Investigan la responsabilidad del expresidente en la inteligencia ilícita: Los teléfonos móviles, que fueron comprados por la cúpula de la AFI macrista, se distribuyeron entre funcionarios pero también a operadores de la «mesa judicial» del anterior gobierno.
Anochecía el 17 de julio último cuando un exjefe de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, se zambullía, luego de horas, en el tramo final de su declaración indagatoria. En el juzgado de Lomas de Zamora los presentes respiraban, sin saberlo, microgotas de coronavirus que hacían el aire aún más denso. Todos se despabilaron cuando el espía contó que el exdirector del organismo, Gustavo Arribas, y Mauricio Macri, se comunicaban por teléfonos celulares que habían sido encriptados por la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“Había más de diez de esos teléfonos, seguro”, afirmó Coste. El dato se volvió un elemento clave para la fiscalía de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para comenzar a indagar en la posible responsabilidad del expresidente en el espionaje ilegal cuya existencia, para ellos, ya está fuera de toda duda. Pero además dio pie a un gran hallazgo dentro de la propia AFI: durante el macrismo la central de espías repartió más de 100 celulares encriptados, pero no sólo se los dio a funcionarios del gobierno de Cambiemos sino que también se los entregó a operadores y amigos, publica hoy Página|12.
En oficinas de la AFI fueron encontradas dos órdenes de compra de celulares en Estados Unidos. Son exactamente los mismos que Coste indicó en su declaración ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales: “modelo Nexus, marca Huawei”. “Contenían un desarrollo propio de la agencia para encriptar de modo seguro, voz y datos”, explicó ese día. También precisó que el sistema había sido instalado por “el área de ciberinteligencia de la agencia sin el consentimiento, hasta donde yo puedo afirmar, de Contrainteligencia”. Los equipos, dijo el agente, “deberían estar en la agencia, creo que se podrían pedir”. En el área de Ciberseguridad y la oficina de Tecnología aparecieron varios de los aparatos buscados. Coste había explicado que sabía que Macri y Arribas tenían esos celulares para comunicarse entre ellos en forma secreta; que también tenía el suyo la número dos del organismo y funcionarios como el exjefe de gabinete, Marcos Peña.
En la AFI está la lista de los adjudicatarios de celulares encriptados: fueron más de 100. Habían sido distribuidos entre funcionarios jerárquicos. Hasta Laura Alonso tuvo su Nexus blindado. Pero entre los beneficiarios había personas sin otra relación con el Gobierno más que la de ser amigos o lobbistas. Uno de los casos más elocuentes es el de Daniel Angelici, expresidente de Boca y conocido operador judicial. ¿Por qué la AFI le daba y le pagaba un teléfono, según las evidencias encontradas en el organismo, si no tenía ninguna función, por lo menos formal, en el gobierno? El dato tiende un vínculo, una vez más, entre la central de inteligencia y el universo de las operaciones judiciales del gobierno de Macri. Tanto Arribas como Angelici están señalados como integrantes de la “mesa judicial”, por la que hay una causa penal abierta.
El reparto de celulares encriptados, pagados con dinero público, podría derivar en una nueva denuncia judicial, con una agravante que la intervención de la AFI intenta dilucidar: algunas personas no devolvieron los teléfonos y trata de determinar quiénes son. Angelici sí lo retornó. Fue hallada una cajita con su nombre. Los fiscales de Lomas pedirán información sobre los teléfonos que usaron Macri, Arribas y Silvia Majdalani, y establecer quiénes más los utilizaban. Más allá de que sea inaccesible el contenido se pueden analizar la frecuencia de llamadas y con quién eran asiduas, fechas y horarios.
La megacausa, Macri y su hermana
El juez Augé procesó a la cúpula de la AFI por violar la Ley de Inteligencia por el espionaje en el Instituto Patria y a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, y por falsificar documentos para dar aspecto de legalidad a esas tareas de espionaje ilegal. Coste fue procesado por no frenar esas actividades. Pero Incardona y Eyherabide ya remarcaron que esos hechos sólo reflejan un caso de muchos entre 2017 y 2019. Dijeron que hubo “una verdadera estructura de inteligencia ilícita dentro del Organismo de inteligencia del Estado Nacional que los imputados dirigían y que damnificó a una multiplicidad de víctimas sobre las que se realizaron acciones de inteligencia prohibidas por la ley y que estuvieron motivadas en intereses de orden político…”.
En las últimas semanas se avanzó poco en este terreno quizá a raíz de que la fiscal Incardona se contagió covid tras la declaración de Coste, que también tenía el virus, y luego dio positivo el juez Augé. Es la causa que tuvo originalmente el juez Federico Villena y de la que fue apartado por la Cámara de La Plata por temor de parcialidad.
Villena llegó a identificar a los exespías del grupo “Super Mario Bros” que hicieron seguimientos a políticos, algunos del propio macrismo como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Waldo Wolff. También integran la lista de víctimas el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, su hermano Luis, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el exintendente de La Plata Pablo Bruera, la diputada Graciela Camaño, el dirigente Hugo Moyano, el cura Francisco Paco Olveira, dirigentes mapuches y sociales y periodistas como Hugo Alconada Mon.
