La ilusión de que el gobierno dijera «no» a último momento demandaba una fortaleza que no se pudo, no se quiso o no se supo construir.
Una vez más, Alberto Fernández, Martín Guzmán y el gobierno del Frente de Todos cerraron una negociación de deuda desde la debilidad extrema. En medio de una corrida cambiaria, una brecha del 110%, una escalada del riesgo país, las reservas en picada y la alarma encendida del retiro de depósitos en dólares de los bancos, que oscilaba entre U$S 300 y U$S500 millones en los primeros 20 días del año. El oficialismo que venía de perder las elecciones en 15 provincias atravesaba el desierto de los meses de verano sin divisas de la cosecha y con una ofensiva de los agitadores del mercado que no tenía fecha de vencimiento. Solo desde ese “precipicio cambiario”, al que Miguel Pesce dice haberse asomado, se entiende que se considere “razonable” el acuerdo al que llegó la administración Fernández con el Fondo Monetario Internacional
A esta altura, el Gobierno no veía otra opción y no tenía espalda. Cuatro debilidades lo afectaban de manera elocuente: la de origen, el peso de la deuda; la de las circunstancias, la pandemia; la autoinfligida, producto de errores, dudas y diferencias; y la electoral, que provocó una crisis fenomenal en lo más alto de la coalición. Con cancha inclinada, prolongar la negociación en la que se discutía -siempre y sobre todo- la velocidad del ajuste que viene le costaba cada día más caro. Era tarde para tensar la cuerda con todas las cartas marcadas, según la definición de Fabio Rodríguez, el director de la consultora M&R, que considera positivo el acuerdo.
No pagar era una alternativa que hubiera demandado otro tipo de procedimientos previos. No hablar de un “Nuevo Fondo” para referirse al acreedor privilegiado de la Argentina que se lavó la cara en tiempo récord gracias al perfil de una Kristalina Georgieva que se entiende muy bien con el Gobierno pero no tiene el peso necesario dentro de la estructura del FMI. Tampoco haberse aliado al Fondo durante la reestructuración con los privados en las que el prestamista de última instancia se convirtió en la autoridad que establecía hasta dónde podía ceder la Argentina ante la fauna de BlackRock y asociados. Consecuencia natural de una pulseada más dura, hubiera sido no pagar los 6.400 millones de dólares que se le entregaron al organismo de crédito que ejecutó un préstamo récord en su historia para un gobierno que, según la reciente Evaluación Ex Post, no cumplió ninguno de los objetivos del acuerdo. Para todo eso, el jueves a la mañana, ya era tarde.
Lejos de la épica sui generis de aquel Néstor Kirchner que tensó y pagó cash, la ilusión de que el gobierno dijera «no» a último momento demandaba una fortaleza que no se pudo, no se quiso o no se supo construir en un contexto más complicado, con una deuda muchísimo mayor y una parte de la sociedad que ya no condena los años noventa como en el 2001 sino que, como parte de la regresión y el fracaso recurrentes, empieza a mirarlos con nostalgia. Al contrario, lo que se consumó fue la evidencia de la propia fragilidad ante una emergencia cada vez más profunda.
El Presidente habló desde los jardines de Olivos con el mismo libreto con el que encaró toda la negociación. Dijo que se encontró una solución para zafar de la soga al cuello y la espada de Damocles, anunció un horizonte de futuro y aseguró que el pacto con el Fondo es casi una bendición: no contempla restricciones, no limita, no condiciona, no atenta contra los derechos de los jubilados -que vienen siendo afectados desde hace cuatro años largos-, no impacta en los servicios públicos, no dispone de saltos devaluatorios no relega el gasto social ni impone el déficit cero, aunque -fue lo único que admitió- obliga a ordenar las cuentas públicas. Para Fernández, la sociedad con el Fondo permite el crecimiento, alienta la recuperación y abre las puertas de nuevo financiamiento. La innovación principal de Alberto sonó como un mix de Palito Ortega y Daniel Scioli. “Yo tengo fe”, dijo. Contra ese tipo de convicción, nada puede argumentarse.
La cara del Presidente daba cuenta del alivio que le provocaba el anuncio que posterga los plazos de la deuda demencial con vencimientos de cortísimo plazo que generó Macri. A su favor, se cumplió con algo que estaba claro desde el minuto cero: al peronismo no se le exigirán las reformas estructurales que ni siquiera Macri pudo hacer en su momento de auge, cuando fantaseó con el eslogan del reformismo permanente. En contra, tal como lo marcó el economista Ricardo Delgado -otro de los que suscribe el acuerdo-, la deuda sigue ahí: en 2025, habrá que pagar U$S 15.000 millones.
Mientras Fernández, Guzmán y sus colaboradores cerraban los términos del acuerdo, Cristina Fernández de Kirchner estaba a 6.200 kilómetros de distancia, en la asunción de Xiomara Castro como presidenta de Honduras. Como si fuera un movimiento planeado o una travesura de la historia, la vicepresidenta viajó al exterior por primera vez después de casi dos años en las horas cruciales en las que el Gobierno tomaba una decisión que, para bien o para mal, definirá su suerte electoral dentro de menos de dos años.
