“La responsabilidad es esa, y hay un plazo de dos años para ir incorporando todos aquellos pasivos que no estén en la auditoría primaria que se ha hecho”, señaló Othar Macharashvili este mediodía.
Sin embargo, se espera ese dictamen, para que la empresa avance con todo lo que tiene, mientras, legalmente se resuelve la situación, ante lo que el titular del Ejecutivo local indicó que no sabe de qué forma se podrá hacer.
“No hay que generar ningún dictamen en lo ambiental, que perjudique o que trabe la transferencia del área. Y en lo que hace a lo ambiental, está trabajándose de la forma que mencioné y en eso son los pasos y los tiempos que se está trabajando, pero esto no impide que se firme el traspaso”, aseveró.
Cabe señalar que hace más de diez años se firmó un acuerdo y hace menos de un mes, el secretario de Recaudación, Luis Perea, solicitó a la Asesoría Letrada municipal un dictamen sobre la ordenanza referida.
El propio asesor letrado de la MCR, Miguel Criado Arrieta, había indicado que, de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, hay exigencias no cumplidas, que desencadenan en una nulidad absoluta de lo firmado, trabando el libre deuda que exige PeCom en el traspaso de Campamento Central.
El diario El Patagónico publicó hoy que, entre los criterios tenidos en cuenta, se aduce que fue vulnerado el principio de igualdad frente a otras operadoras, además de que no se cumplieron los pasos necesarios para el tratamiento de temas tributarios que exige la normativa municipal, como el proceso de doble lectura y audiencia pública.
De acuerdo con cálculos extraoficiales, que se habían realizado desde el área de Recaudación, la deuda que el municipio podría exigir ascendería a un monto del orden de los 2 millones de dólares.
Ante esta situación, no se había podido establecer si el municipio avanzará en un reclamo hacia la operadora saliente, desde cuyo entorno dijeron no estar al tanto de la situación, y Macharashvili fijó posición sobre cómo avanzar o no.
