El diputado provincial y referente de los petroleros remarcó que el último jueves informó en la Legislatura de Rawson el cuadro de situación de inversiones y la permanente evaluación e inspección del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut sobre los yacimientos en que las operadoras desarrollan su explotación. Además señaló que el estado del área de Epsur, propiedad de Lázaro Báez es deplorable y en su momento no se pudo expropiar por estar judicializada su situación.
Carlos Gómez indicó en radio FM La Petrolera que todo lo que significó en su momento la prórroga de concesión de YPF, Tecpetrol y Pan American “son señales positivas para la actividad, por cuanto se suman una mayor cantidad de inversiones, mayor cantidad de equipos, exploración en petróleo convencional y no convencional en todas las áreas”, pero resulta que ahora lo que se está haciendo es “evaluar la conducta de las grandes operadoras, donde al lado de ellas están los yacimientos que alegremente han pasado los últimos años sin ningún tipo de inversión, compromiso ni posibilidad de haber cumplido los compromisos que les dieron origen a acceder a las áreas petroleras de las provincias del Chubut”.
“Por eso, el 10 de junio cuando YPF da a conocer el récord de producción que ha tenido producto de los planes de inversión comprometidos con la provincia, es donde el Sindicato a través del Sindicato General -Jorge Ávila- lanza bien claro un mensaje: la defensa de esos planes de inversión pero también la defensa de las PyMEs”, enfatizó el legislador provincial en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.
Y sostuvo que en ese marco, también se dejó en claro que se va a estar colaborando como sector trabajador con todo lo que pueda significar la atracción de inversiones para petróleo convencional y no convencional, pero “siguiendo el lineamiento de esta política energética nacional, se debe ser claro en la inspección a todos los yacimientos y aquel que no produce, que genera problemas o pasivo ambiental, se debe analizar posibilidades para su reversión y entregarlos realmente a los inversores que realmente quieran invertir y hacer producir, colaborando desde cada área de Chubut a lo que significa el autoabastecimiento de petróleo y gas”, analizó.
Incumplimientos
Por eso, Gómez consideró que en buena hora haya ‘saltado’ en la inspección que se realizó en Mata-Magallanes la insistencia para que se haga realidad la reversión allí de Epsur, “porque se revirtieron áreas importantes de YPF como El Trébol, Escalante, etc. y esa área siguió de largo y hasta el día de la fecha en la Justicia tenemos once cuerpos con 6 mil fojas para mantener un yacimiento en las condiciones deplorables tal como lo ha constatado el Sindicato en las últimas inspecciones”, explicó.
Asimismo, indicó que atento a las tareas que llevan adelante el Sindicato, Petrominera e Hidrocarburos, se dio a conocer esto en la sesión legislativa del jueves en Rawson a fin de ‘apurar’ dicho expediente. “Estamos hablando de que se revierte el área en 2011; pasaron tres años. No innovar está protegido por la Justicia pero sigue insistiendo en las causales que dieron origen a sacar el área: incumplimiento de: plan de perforación e inversión; obras de medioambiente y legislación ambiental; obligaciones laborales; pago de regalías; pago a la producción mínima desde 2009; pago oportuno del bono variable; pago de bono variable del tercer trimestre de 2010”, resumió; para lamentar luego que no hubo ninguna señal de invertir, de elevar la producción.
“No hubo señales concretas de remediar el pasivo ambiental y se ha hecho todo lo contrario, por eso la denuncia pública que ha hecho el Sindicato para que de una buena vez se proceda a la reversión de esta área y con el mismo camino seguir con las inspecciones en los demás yacimientos, principalmente donde esté asociado Petrominera”, enfatizó.
Finalmente Gómez aseguró que ha quedado demostrado en función del marco legislativo nacional y provincial, que lo que se busca es que haya inversiones pero también obligaciones del inversor y la seguridad jurídica para que el inversor pueda recuperar la inversión y preservar la rentabilidad.
