Sin una oferta concreta, Lopetegui espera frenar las amenazas de juicios. La reunión será el próximo miércoles a las 14 horas.
Rogelio Frigerio y el secretario de Energía Gustavo Lopetegui convocaron a representantes de empresas petroleras y gobernadores a una reunión el miércoles próximo a las 14 horas para suavizar el malestar generado por el congelamiento de los precios de los combustibles al 9 de agosto y por 90 días por decreto.
Fuentes del sector explicaron a LPO que las expectativas respecto de la reunión son pocas y que creen que la idea del encuentro es lograr que los gobernadores le bajen el tono público a su rechazo a la medida y que comprendan que les puede salir más caro que no logren estabilizar la macroeconomía que esta resolución transitoria. A su vez especulan con que los disuadan de tomar acciones legales por los costos que deberán enfrentar, incluso potenciales litigios de parte de los accionistas.
Es que el costo de la medida recayó casi por completo en las productoras de petróleo -que deberán producir con un barril de petróleo 15 dólares por debajo del precio de mercado- y por consiguiente las provincias petroleras, que por ende recibirán menos regalías, lo que afecta el estado de sus cuentas públicas.
«A nosotros no creo que tengan nada para ofrecernos, la medida ya está tomada y el decreto ya salió, Creo que van a intentar negociar con los gobernadores algún paliativo, alguna transferencia que les compense parte de las regalías», dijeron a LPO desde una de las principales productoras de petróleo del país.
LPO buscó sin éxito que fuentes oficiales explicaran cuál era el objetivo del encuentro y qué podían ofrecerles a los gobernadores para que menguara su malestar.
Desde otra empresa, en cambio, señalaron que «tenemos la esperanza de que razonen y repartan de forma más equitativa la carga sobre toda la cadena de valor y no que seamos las que deben soportar el 100% de la medida, con este barril no podemos sostener las inversiones en Vaca Muerta y ellos lo saben; porque tampoco tenemos ninguna garantía para después de los 90 días del congelamiento».
El CEO de Vista Oil&Gas lo hizo público ayer cuando aseguró en declaraciones radiales: «Para que quede bien claro: la industria entendía la necesidad de que alguna medida debía ser tomada y que no es lógico pasar todo el costo de la devaluación al consumidor, pero la gran discusión es cómo asumir a lo largo de la cadena de valor esa carga… eso se ha hecho en el pasado de manera negociada, pero lo que terminó pasando con esta medida y la forma en que se congelaron y pesificaron los precios, es que los productores hoy estamos vendiendo el crudo en un 30 por ciento menos del valor al que lo hacíamos ayer».
«Con estos valores no se pueden cubrir los costos de producción», aseguró.
Sin embargo, este sábado desde el Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi se adelantaron a desmentirlos. En un documento público con las firmas de Jorge Lapeña y Diego Grau, sostuvieron que «El IAE Mosconi no avala las críticas de diversos actores de la comunidad petrolera acerca de que la decisión gubernamental afectará el desarrollo de Vaca Muerta. Consideramos que esta opinión representa un interés sectorial carente de todo fundamento técnico, y que además trasunta falta de solidaridad social y falta de colaboración con el gobierno nacional en un momento de crisis económica severa e imprevista».
Sin embargo, para las provincias este es un debate marginal. Chubut está enfrentando serias dificultades para pagar los salarios y ya anunció que deberá reestructurar su deuda -garantizada con regalías petroleras-; en tanto que para Neuquén una parálisis de las inversiones le genera problemas inconmensurables porque 30.000 trabajadores petroleros se concentran en la provincia de Vaca Muerta y se pueden frustrar buena parte de los proyectos que iban a pagar la deuda contraída por Omar Gutiérrez.
«Las empresas de esta industria si se van de Vaca Muerta tardarían todo un gobierno en volver y hoy en la Cuenca Neuquina entre todos los rubros conviven más de 30 mil trabajadores», advirtió a LPO una fuente al tanto de los pormenores del conflicto.
A su entender, con esta medida en el Gobierno «se están pegando un tiro en el pie» en tanto «tiraron por la borda la seguridad jurídica que tanto se necesita en una industria que demanda altos niveles de inversión».
De acuerdo a la fuerte consultada, en un contexto político tan sensible, los empresarios se cuidan de decir en público que su mayor temor es que el Gobierno con este decreto le abrió la puerta a que sus sucesores «mantengan este paquete de medidas y desalienten a mediano y largo plazo las expectativas de inversión».
