La acusación de la Unidad Anticorrupción lo consideró “pieza central” en el grupo que habría defraudado al Estado en 18 millones de pesos mediante varias contrataciones fraudulentas para la urgencia. Los pedidos para los otros 11 imputados van de los 2 años y medio a los 5 años y 8 meses de prisión.
Según publica el diario Jornada, la Unidad Anticorrupción consideró a Diego Correa “pieza central” del fraude al Estado mediante contrataciones fraudulentas durante la Emergencia Climática en Chubut. Por eso en la acusación que ya elevaron a la espera de la audiencia preliminar, los fiscales pidieron no menos de 6 años de prisión, más inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Para Diego Lüters, “eslabón esencial en la estructura delictiva”, inhabilitación perpetua y no menos de 5 años y seis meses de prisión. Para el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, no menos de 5 años y ocho meses más la inhabilitación perpetua.
Para la exministro de Familia Leticia Huichaqueo, los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez pedirán la inhabilitación perpetua y no menos de 4 años de prisión. La pretensión es la misma que para Vanina Barale, exjefa de los depósitos de Familia.
En cuanto a Cristian Orsi, exresponsable de Compras, el pedido de pena no será inferior a los 2 años y 6 meses de prisión, más la inhabilitación perpetua.
Para la empresaria Marta Fracasso, dueña de “Blanquería Matices”, la solicitud será no menor a los 4 años de prisión. Para Franco Finiguerra, de “Mall Don Bosco”, 4 años y 6 meses de prisión.
En el caso de Bruno Taurelli Chiribao, de “La Agrícola”, la acusación contiene para él no menos de 4 años y 6 meses de prisión. Para César Hughes, de “Thor”, el pedido partirá de los 4 años de prisión. En cuanto a Guillermo Williams, también de “Thor”, la pretensión no será menor a 3 años y 6 meses de prisión. Finalmente, para Cecilia Sadaba, del kiosco “Emanuel”, Fiscalía solicitará 2 años y 6 meses.
A todos se les imputó defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Los funcionarios como coautores y los empresarios, como partícipes necesarios.
Los fiscales describieron a los episodios como “un ataque al erario público quebrantando los deberes que debían observar en el cuidado del mismo. Para lograr su finalidad delictiva pusieron en marcha un plan que significó llevar adelante reiteración de conducta delictiva”.
Al grupo de exfuncionarios lo describieron como “personas instruidas, con dilatada trayectoria y experiencia en el ámbito de la función pública”. Y al de empresarios “con una larga experiencia en el rubro comercial”. Sabían que delinquían y por eso el castigo penal debería ser mayor. La acusación considera que “el motivo fue la codicia, toda vez que los imputados no tenían ningún tipo de necesidad de llevar adelante los hechos enrostrados”. La reiteración de hechos hace que el caso se agrave.
“Los hechos se materializaron en violación de los deberes que debían observar, aprovechándose de los lugares estratégicos que ocupaban dentro de la estructura de poder estatal”, advirtieron los fiscales.
Los exfuncionarios se aprovecharon “de la situación dramática que estaban experimentando los chubutenses, en particular Comodoro Rivadavia”.
Según la descripción, se beneficiaron con los decretos de emergencia firmados por el exgobernador Mario Das Neves. “Siempre en busca de lucros indebidos fueron llevando adelante las maniobras tendientes a lograr beneficios personales”.
“La situación fue un caldo de cultivo que favoreció no sólo el desarrollo de conductas reñidas con la ley, sino y sobre todo con principios y valores fundamentales que están en la base de toda sociedad. Aprovecharse de una situación de desgracia que vivían conciudadanos chubutenses, simplemente para lograr beneficiarse económicamente, hacen que el reproche penal sea mucho más intenso”.
