Cuando estalló el escándalo, el Presidente aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después repitió prácticamente la misma oferta de pago que la fiscal Boquin consiguió frenar, porque era “una condonación lisa y llana” de la deuda multimillonaria que el Grupo Macri tenía con el Estado.
Como si no hubiera pasado nada, ni el tiempo, el Correo Argentino le hizo una nueva oferta al Estado por su deuda millonaria que, en rigor, es casi igual a la que ya formuló en junio de 2016 y que fue denunciada por implicar una condonación lisa y llana. La propuesta fue presentada por la empresa del Grupo Macri en una audiencia que se hizo el martes último ante la Cámara Comercial. Tiene sólo dos diferencias poco significativas respecto del ofrecimiento anterior: plantea el pago en 13 cuotas anuales en lugar de 15, lo que no cambiaría demasiado el resultado porque ya pasaron dos años desde la negociación inicial y el último vencimiento, en 2033, no se movería; y además, el Correo dice que está dispuesto a hacer un “reconocimiento adicional” en concepto de intereses con tasa pasiva siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado. O sea, pretende pagar con dinero estatal que aspira a obtener. Las tasas que sugiere son bajísimas. El gran enigma ahora es si los representantes estatales aceptarán este esquema, como lo hicieron dos años atrás creyendo que pasaría inadvertido.
La audiencia que se hizo esta semana debió haberse realizado el 16 de marzo del año pasado. En febrero de ese año, la fiscal Gabriela Boquin había denunciado que el Correo de los Macri y los representantes del Estado (de la administración de Mauricio Macri) en el expediente comercial, habían acordado el 28 de junio de 2016 un esquema de pago de la deuda de la empresa postal que implicaba perdonarle casi el 99 por ciento. Boquin dijo que el pacto era “ruinoso” y “abusivo”, y logró frenarlo. Fue entonces que el Estado dio marcha atrás e hizo una puesta en escena para exaltar que propiciaba un nuevo convenio. Cuando debía presentarse a la nueva convocatoria, pidió una prórroga de 120 días, ideal para que el Correo siguiera sin pagar. La prórroga en cuestión se estiró cada vez más con artilugios legales de por medio y recién esta semana se reunieron las partes, y la empresa volvió a llevar una oferta en la que es imposible hallar grandes diferencias respecto de la original. El proceso comercial para el pago deuda del Correo lleva ya 17 años de dilaciones. Hoy la deuda supera los 4 mil millones de pesos.
En años previos a 2016, el Estado había rechazado las propuestas de la empresa. Pero con la llegada de Macri a la presidencia la empresa controlada por firmas de su propia familia (Socma y Sideco) encontró el aliado perfecto. El acuerdo que finalmente fue retirado por el escándalo que implicó, preveía el pago de la deuda original, establecida en 296 millones de pesos, que se pagarían en 15 cuotas anuales, con una tasa de interés pasiva del 7 por ciento. A la vez, se iría pagando cada año una proporción diferente de la deuda, que iría en aumento, de modo tal que recién los últimos dos años se pagaría la mitad del total. Según la proyección de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal), la proyección hacia el año 2033, era que la deuda a condonar rondaría los 70 mil millones. En el escrito presentado esta semana, el actual titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y su patrocinante, Jaime Kleidermacher, anuncian: “la concursada mantiene su compromiso de pago ofrecido en la audiencia del 28 de junio de 2016 con una mejora en términos de plazo y monto”.
Cuáles son las supuestas mejoras
El Correo ofrece abonar las dos primeras cuotas en un único pago de 5,9 millones de pesos dentro los primeros 30 días. Alega que de ese modo, serán menos cuotas, aunque mantendrían el esquema anterior por el cual el último vencimiento es en 2033. Pero es un planteo engañoso, porque ya pasaron dos años desde la propuesta inicial, que valen por dos cuotas menos. Además, empezarían a pagar un año después de firmado el acuerdo, con suerte a fines de 2019.
Mantiene la tasa de interés del 7 por ciento, la misma que ya había postulado, y que no tiene relación con el actual contexto inflacionario ni tiene relación con las tasas que hay hoy en el mercardo. Hasta la tasa de un plazo fijo, que suele ser la más baja como referencia, es ostensiblemente superior, ya que ronda el 29 por ciento anual. Insisten en aplicar tasas pasivas, en lugar de activas.
El mayor cambio propuesto viene con trampa. El Correo reconoce un “pago adicional en concepto de interés sobre la deuda verificada”, que antes no admitía, de acuerdo a la tasa pasiva del Banco Central, desde la presentación en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada”. Según los cálculos de la empresa, serían 1784 millones de pesos. De todos modos dice que “sobre el cálculo de capital e intereses, se aplicará una quita del 30 por ciento”. Pero, además, supedita el pago en cuestión al triunfo en cuatro juicios contra el Estado donde reclama cifras, que superan los 3000 millones de pesos, por supuestos incumplimientos contractuales y por la propia estatización (que resolvió Néstor Kirchner cuando el Correo dejó de pagar el canon anual) y la transferencia de los activos a la empresa estatal Correo Oficial. La última demanda, que implica el mayor volumen de dinero, fue presentada por la empresa del Grupo Macri dos semanas antes del acuerdo objetado por la fiscal Boquin. Como informó este diario, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ya conocía con esa anticipación la oferta del Correo, que había motivado reuniones previas, dudosas, entre representantes de la firma y funcionarios. El fuero contencioso administrativo, donde tramitan estas causas, le inspira confianza al Gobierno. Si le va bien, el Correo también se compromete a no iniciar más causas contra el Estado.
En la audiencia estuvieron Cibils y Robirosa por el Correo; el subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, y el director de Asuntos Judiciales, Carlos Gustavo Pistarini, y la fiscal Boquin. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, le dieron un plazo de 45 días hábiles al Estado para que responda si acepta la “nueva” oferta del Correo. De acuerdo a dos decretos de transparencia que impulsó Mauricio Macri después que estallara el escándalo del Correo que lo dejó tan expuesto, la opinión estatal tendrá que incluir también dictámenes de: la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción (una estructura dedicada a resguardar a los funcionarios del actual gobierno y denunciar a los del anterior) y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya elaboró un informe donde evita opinar sobre el proceso concursal, pero advierte que el Estado no defendió sus intereses y cuestionó las demandas del Correo contra aquel. Ahora también es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro, de la que fue desplazado Carlos Balbín, por cuestionar en sus informes la actuación del Estado en favor del Correo. Ahora está a cargo Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio representó al Grupo Macri. En el acuerdo de 2016, apenas se presentó un ex funcionario del ex ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, con “instrucciones”, de sus superiores. En aquella ocasión, a la fiscal Boquin la dejaron afuera, pero presentó sus objeciones con posterioridad. Parece difícil, con su criterio inicial, que vaya a aceptar la propuesta de esta semana, pero eso está por verse.
Todavía está pendiente que avance una investigación sobre maniobras de vaciamiento del Correo Argentino en favor de sus controlantes, Socma y Sideco, que podrían revelar una suerte de fraude en el concurso de acreedores. Boquin hizo la denuncia, y desde entonces intentan correrla del caso, decisión que está pendiente en la Corte Suprema. También está pendiente de avances la causa penal por el acuerdo con el que se intentó beneficiar al Correo, que tiene al propio presidente Macri como imputado, en el juzgado de Ariel Lijo, y de la que fue desplazado sorpresivamente a Juan Pedro Zoni, que era el fiscal.