Los exagentes “Super Mario Bros” –en su mayoría expolicías de la Ciudad—fueron indagados por Villena y la fiscal Incardona. Los más conocidos son Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge «el Turco» Sáez. Su jefe de Operaciones era Alan Ruiz y fue interrogada la ex directora de documentación de la Casa Rosada Susana Martinengo, ligada a ellos. La fiscalía debe definir si pide procesarlos, o antes ampliar sus interrogatorios. Será pronto. También fue allanado el secretario de Macri, Darío Nieto, e incautado su celular, que acaba de pasar por un tercer análisis. Hasta ahora nada contundente lo liga al espionaje. Se verá, ya que borró contenido.
Arribas y Majdalani son candidatos a una nueva indagatoria por todos los casos de espionaje. Mientras tanto, la fiscalía analiza elementos que podrían conectar de manera bastante directa las propias operaciones ilegales con el expresidente Macri quien –están convencidos pero deben probarlo– recibía la información recolectada.
Una clave que mencionaron los espías lleva al ex mandatario: Florencia Macri, su hermana, aseguraron, fue espiada por ellos mismos, junto a su pareja, Salvatore Pica. Sacaron fotos de la casa, en San Isidro, desde una obra en construcción lindera, ya que Ruiz decía conocer al arquitecto encargado de la remodelación. ¿Por qué espiaría la AFI a la hermana presidencial si no era por interés del propio presidente? Los exagentes, decían que el argumento era que Pica tenía una causa judicial (hay versiones de contrabando, lavado y hasta narcotráfico) que podían rozar a Macri.
Florencia no fue citada hasta ahora porque no se halló un legajo sobre ella, pero queda mucho material sin analizar en la causa: hay 110 teléfonos incautados. Algunos no se sabe ni dónde quedaron tras el cambio de juez. De Sáez y su círculo, por ejemplo, hay 9 celulares, 7 de Mercedes Funes Silva, 5 de Araque, 4 de Melo.
Coste declaró que es impensable que la orden de espiar a CFK no haya salido de Macri y los ex jefes de la AFI. Fue categórico. No pudo ser un agente de operaciones por sí solo.
Espionaje en la cárcel
En los próximos días se activarán medidas sobre un tema clave: el espionaje en la cárcel de Ezeiza y otros penales. Ezeiza se allanó tras el aporte de un testigo de identidad reservada del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que reveló que habían cámaras y micrófonos para espiar a los presos del kirchnerismo y empresarios, que copiaban los celulares de las visitas y que todo era monitoreado por el Area 50 (inteligencia del SPF), en Varela 266, Flores, del mismo SPF. Su extitular, Cristian Suriano, sospechan los investigadores, recibía la información que iba a la AFI, y quizá a la Casa Rosada. El testigo secreto dijo que Fernando Carra, asesor del ex titular del SPF, Emiliano Blanco, «ablandaba» a los presos usando la información obtenida para que, entre otras cosas, declararan contra CFK. Habló de aprietes a Roberto Baratta, Luis D’Elía y Jorge Chueco.
En Ezeiza se hallaron dos cámaras, un micrófono y cables donde habrían estado otras instalaciones de «cableado» para espiar en áreas comunes y donde se entrevistaban abogados y presos. Los primeros estaban dentro y cerca de la celda donde fue enviado adrede el narco Mario Segovia, en el pabellón bautizado IRIC, de los detenidos por corrupción. Segovia, todo indica, fue usado de excusa para espiar a los demás. Con el pretexto de monitorearlo, se pincharon nueve teléfonos públicos en los módulos 1 y 6, de donde salieron las escuchas de la “operación puf” que se usó para atacar la causa del “D’Alessiogate” con conversaciones privadas de presos. A la causa contra Segovia no se envió material alguno de escuchas.
* La fiscalía busca más cámaras. La empresa Hurin vendió unas 40 al SPF, y no están. También se verificará si hubo “cableado” en otros penales, como Marcos Paz.
* Por el celular de un espía se supo que circulaba una planilla con datos de los presos, ubicación y seguimientos. Allí figuraban: Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Oscar Thomas, Carlos Zaninni, Fabián de Sousa, Cristóbal López, Carlos Kirchner, Fernando Esteche, Julio De Vido y Rafael Llorens. Algunos serán citados. Quien se presentó pidiendo querellar fue el ex jefe del Ejército César Milani, ex jefe del Ejército. Los espías armaron un gráfico sobre sus abogados, visitas en la cárcel, familia, bienes y sociedades.
· Habrá una pericia tecnológica para saber cómo se conectaban Ezeiza y el Area 50.
· Se analizarán celulares de Suriano, Carra, Blanco, Miguel Angel Perrotta (Asuntos Internos del SPF) y Juan C. Silveira (director de Seguridad).
Causas armadas
El papel de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI será central en el caso. Hubo espías que contaron ante la Bicameral de Inteligencia cómo esa área acumuló poder en el armado de causas. La dirigía Juan Sebastián De Stefano, cercano a Angelici y Arribas. El agente Andrés Bertolini, que será citado, dijo que era «una agencia dentro de la agencia», que se metía en expedientes y transcribía de escuchas. Algunas fueron las conversaciones de los presos políticos, con familiares, amigos y abogados, que terminaron en manos de ciertos medios, de Elisa Carrió y del fallecido Claudio Bonadio.
