Son tiempos turbulentos para la familia Eskenazi, socia de Repsol YPF. A su pelea con la Casa Rosada se le sumó ahora un inconveniente judicial: el juez federal Sergio Torres citó a indagatoria a Enrique Eskenazi y a su hijo Sebastián por una supuesta estafa al Estado.
Según pública el diario La Nación ambos deberán presentarse la semana próxima en los tribunales de Comodoro Py. Los acusan de haber entregado facturas falsas por un total de $ 5.999.320 para justificar gastos en obras públicas que construyó la firma Petersen, Thiele & Cruz, que preside Enrique Eskenazi y cuyo director general es su hijo Sebastián.
Estos comprobantes fueron emitidos, sostiene la investigación, por empresas fantasma que no podrían haberle prestado ningún servicio. Así lo indican informes oficiales incorporados al expediente. No obstante, las facturas se usaron para justificar parte de los gastos por supuestas subcontrataciones hechas por Petersen.
La semana pasada, fuentes del juzgado negaron a LA NACION cualquier vinculación entre esta citación y la embestida del Gobierno contra YPF. «Es una causa vieja que llega del fuero penal económico. Estábamos a la espera de medidas pendientes que se terminaron de cumplir en el verano», informaron. El 6 de marzo pasado, Torres había citado a los Eskenazi para que se presentaran el 14 y 15 de marzo, pero las defensas pidieron una prórroga y el juez dispuso que fueran indagados el miércoles y el jueves próximos.
Fuentes cercanas a los dos empresarios dijeron a LA NACION dijeron que por el momento ellos no harán declaración sobre el tema.
Las obras
Las obras en cuestión son la construcción de un tramo de la ruta nacional 3 en Buenos Aires (adjudicada a Petersen en mayo de 2005), la realización de dos puentes en Santa Cruz, también sobre la ruta 3 (contrato de enero de 2003), y la terminación del Centro Cívico de San Juan (acordada en 2005). En la primera obra, las facturas apócrifas suman $ 3.000.000; en la de los puentes de Santa Cruz, $ 2.700.000, y en la de San Juan, $ 120.000, informó un funcionario que intervino en el caso.
Esta causa es un desprendimiento del caso Skanska, investigación en la que se descubrió una usina de facturas falsas. La justicia federal puso su atención en ellas ante la sospecha -no demostrada hasta ahora en Tribunales- de que se usaban para justificar salida de dinero destinado al pago de sobornos a funcionarios. En el caso Skanska una grabación convalidaba la teoría de los sobornos, pero fue declarada nula.
En el caso Petersen, los investigadores constataron que las obras comprometidas efectivamente se realizaron (dato que favorece a los Eskenazi en su defensa de la acusación por estafa).
Deben determinar si existieron sobreprecios. Hasta el momento, consideran que eso no está acreditado. Un peritaje dice que en las obras de Santa Cruz hay una diferencia entre el precio de la oferta y el que estimaron los expertos que deberían costar las obras, que superan el 20% y el 42%, respectivamente (de $ 23 millones a $ 19,1 millones, en un caso, y de 18,9 millones a 13,3 millones, en el otro). En los casos de Buenos Aires y San Juan, en cambio, los valores son casi idénticos.
Una vez que se descubrió que las supuestas firmas subcontratadas por Petersen eran falsas, la empresa se presentó ante la AFIP, pagó la deuda fiscal y regularizó su situación, pero eso nada tiene que ver con el avance de la causa penal.
El expediente «Petersen, Thiele y Cruz SACM s/delito de acción pública» llegó al juzgado federal N° 9 en 2007 y ya lleva 10 cuerpos. Desde entonces, el tribunal se hizo de los documentos de las contrataciones, investigó a las firmas, ordenó un peritaje civil para ver si se hicieron todas las obras y se usaron los materiales acordados, y dispuso otro peritaje contable, encargado a contadores de la AFIP.
Las empresas cuyos comprobantes presentó Petersen son cuatro firmas que la AFIP tiene identificadas como proveedoras de facturas falsas en su base de datos APOC. En el peritaje, los expertos de la AFIP advirtieron sobre lo irregular de estas sociedades, pero hicieron una mención especial para liberar de responsabilidad a los agentes del Estado: dijeron que «no era responsabilidad» de ningún organismo público controlar a quién contrataba Petersen porque el contrato no preveía que se vigilaran esas subcontrataciones.
La denuncia
Interrogatorio. Enrique Eskenazi y su hijo Sebastián fueron citados a indagatoria el miércoles y el jueves en una causa en la que se investiga una supuesta estafa al Estado.
El delito. La causa es un desprendimiento del caso Skanska, y ambos están acusados de haber presentado facturas falsas por $ 5,9 millones para justificar gastos en obras públicas.
Las obras. Se trata de contrataciones para la construcción de un tramo de la ruta 3 en la provincia de Buenos Aires, dos puentes en Santa Cruz y la terminación de un centro cívico en el territorio de San Juan.