En Tegucigalpa, Cristina respiró durante dos días, de muy buen humor, un clima muy distinto al de Buenos Aires. Alberto Fernández sólo la llamó el jueves a la mañana para ponerla al tanto de la novedad del acuerdo. Ella estaba a punto de partir para el Estadio Nacional en el que Castro asumiría ante unas 30 mil personas y anunciaría, también, la decisión de reestructurar su deuda. Hasta entonces, dicen en su entorno, no tenía información sobre lo que estaba a punto de firmarse. “Ella sabía que la falta de comunicación se debía a que no eran buenas noticias”, arriesga un funcionario de buena relación con la vice. Los organizadores del acto la sentaron en primera fila y volvió a sentirse aclamada, como lo había sido el día anterior en la Universidad Nacional Autónoma, donde repitió la consigna de los pueblos siempre vuelven y habló del avance del narco en detrimento de los gobiernos subordinados a los programas de ajuste de los organismos de crédito.
El mismo miércoles en que su discurso resonó en Buenos Aires, CFK tuvo un extenso encuentro privado en el Clarion Hotel Real con Dilma Rousseff, a quien ya se menciona como futura canciller de Lula. Según dicen dirigentes que conversaron con ella en las últimas horas, en esa charla Cristina habló de Argentina como caso testigo y dijo que las fuerzas que objetan el cambio de ciclo en la región necesitan al Frente de Todos debilitado, como rostro anticipado de lo que puede pasar con gobiernos de origen progresista que vuelven al poder y no logran alterar para bien las condiciones de vida de la población.
Después de que Leopoldo Moreau afirmara que el default no tiene que aterrorizar, el silencio de CFK y sus leales vuelven a funcionar como extraño aval: de un momento a otro, puede convertirse en impugnación y denuncia. A su alrededor dejan trascender que la vice rechaza la política de reducción del déficit fiscal a la que se comprometió Guzmán y mira con particular preocupación el número del año electoral: 1,9%. Entre los negociadores argentinos, contrastan ese dato con lo que pedía el Fondo: que el déficit de 2023 fuera de 1% y el ajuste del doble. “Ella piensa que el acuerdo es la derrota nuestra”, dice una de las personas que accede de manera frecuente a su despacho en el Senado.
Cristina aterrizó en Buenos Aires el viernes a la dos de la madrugada. Unas horas después, el Presidente y su ministro dieron los detalles del principio de entendimiento con el Fondo. En conferencia de prensa, Guzmán evitó responder cuando el periodista Jairo Straccia le preguntó si el acuerdo contaba con el aval de Cristina. No fue producto de la casualidad o el olvido.
En contraste con el hermetismo de la vicepresidenta, el acuerdo recibió el respaldo de Lula desde Brasil. Adentro, la euforia se apoderó del mercado y las felicitaciones llegaron de un arco amplio de la elite dirigente. Una vez más, Gerardo Morales fue el primero en destacarse como aliado del Presidente. Casi dos horas después, lo hizo Sergio Massa y más tarde el resto de la comandancia de Juntos, incluido el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris. En paralelo al apoyo de la CGT de Héctor Daer y gobernadores como Omar Perotti, Sergio Uñac, Gustavo Bordet y Gildo Insfrán, el sendero de reducción del déficit fue aplaudido por la Asociación Empresaria Argentina de Paolo Rocca y Héctor Magnetto, el Grupo de los 6 que integran las dos asociaciones de bancos, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción, la UIA, la CAC y la Bolsa de Cereales. También por el influencer ultraliberal Carlos Maslaton. Salvo Alicia Kirchner y Axel Kicillof, que también aprobaron a su manera, el resto de los que se pronunciaron son opositores sistemáticos de los planteos del cristinismo. Es el Presidente el que construye ese arco de alianzas, el que asume los costos de lo que viene y el que sueña, al mismo tiempo, con su reelección.
Como con el ajuste que se ejecutó en el año electoral, es el gobierno de Alberto el que vuelve a imponerse. Macri, que tampoco se expresó en público, debe estar satisfecho. Dos de sus grandes obras lo trascendieron en el tiempo: así como se convalidó la pulverización del salario que perdió entre 20 y 25 puntos desde 2016, el Frente de Todos acaba de legitimar una deuda contraída en forma temeraria y un préstamo irregular que no cumplió con al menos tres de las cuatro condiciones para acceso excepcional que fija el propio Fondo en su estatuto.
