El caso Juliá reveló deficiencias en la vigilancia de las bases aéreas. La PSA no dispone de presupuesto suficiente y la ANAC supervisa el 15% del territorio.
El escándalo del narcoavión que fue detenido en el aeropuerto El Prat, en Barcelona, con casi una tonelada de cocaína, volvió a poner al descubierto la vulnerabilidad del sistema de seguridad aeroportuario en el país. La mayoría de los aeropuertos no cuenta con un circuito cerrado de cámaras filmadoras, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) no cuenta con equipamiento ni los efectivos necesarios para controlar las principales estaciones aéreas y un grupo de empresas privadas se disputan el terreno donde gobierna el descontrol.
“Somos el Estado Nacional y no podemos permitir grietas en los controles”, enfatizó la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuando se reunió el 28 de enero pasado con 11 agencias que integran el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria. “No debemos ser benévolos con nadie”, agregó mientras clavaba su mirada sobre un sonrojado oficial de la Fuerza Aérea.
Precisamente el tema es crucial en los aeropuertos que controlan los militares: Tandil, San Justo, Paso de los Libres, El Palomar y Morón, precisamente donde se cargó el avión de los Juliá. Un indicador lo dio a PERFIL un oficial de alto rango con asiento en el Edificio Cóndor: “En ninguno de los aeródromos de la Fuerza Aérea, de uso exclusivo o compartido, se dispone de cámaras de seguridad”.
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