Esta mañana se realizó la audiencia de suspensión del juicio para los imputados Dario Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Consoli y Claudia Leonori. Se los acusa de corrupción, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público. Por su parte, Abel Reyna, quien fuera delegado zonal, será juzgado el 8 de febrero a las 9 hrs en un juicio abreviado.
El defensor de Dario Acosta, Francisco Miguel Romero, solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en virtud de su falta de antecedentes penales y en tanto que el concurso de cargos que se le imputan, falsedad ideológica en concurso ideal con exacciones ilegales y cohecho pasivo, tiene una pena mínima de 1 año de prisión. La pena será de cumplimiento condicional, sostuvo el defensor. Solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una Institución de bien público. También ofreció pagar el 20 % de su sueldo durante dos años, cuatro presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y observar las pautas de conducta establecidas en la Ley.
Seguidamente Esteban Mantecon, el defensor de Medina Consoli y Antimilla, acusadas por falsedad ideológica y cohecho pasivo, también sostuvo que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitando la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.
Por su parte el defensor de Leonori, Guillermo Iglesias, también solicitó la aplicación de la suspensión por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.
A continuación la querella requirió se acepte la propuesta de reparación de Acosta, pero se opuso a la de las restantes imputadas, Medina Consoli, Antimilla y Leonori, por considerar que las mismas no son suficientes, sugiriendo la de 300 horas de trabajo comunitario y el 20% de sus sueldos por un año.
La fiscal general, Camila Banfi, por su parte se refirió al cambio de jueces y criterios, como de adecuaciones de la plataforma fáctica, a lo largo de la tramitación de la causa. Desde el inicio la fiscalía jamás tuvo la intención de oponerse a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba ya que se cumplía con los criterios objetivos y subjetivos para los imputados, salvo para Abel Reyna. La discusión se planteó respecto de los bienes que los imputados debían dejar en favor del Estado, porque se encontraba una valla legal si permanecían en las viviendas que habían sido parte del pago de las maniobras efectuadas por Reyna, teniendo en cuanta que el resto de los imputados habían sido colaboradores y partícipes. En el marco de un sumario Administrativo iniciado por el IPV respecto de las personas imputadas en la presente audiencia se inicia a partir de una solicitud del Ministerio Público Fiscal con el objeto que el IPV recupere las viviendas. Este inicio de ejecución del recupero habilita a la fiscalía a prestar la conformidad de las suspensiones que han ofrecido cada uno de los imputados, afirmó Banfi.