Desempolvada en tiempo de descuento, la retórica del default como mal menor y el rechazo al cogobierno con el FMI resultó inviable, como antes lo habían sido los intentos de las distintas alas del oficialismo: la quita de la deuda, el pago a 20 años, la reducción de las sobretasas y la investigación sobre la fuga de capitales que el Fondo denunció después de haber avalado, pese al rechazo del halcón demócrata David Lipton, que se oponía a violar el artículo VI de la carta orgánica del FMI. Cansado de la Argentina como dicen que está, el lugarteniente de Christine Lagarde que se recicló como número dos del Tesoro con Janet Yellen volvió a perder en las últimas horas. Al lado del Presidente, piensan que el acuerdo se destrabó por el peso del ala política del gobierno de Biden.
Si a principio de mes Guzmán confesó que no existía un “acuerdo bueno en términos absolutos”, ahora aseguró que no pagar era dar un “salto a lo desconocido”. Lo que viene, sin embargo, no está exento ni de sacrificios ni de incertidumbre. Al monitoreo permanente de Washington -habrá 11 revisiones en 2 años y medio- se sumarán una serie de metas difíciles de cumplir.
Tal como Alejandro Rebossio le planteó al ministro en la conferencia, cuatro meses después de haber presentado un presupuesto que preveía un déficit de 3,3% en 2022, Guzmán se comprometió ante el Fondo a reducir ese porcentaje a 2,5%, casi un punto de diferencia y en un año en que no habrá impuesto extraordinario a la riqueza. Como respuesta, el ministro afirmó que el crecimiento, el aumento de la recaudación y de la inflación -que además licúa jubilaciones y salarios de estatales- suponen una “situación más ventajosa” para el Estado.
Aunque el Gobierno jura hasta el cansancio que no habrá ajuste y reitera su apuesta al crecimiento, el director del Banco Nación Claudio Lozano estima que el acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Fernández de 8.920 millones de dólares. Se inicia un periodo en que las dos vías se pueden complementar o anular. El hachazo previsional viene ocurriendo, tal como lo muestran uno de los últimos informes de Emmanuel Alvarez Agis, otro de los que apoya el acuerdo. Según la consultora PxQ, durante 2021 el gasto en jubilaciones y pensiones (al igual que el resto de las prestaciones sociales) cayó en términos reales (-6%) y su peso con respecto al PBI pasó de 8,6% a 7,3%. En el otro extremo, crecieron los subsidios a la energía y el transporte (+31,5%) en términos reales y pasaron de 2,5% del PBI a 3%.
La reducción de subsidios, el aumento de tarifas y el fin del atraso cambiario en relación a la inflación -todo atado al acuerdo- potencian la inflación en un contexto en que la consultora Eco Go registró una suba de 58,3% en alimentos y bebidas durante 2021.
El otro aspecto tiene que ver con la devaluación que Guzmán volvió a negar, cuando afirmó que en 2022 se busca acumular reservas por U$S 5.000 millones con los tres nuevos desembolsos que prevé hacer el Fondo durante el año. ¿De dónde van a salir las divisas que hacen falta en paralelo para sostener el crecimiento vía aumento de importaciones? No está claro. La pandemia complicó al Gobierno en sus dos primeros años pero contribuyó a generar un superávit comercial excepcional que llegó a casi 30 mil millones de dólares producto de la menor salida de dólares por el turismo al exterior. De ese total, la mayor parte se evaporó en pagos de deuda, intervenciones para frenar al dólar paralelo y dólares subsidiados para las empresas que se endeudaron bajo Macri. En 2022, no habrá pagos con el Fondo pero el contexto internacional, la sequía, el aumento de los precios del gas y las tasas en Estados Unidos asoman como grandes desafíos.
Por último está la tasa de interés real positiva que exige el FMI. Estímulo para el ahorrista en pesos y mazazo para el crédito de las pymes, el aumento de la tasa agiganta la bola de nieve de las Leliq y los pases pasivos que Pesce les paga a los bancos . Durante el año que se fue, a contramano del eslogan de campaña, el gobierno de Fernández eligió a los bancos sobre los jubilados: según la consultora Econviews los intereses aumentaron $1,35 billones (2,9% del PBI) durante 2021 y llegaron al 8,8% del PBI. Ahora busca desarmar esa bomba y se propone cumplir con el fuertísimo ajuste monetario que Guzmán firmó con el Fondo: reducir la emisión del 3,7% del PBI de 2021 al 1% este año.
Es un mecanismo de relojería de lo más delicado, en el que cualquier desajuste puede alterar los equilibrios previstos. La pregunta que flota en el aire es cuánto puede durar el acuerdo en un contexto de conflictividad social y tensión entre el cristinismo y el establishment. De un lado, si el ajuste no es tan duro como el que reclamaban los fanáticos del mercado, la euforia de hoy puede desactivarse mañana y elevar la presión devaluatoria. Del otro, el Frente de Todos deberá avalar los números que cerró Guzmán y Fernández tendrá que imponerse una vez ante las demandas de su base electoral. Los movimientos sociales alineados con CFK y La Cámpora ya están pidiendo que se active el proyecto de Salario Básico Universal para 9 millones de personas que el Gobierno decidió frizar.
Por Diego Genoud para el El Diario Ar.
