El diputado kirchnerista Héctor Recalde es un experto abogado laboralista que asesoró durante años a la CGT y ahora preside la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja. En diálogo con Páginal12 augura que las paritarias de este año “no aumentarán la conflictividad social” como sucedió en la última década. Asegura que los acuerdos con las policías provinciales son jurídicamente de “nulidad absoluta” y propone primero revisar el papel de las fuerzas de seguridad, resolver su responsabilidad en la “extorsión y sedición” contra el poder político antes de discutir su sindicalización. Insiste en que la reducción de la jornada laboral ayudará a combatir el desempleo, creando 200 mil nuevos puestos de trabajo, les apunta a los empresarios por el trabajo en negro y afirma que su proyecto de reparto de las ganancias empresarias entre sus trabajadores “es una de las metas que se trazó el Gobierno” para estos dos años.
–Las paritarias de este año amenazan con ser complicadas.
–Más allá de la alarma y los gritos, las paritarias van a concluir, y esto pasa ya desde hace mucho tiempo, con la misma escasa conflictividad que hubo en los últimos años. Tal vez el año pasado con un poco más de espectacularidad debido a las elecciones. Además, el dirigente sindical sabe que por más que reclame lo que la cámara empresaria no puede dar difícilmente lo obtenga y los empresarios saben hasta cuándo pueden acordar. Por supuesto, unos defienden la naturaleza alimentaria del salario y los otros, la rentabilidad.
–¿Los acuerdos salariales con las policías provinciales no le han puesto un listón muy alto al resto de los trabajadores, que pujarán por lo mismo?
–La sedición de algunas policías provinciales hace a los acuerdos nulos de nulidad absoluta por vicio de la voluntad. Por supuesto, esto es una conceptualización jurídica de lo que pasó, después cada gobernador hará lo que la realidad le permita hacer, pero yo estoy de acuerdo con aquellos gobernadores que están planteando una readecuación de los acuerdos. Hay que separar la paja del trigo: el reclamo salarial siempre es justo, acá lo que estamos cuestionando son los métodos, sobre todo tratándose de la policía. Ahora creo que ningún dirigente sindical pueda tomar en serio un aumento del 50 por ciento de la policía, como pasó en algunas provincias.
–¿Está de acuerdo con la sindicalización policial?
–Tengo posición tomada sobre esto, pero por un sentido de oportunidad me niego a discutirlo ahora, en este contexto. Primero tenemos que ver qué pasa con los organismos de seguridad, qué pasó, qué sucedió, las complicidades, las responsabilidades. La OIT dice expresamente que tiene que haber una ley especial para que haya canales de diálogo, aunque también pone limitaciones al ejercicio del derecho de huelga, como la extorsión, dejar en indefensión a las personas, la complicidad en los saqueos que hubo. Primero tenemos que ver esto antes de pasar a la sindicalización.
–En la discusión partitaria, sindicalistas y empresarios argumentan sus posturas a partir de la
inflación. ¿El acuerdo de precios que realizó el Gobierno con las empresas puede ayudar a la negociación?
–Vamos a ver cómo resulta, pero incorpora como novedoso el análisis de la cadena de valor y contempla una tasa de rentabilidad razonable. Nadie pide que una empresa que tiene como finalidad el lucro sea una sociedad de beneficencia, pero en el mundo una renta anual es el 6 por ciento. Por eso a las empresas que tienen una capacidad monopólica en el acero y aluminio, algunos oligopolios en la leche y aceite, hay que pedirles razonabilidad. Acá juntaron a todos los sujetos que intervienen en esa cadena y me parece importante la participación popular. Lógicamente, puede haber desfases y habrá que revisar cotidianamente. La intención es que no haya un aumento injustificado de precios en la defensa de la canasta alimentaria.
–El trabajo informal también se ha estancado…
–Hay un estancamiento en el 34 por ciento, no en el 40, como dicen algunos, pero que igual es alto. Hay un compromiso del Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, que apunta a bajar el trabajo en negro y es una preocupación fundamental, porque tiene que ver con la inclusión social. Pero la principal responsabilidad de tener un trabajador en negro es del empleador, que al mismo tiempo es un evasor. Se quejan de la “presión tributaria”, pero no se fijan en los empresarios que compiten deslealmente tendiendo trabajadores en negro.
–¿Y el desempleo?
–No estamos tan mal en desempleo, es del 6,2. Pero también hay que tratar de distribuir el trabajo que ya existe, reduciendo la semana laboral de 48 a 45 horas, un poquito, y se repartirían empleos existentes incorporando a 200 mil trabajadores. La responsabilidad social empresaria no puede ser la amenaza del desempleo, como ya pasa, para tratar de disminuir el reclamo de los trabajadores. La semana laboral en Francia es de 35 horas, en Alemania de 39, en España 40 y en Brasil de 44.
–¿Qué pasó con su proyecto de reparto de ganancias empresarias?
–Es uno de los proyectos entre las 250 metas que fijo el Gobierno. En su momento, la Presidenta hizo una observación dándoles prioridad a las negociaciones colectivas y ahí lo reformulé, diciendo que una vez aprobada la ley en la primera ronda de negociaciones colectivas se discuta cómo los trabajadores participan de las ganancias empresarias, porque es un derecho constitucional. Darles una chance a los actores sociales para que ellos lo definan. La observación me pareció oportuna porque nadie conoce mejor la realidad de cada sector que los trabajadores y empresarios
