas”.
De paso, la ministra lanzó una cifra: “En estos años de Gobierno hemos decomisado 23 mil millones de pesos en drogas y en campos”. Desde la secretaría de Lucha contra la Corrupción, manejan un dato mayor: 254 mil millones de pesos sería el monto de dinero embargado en causas vinculadas a la corrupción.
Por su parte, Garavano quiso despegar el anuncio de la posible intervención sobre un sector político opositor: “El decreto incluye la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la pornografía infantil. Es un decreto amplio. Hay amplias garantías para personas que tienen bienes de buena fe. Esto solo se aplica a los bienes posteriores a los hechos delictivos”, aseguró. Sobre la discusión sobre el DNU que se puede dar en el Congreso, Bullrich pecheó: “No creemos que nadie esté en contra de sacarle los bienes a los que le roban a la gente”.
